El retraso en los reglamentos dificulta la aplicación plena de las leyes regionales

Aunque pasa a nivel nacional y en otras autonomías, la Región es un ejemplo de normas a medio gas. La Asamblea ha vivido un auténtico frenesí regulador desde 2011, con 140 leyes aprobadas en las últimas cuatro legislaturas. Las de la IX (2015-2019), la primera sin mayorías absolutas, destacaron por su carácter social. Sin embargo, casi todas se encuentran con el mismo problema a la hora de su despliegue, que es la tardanza del Gobierno regional en la aprobación de reglamentos, creación de órganos o elaboración de planes específicos. Todo ello, pese a que en el propio texto de las normas se suele marcar un periodo de tiempo concreto para hacerlo que rara vez se llega a cumplir.

Se pueden poner varios ejemplos. La ley de Servicios Sociales salió adelante en el año 2021 y daba al Gobierno regional «un máximo de un año» para aprobar un plan y un mapa de servicios sociales, así como una carta de derechos y deberes de los usuarios. Nada de ello está vigente. Aunque la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad reporta avances en la tramitación administrativa de estos tres instrumentos, será complicado que se aprueben antes de julio, por lo que se incumpliría la disposición final tercera que señala que «todo el proceso de desarrollo reglamentario previsto en esta ley ha de quedar concluido en el plazo máximo de cuatro años».

Observatorios tardíos

Esta misma consejería, con anteriores titulares, tardó cinco años en crear el Observatorio contemplado en la ley LGTBI de 2016, y trece se hizo esperar el Observatorio de la Igualdad, pese a que la norma de 2007 establecía que debía estar constituido, como muy tarde, en un año. De la ley LGTBI, nada se sabe de la obligación de elaborar un plan integral interdepartamental sobre educación y diversidad. Sí se han hecho protocolos para la atención de personas ‘trans’ en la sanidad pública, aunque el colectivo No Te Prives alega que «no son conocidos» por los profesionales.

Dos frutos de la prolífica IX Legislatura fueron las leyes autonómicas de Accesibilidad Universal (2017) y de Patrimonio Arbóreo (2016), aprobadas ambas en su momento por unanimidad.

Respecto a la primera, fijaba un plazo máximo de seis meses para tener listo el reglamento necesario para su desarrollo. Este se ha aprobado por parte de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, pero en septiembre de 2024, siete años después de lo legalmente marcado. Y no entrará en vigor hasta marzo. A partir de ese momento, se tienen que realizar planes municipales y regionales para la eliminación de barreras arquitectónicas, para lo que se da un plazo de cinco años a ayuntamientos y Comunidad, y de diez años para la adaptación física de los espacios en edificios públicos e infraestructuras de transporte. Este reciente decreto también recoge la creación del Observatorio y del Consejo Regional de la Accesibilidad, cuya creación incluía la norma aprobada hace ocho años.

«Complicada ejecución»

Mención especial merece la Ley de Patrimonio Arbóreo. Fue una iniciativa capitaneada en 2016 por el entonces presidente Pedro Antonio Sánchez. El PP de la Región se presentaba como el abanderado de la protección de la naturaleza, con el objetivo de blindar para siempre los árboles más singulares de la Región.

Una vez más, el Ejecutivo regional incumplió los plazos para el desarrollo reglamentario. La ley daba 24 meses, pero a día de hoy no existe ningún reglamento. La Consejería de Medio Ambiente sometió un borrador de decreto a consulta pública en abril de 2024, pero está en ‘standby’.

La memoria justificativa del señalado proyecto de decreto reconocía que «la ausencia del desarrollo reglamentario expresamente previsto en la Ley 14/2016, de 7 de noviembre, dificulta sustancialmente el ejercicio cotidiano de las funciones técnicas y administrativas que el texto legislativo encomienda a la Consejería competente en materia de medio ambiente, haciendo muy complicada su ejecución práctica». Y sigue la memoria: «En ausencia de la definición del método de cálculo del ‘coeficiente de monumentalidad’ (contemplado en el artículo 5 de la Ley), no ha sido posible la declaración por la Comunidad de árboles o arboledas, monumentales o singulares, a través de la modalidad expresa o específica». La Consejería matiza que la ley incluye un catálogo de 250 árboles protegidos por el diámetro de su tronco.

Otra norma de corte medioambiental fue la ley de Senderos Naturales, aprobada en 2019. No se ha constituido la Comisión Mixta de Senderos Señalizados (el mandato era crearla en seis meses) ni se ha regulado todo los relativo a la señalización y compatibilidad de los caminos.

Del mismo año es la ley de Música, cuyo reglamento tampoco está vigente. Cultura justifica que se están revisando los cambios introducidos por la ‘ley Celaá’ en la enseñanza musical.