El PP se ha lanzado de lleno a por el voto del campo, un nicho que se disputa con Vox, en un momento clave para … miles de agricultores, ganaderos, productores y exportadores, a tenor de una concatenación de factores marcada por las amenazas arancelarias de EE UU, el exceso de regulación de la UE que lastra su economía (como afirma Mario Draghi), el impacto de las políticas verdes, la seguridad alimentaria, y una legislación laboral y fiscal que el sector considera asfixiante. En este contexto, el PP quiere capitalizar el descontento y malestar del campo, aprovechando, sostiene, que el partido de Abascal se encuentra en un aprieto para conjugar su afinidad con la política de Trump y su defensa del sector primario español. Núñez Feijóo apuesta por la amistad con EE UU, pero rechaza los aranceles. Ayer desembarcó en Murcia para presentar su nueva ley de fiscalidad agraria, que fue en general bien recibida por los representantes del sector agroalimentario.
Muchos señalaron al terminar el encuentro que las propuestas y medidas de rebajas fiscales recogen las principales reivindicaciones del sector en esta materia, incluida la falta de mano de obra especializada, el problema del relevo generacional, los seguros agrarios, los costes de producción y la tarifa eléctrica, entre otros. Amén del rechazo a la desorbitada burocracia europea. El agua quedó en un segundo plano, puesto que ayer tocaba hablar de fiscalidad, según los populares, cuya posición al respecto se resume en un nuevo plan nacional del agua.
El presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats), Lucas Jiménez, reclamó al líder del PP medidas «pactadas y realistas» a propósito de dicho plan, ya que la historia enseña que cualquier legislación sobre agua sin consenso político y territorial está destinada al fracaso o a la confrontación permanente.
A corto plazo, los regantes quieren que el PP «eche una mano» a nivel nacional a favor del Trasvase Tajo-Segura y contra el cierre de acuíferos a partir del año 2027. Un encargo tan difícil como el primero, ya que toda norma que se aprueba sobre el acueducto es prácticamente irreversible, como es el recorte progresivo y en vigor de las transferencias.
La coincidencia en las agendas quiso que después de exponer los problemas de agua a Nuñez Feijóo, los directivos del Scrats viajaran a Madrid para reunirse con la directora general del Agua para abordar el plan de desalación en la cuenca del Segura, teniendo como telón de fondo las nuevas reglas de explotación del Trasvase que el Ministerio oculta en extremo. A fin de cuentas, es el Gobierno central de turno el que siempre tiene la sartén por el mango para repartir el agua.
Es la tercera ocasión en la que Feijóo se reúne en la Región con el sector agroalimentario para escuchar sus demandas, sabiendo que es un colectivo estratégico y que mueve decenas de miles de votos en las urnas; los mismos por lo que pugna Vox, ahora en un escenario global extremadamente cambiante e imprevisible. Incluida Ucrania.
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