«El Ministerio Fiscal ha actuado, actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometido exclusivamente al imperio de la ley». Esta … ha sido la promesa formal de Álvaro García Ortiz esta tarde durante la primera comparecencia en el parlamentarismo español de un fiscal general imputado en un proceso penal. García Ortiz está convocado hoy en la Comisión de Justicia del Senado, dirigida con mayoría absoluta por el PP, para presentar la memoria anual de la Fiscalía correspondiente al año 2023. Lo que en cualquier otro escenario sería un mero trámite institucional, tiene todos los visos de convertirse hoy en una batalla sin cuartel entre los populares y el máximo responsable del Ministerio Público, al que los de Alberto Núñez Feijóo consideran un «ministro más de Sánchez» y al que incluso han denunciado, sin éxito, ante el Supremo por supuesta prevaricación en el ascenso de su antecesora y amiga, Dolores Delgado.
García Ortiz, que durante el inicio de su comparecencia se ha limitado a leer el resumen de la memoria sin hacer referencia expresa alguna a su delicada situación procesal, llevaba aplazando esta comparecencia alegando motivos de agenda desde que en diciembre la presidenta de la comisión, la popular Yolanda Ibarrola, le exigiera rendir cuentas ante la Cámara alta. El fiscal general -que fue encausado en octubre por revelación de secretos por su supuesta participación en las maniobras de marzo de 2024 para filtrar el correo en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía dos delitos fiscales de su cliente a cambio de un pacto con el Ministerio Público -esperaba que la situación fuera amainando antes de intervenir en el Senado. Sin embargo, el procedimiento abierto en el Supremo ha ido ‘in crescendo’, hasta el punto de que la comisión se va a celebrar en el punto álgido del procedimiento.
De hecho, el fiscal general se va a enfrentar al escrutinio de los senadores apenas unas horas después de que el juez del caso, Ángel Luis Hurtado, pusiera el foco por vez primera en estos cuatro meses de investigación en La Moncloa, al citar a declarar como testigos a Pilar Sánchez Acera -jefa de Gabinete del entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López, y en estos momentos mano derecha del hoy ministro al frente del PSOE en Madrid- y al que fue secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, hasta su dimisión en diciembre pasado.
La comparecencia de García Ortiz llega, por añadidura, solo una semana después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil certificara por escrito en un informe que el fiscal general del Estado borró datos de su móvil «hasta dos veces» el pasado 16 de octubre, el mismo día en que el Tribunal Supremo decidió abrirle la causa por revelación de secretos, además de haber cancelado la cuenta de Gmail a la que sus subordinados le rebotaron el correo electrónico del letrado de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, provocando con ello, además, el borrado total de su ‘nube’ de almacenamiento digital en Google. Y todo ello al margen de que cambió de móvil el 23 de octubre, una semana después de que el alto tribunal lo encausara y siete días antes de que la UCO allanara su despacho.
La sombra de la sospecha
La sombra de la sospecha de que el fiscal general del Estado está obstruyendo la investigación se ha ido agrandando no solo en el marco político del Senado, sino también en el propio Supremo. Y ello a pesar de que el imputado, durante su declaración del 29 de enero, justificó el borrado de datos afirmando que lo hace con «absolutamente todo» de «una manera regular» debido a «una imposición legal», con mención a un reglamento europeo, la Ley de Protección de Datos y una instrucción interna de la propia Fiscalía.
De hecho, este mismo lunes el juez Hurtado pidió a la UCO nuevas diligencias sobre el borrado del móvil, como la relación de ocasiones desde junio de 2023 en que Álvaro García Ortiz haya cambiado de dispositivo; la entrega de las terminales por desuso desde el día de la filtración; e información «sobre si los anteriores dispositivos móviles entregados han sido formateados y, en caso afirmativo identidad de la persona que haya procedido al formateo de los dispositivos móviles, fecha en la que dichos formateos se hayan producido, y ‘software’ utilizado para efectuar el formateo».
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Enlace de origen : El PP ataca con todo al fiscal general en el Senado: «Usted tiene un comportamiento propio de un delincuente»
