Una empresa murciana de cítricos se lleva la mayor multa en España por saltarse la ley de contratos

La firma, fundada hace más de 40 años y que exporta limones y naranjas a Europa y otros continentes, aparece en el último boletín de empresas multadas por la Agencia de Información y Control Alimentarios, organismo que depende de la cartera que dirige el ministro Luis Planas. Las cuatro sanciones, firmes en vía administrativa aunque pueden ser recurridas en los juzgados, se deben a la no formalización por escrito de los contratos con los proveedores (138.000 euros); no incluir el precio pagado al productor en el contrato (18.000 euros); por resistirse, obstruir, excusar o negarse a las actuaciones de la Administración (18.000 euros) y por el incumplimiento de los plazos de pago (1.800 euros).

Pocas empresas en estos últimos dos años han llegado a recibir sanciones tan elevadas o acumular hasta cuatro infracciones por saltarse dicha legislación. La Ley de la Cadena Alimentaria se reformuló en 2021 para combatir la venta a pérdidas de agricultores y ganaderos en España y, por el momento, Agricultura ha resuelto expedientes sancionadores a 30 empresas de la Región de Murcia. El importe económico acumulado con todas las multas establecidas por el Ministerio se queda cerca de los 300.000 euros. Esta redacción trató ayer de obtener la versión de la empresa murciana de cítricos, sin éxito.

Otros casos recientes

Junto con Limones Lázaro, Agricultura también ha impuesto otras sanciones a mercantiles de la Región. Destaca la situación de la compañía bodeguera jumillana García Carrión, que ya acumula varios expedientes de la agencia de control de los contratos en España. Las dos últimas multas se fijaron por no incorporar en el acuerdo comercial el precio estipulado de compra al productor (con una cuantía de 3.000 euros) y por realizar modificaciones del precio incluido en el contrato que no están expresamente pactadas por las partes, una infracción que conllevaría el pago de más de 9.000 euros.

El Ministerio también expedientó a la empresa Citriverduras (El Raal, Murcia) y la conservera Filiberto Martínez, que comercializa la marca ‘La Calasparreña’. En el primer caso, la mercantil tampoco reflejó en un contrato el precio acordado (3.000 euros de multa) y, en el segundo, por incumplir los plazos de pago, lo que conllevó una penalización de 13.800 euros.

La mayoría de empresas murcianas sancionadas por Agricultura son comercializadoras y exportadoras de frutas y verduras y que tienen su sede en distintos municipios de la Región. También se han dado varios casos de compañías dedicadas a la venta de vino, pero también a la producción de carne o quesos.

El Ministerio ha detectado por primera vez, a raíz de estas últimas sanciones, casos en los que ha existido unas «actuaciones [por parte de las empresas] tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de la Administración en relación con el cumplimiento de sus obligaciones», según reza la normativa estatal. En concreto, la ley se refiere a situaciones en las que no se han facilitado documentos, libros o registros de contabilidad; no se han presentado los contratos en el momento de la inspección; no se ha atendido a los requerimientos de la agencia; ha existido una incomparecencia de los responsables de la empresa o se ha negado o impedido la entrada a la sede de la compañía para su inspección.