Junts acelera su giro ideológico. La formación de Puigdemont nació en 2020. Quiso marcar tantas distancias con la extinta Convergència que renegó incluso de su … perfil de centroderecha. El regreso hacia esa posición está en marcha. En los últimos meses, los junteros han reforzado su perfil más conservador (por ejemplo, votando no al impuesto a las energéticas), tumbando junto a PP y Vox la tramitación de la ley para poner freno al abuso del alquiler de temporada o proponiendo una ley antiokupas en el Parlament.
Mientras la cúpula de Junts asegura que no forma parte de ningún bloque ideológico y que no tiene complejos de votar junto a PP y Vox, se fotografía codo con codo con la dirección de Repsol o de la patronal Cecot. La formación nacionalista saca además pecho por estar «liderando» en el Congreso una ley sobre multirreincidencia que endurezca las penas. «Hay que acabar con la impunidad, el que la hace la paga», afirmó ayer su secretario general, Jordi Turull, en Lleida. Inmigración y seguridad serán dos de los platos fuertes del partido en su intento de armar una alternativa a Salvador Illa para regresar al poder en Cataluña.
Inmigración, encallado
Hace dos años, alcaldes del Maresme cargaron las tintas contra los inmigrantes, a los que atribuyeron oleadas de delitos y reclamaron un cambio normativo. Los junteros sienten la presión electoral del independentismo de ultraderecha de Aliança Catalana y han endurecido su discurso.
El eje de este giro a la derecha, mientras da apoyo externo a un Gobierno del PSOE y de Sumar, pivota en torno al traspaso «integral» de las competencias de inmigración a la Generalitat. Es la clave de bóveda del discurso de los de Puigdemont, que reclaman para el Govern capacidad para poder expulsar inmigrantes. Turull aseguró ayer que las negociaciones no van bien, porque no se ha alcanzado un acuerdo. Hace un año que buscan un pacto. El secretario general priorizó un buen arreglo, que dote al Govern de esas competencias integrales que reclaman, que uno inminente, que para el Gobierno supondría desencallar la legislatura y paralizar el debate sobre la cuestión de confianza. Junts, en cambio, quiere apretar al máximo a los socialistas, consciente del valor de sus siete diputados.
Tras la tramitación de la petición de la cuestión de confianza, Puigdemont levantó la suspensión de las negociaciones sectoriales. Entre ellas la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Junts, en sintonía con los empresarios y las patronales, se opone. Turull reiteró ayer su advertencia a la ministra de Trabajo y anunció que su partido votará no si se niega a mover una coma del anteproyecto de ley.
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