El campo de la cirugía y la medicina estética mueve millones de euros y, al calor del negocio, el sector se ha convertido en una jungla en la que no parece haber reglas. Al menos, no las suficientes. Lo sabe bien la familia de Sara … Gómez, la joven de Alcantarilla que falleció en 2022 después de pasar por un quirófano del Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena, donde un cirujano cardiovascular le realizó una desastrosa liposucción que la destrozó por dentro. También fueron operadas en este mismo centro dos mujeres que han acudido a la Justicia para denunciar las secuelas que les dejó su paso por el quirófano. Presuntamente, las intervino una médica venezolana sin título homologado.
Estos hechos se conocieron a principios de semana, el mismo día en que la Guardia Civil informaba de la desarticulación de una red que habría importado toxina botulínica y otras sustancias de Corea del Sur sin pasar controles sanitarios. Una de las clínicas a las que llegaron estos productos se encuentra en Murcia.
La Sociedad Murciana de Cirugía Plástica y la Asociación Murciana de Medicina Estética coinciden en denunciar la «impunidad» con que se producen este tipo de irregularidades en la Región de Murcia. «Estamos hartos de advertir de estas situaciones. Aquí hay más permisividad que en otras comunidades: estamos una y otra vez ante las mismas historias, en las mismas clínicas, y nadie hace nada», estalla Francisco Pedreño, presidente de los cirujanos plásticos. «Murcia se ha convertido en un caldo de cultivo del intrusismo, con un aumento exponencial de casos», apunta Virtudes Ruiz, presidenta de la Asociación de Medicina Estética. Esta organización recibió el año pasado 22 denuncias sobre «intrusos que se anuncian en redes sin ningún pudor, realizando tratamientos y actos propiamente médicos sin serlo». Pero estas quejas no pudieron sustanciarse ante la Administración o el Colegio de Médicos «porque detrás de cada una de estas personas intrusas que actúan libremente y sin impunidad, siempre hay un médico que firma». Virtudes Ruiz carga contra estos «profesionales irresponsables» y advierte de que se trata de una «práctica habitual».
La Región de Murcia carece de una normativa propia que ponga orden en este campo, lamenta la Asociación Murciana de Medicina Estética. Virtudes Ruiz reclama a la Consejería de Salud que siga los pasos de Andalucía, que recientemente aprobó una reglamentación.
«Garantizar la seguridad»
«Los que realizamos medicina estética de calidad venimos pidiendo una regulación tanto al Ministerio como a la Comunidad. Entendemos que se garantizaría más seguridad al usuario», señala Ruiz. Pero las sociedades profesionales también reclaman una mayor implicación al Colegio de Médicos y a los propios centros sanitarios.
«Las clínicas y hospitales deben exigir la titulación a quien va a operar en sus instalaciones. Yo llevo cuarenta años trabajando en un centro, y cada cierto tiempo me solicitan que actualice mi documentación», explica Francisco Pedreño. Pero no solo basta con pedir la titulación. «Hay gente que solicita un quirófano, pero luego quien interviene es otra persona», advierte.
Esto sería, supuestamente, lo que habría ocurrido en el caso que investiga un juzgado de Cartagena, y en el que de nuevo se ve salpicado el Hospital Virgen de la Caridad: una médica sin título homologado habría operado al menos a dos pacientes pese a que en los documentos figura la firma de otro cirujano.
«Lo que no se puede es alquilar un quirófano como si fuese un salón de celebraciones», lamenta Sergio Marco, abogado de estas dos mujeres. Hay, además, otros profesionales que participan en una intervención quirúrgica, desde anestesistas a enfermeros. Si callan, son cómplices de la irregularidad, advierte Marco. De acuerdo a la investigación abierta, el anestesista que participó en las operaciones a estas dos pacientes sería el mismo que asistió a Sara Gómez. La familia de la joven de Alcantarilla ya inició acciones judiciales contra él.
Una portavoz del Virgen de La Caridad subraya la «máxima colaboración» del centro «con la investigación de estas intervenciones, que fueron realizadas por personas ajenas al hospital tras alquilar las instalaciones». «En este caso, como es habitual, se cumplieron todos los protocolos internos establecidos», subraya esta fuente. «El caso se encuentra judicializado y preferimos esperar a la resolución judicial», concluye.
«El sistema está fallando»
El presidente del Colegio de Médicos, Francisco Miralles, admite que «el sistema está fallando», aunque rechaza las quejas por inacción. «Este Colegio ha pedido que se regule esta actividad, y de hecho hemos trasladado a la Consejería la normativa de Andalucía», explica Miralles.
La institución no ofrece datos sobre inspecciones o actuaciones realizadas frente a posibles irregularidades. «La mayor parte de los problemas derivados de intervenciones o actos médico-estéticos proceden de profesionales no habilitados para el ejercicio profesional de la Medicina (esteticistas, otros profesionales no capacitados, personas sin título homologado para ejercer en España), intrusos, en definitiva, lo que escapa a la competencia disciplinaria del Colegio sobre ellos», explica este organismo. «No obstante, el Colegio, dentro de sus fines y funciones, siempre que tiene conocimiento por denuncias de terceros e, incluso actuando de oficio, denuncia ante la Fiscalía y ante la Consejería de Salud cuantas infracciones conoce en esta materia para que se adopten las medidas oportunas», añade la institución, sin concretar cuántas actuaciones de este tipo ha llevado a cabo.
Por su parte, la Consejería de Salud explica que durante 2022 y 2023 se realizaron 50 inspecciones en centros de medicina o cirugía estética, y señala que «todos los centros se inspeccionan antes de su apertura para poder entrar en el registro de establecimientos sanitarios, y la inspección se repite a los cinco años».
De la aún pendiente ‘Ley Sara’ al intrusismo
La cirugía plástica y la llamada medicina estética son dos campos diferentes, aunque uno de los problema existentes es la confusión a la hora de establecer la frontera entre una y otra área. La cirugía se lleva a cabo en el quirófano, y uno de los principales debates es el de la especialización. Tras la muerte de Sara Gómez, su familia impulsó una normativa para que solo los especialistas en Cirugía Plástica puedan realizar estas intervenciones. El Ministerio de Sanidad aprobó una Orden en esta dirección, que fue sin embargo tumbada por la Audiencia Nacional. La Justicia entendió que la fórmula legal elegida no era la adecuada. El Ministerio ha reiniciado el proceso para sacar adelante la ‘Ley Sara’, esta vez a través de un Real Decreto.
La Sociedad Murciana de Cirugía Plástica apoyó esta reforma legal, que es rechazada por otros cirujanos no especialistas en Plástica que a día de hoy siguen realizando intervenciones estéticas, como liposucciones.
El nuevo caso que ahora se investiga en Cartagena, y que afecta a dos pacientes supuestamente víctimas de mala praxis, es distinto: se investiga a una médica sin título homologado en España.
Los tratamientos no quirúrgicos entrarían en lo que comúnmente se conoce como medicina estética, un campo poco regulado y abonado al intrusismo. La Sociedad Española de Medicina Estética asegura que el 65% de los procedimientos estéticos son realizados por profesionales no cualificados. Un 20% de las intervenciones tienen lugar en instalaciones no autorizadas: centros de estética, peluquerías o domicilios privados.
La Asociación Murciana de Medicina Estética reclama una formación reglada que permita a los médicos especializarse en este campo. La Consejería de Salud explica que está trabajando «para definir los requisitos» que se exigirán «para reconocer esta actividad como un área de capacitación específica».
La Asociación de Medicina Estética exige en sus estatutos formación específica y ejercer en centros autorizados. Pero «solo el 10% de médicos que realizan medicina estética en nuestra provincia son miembros de pleno derecho de nuestra asociación», aclara su presidenta, Virtudes Ruiz.
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Enlace de origen : La jungla de la cirugía estética en la Región de Murcia: los profesionales denuncian «permisividad» y falta de controles
