Anticorrupción no se ha creído la declaración de inocencia de José Luis Ábalos este jueves en el Supremo, pese a la vehemencia del exministro en … defender durante sus 40 minutos de intervención que no cobró un solo euro en mordidas de la trama de Víctor de Aldama y que tampoco se benefició de ningún favor de esa red corrupta. La Fiscalía, tras escuchar al exdirigente socialista, ha pedido como medidas cautelares la retirada del pasaporte y que el juez Leopoldo Puente fije la obligación de que el imputado comparezca quincenalmente ante el juzgado. El magistrado en estos momentos redacta el auto en el que decidirá si acoge el criterio del fiscal.
José Luis Ábalos se encuentra ya en el Supremo, pero esta vez, a diferencia de su declaración voluntaria del pasado 12 de diciembre, ha sido citado como imputado por el juez Leopoldo Puente tras conseguir el suplicatorio del Congreso de los Diputados. El exministro, que ha llegado sonriente y acompañado de sus abogados a la sede judicial a las 9:30 horas de la mañana de este jueves, vuelve al alto tribunal precisamente cuando se cumple un año desde que el 21 de febrero de 2024 la Guardia Civil desatara la denominada ‘operación Delorme’, más conocida desde su inicio como ‘caso Koldo’, con la detención del exasesor de Ábalos, Koldo García, como el más destacado personaje de entre la veintena de arrestados. Por aquel entonces, Víctor de Aldama era un actor aparentemente secundario.
Un entonces desconocido empresario, cuyas andanzas certificadas por la Unidad Central Operativa (UCO) y acusaciones como ‘supuesto’ arrepentido contra miembros del Gobierno y del PSOE, han dado una nueva dimensión a este caso, que nadie sabe si seguir denominando’ Koldo’, ‘Ábalos’ o ‘Aldama’ y que ya supera en mucho -en muchísimo- el origen de toda esta investigación: el pelotazo de 54 millones de euros de Soluciones de Gestión, la firma de De Aldama, por la adjudicación de nueve contratos públicos con tres ministerios –Interior, Sanidad y Transportes–, y de dos comunidades gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) –Canarias y Baleares– para la venta de material sanitario durante la pandemia.
Pero José Luis Ábalos, ajeno a la envergadura y los nuevos derroteros por los que discurre este ya esta macroinvestigación (que un año después se ventila en tres sumarios diferentes en dos tribunales distintos) no ha variado un ápice su estrategia de negar contra viento y marea haberse beneficiado de la trama corrupta que dirigía Víctor de Aldama, quien asegura, aunque sin pruebas, que entregó entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones que fueron a parar al propio Ábalos, Koldo García y el Partido Socialista.
Dos meses y pico después de su último paso por el alto tribunal, el exsecretario de Organización del PSOE sigue manteniendo, en público y en privado, que los indicios que le señalan no son nada. Así va seguir desmintiendo que la trama le hubiera pagado el alquiler a su novia de un ático de lujo en la Plaza de España de Madrid o un chalé vacacional con opción de compra en La Alcaidesa, en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción. O haber aceptado que el empresario le vendiera un piso igualmente de lujo en el Paseo de la Castellana de Madrid a un precio muy inferior al del mercado como garantía de futuras coimas.
Pero las cosas no son idénticas que en diciembre para Ábalos. El juez Leopoldo Puente ahora tiene luz verde para investigar sin cortapisas al ministro y ha encargado a la UCO una investigación pormenorizada del patrimonio y las cuentas del exministro y su familia.
El caso ha evolucionado efectivamente desde diciembre, pero sobre todo no tiene nada que ver con la causa de febrero de 2024 cuando la detención de Koldo García puso el foco en un Ábalos que decía sentirse sorprendido por las supuestas tropelías de su hombre de confianza. Desde que el 21 de noviembre del pasado año Víctor de Aldama quedara en libertad por un acuerdo con Anticorrupción, el goteo de acusaciones contra Ábalos y miembros del Ejecutivo y del PSOE ha sido constante, aunque las pruebas de la gran mayoría de esas imputaciones siguen sin llegar.
Macroinvestigación
El ‘caso Koldo/Ábalos/Aldama’ ahora es una hidra con múltiples cabezas, mucho más allá de las mascarillas. Una de esas nuevas cabezas que no existía en febrero de 2024–y de la que más pruebas existen- tiene repercusiones en la política internacional. Y es que Víctor de Aldama, según han revelado sus conversaciones intervenidas con la app de mensajería encriptada Threema, desde al menos 2019 mantenía una estrechísima relación personal con la mismísima mano derecha de Nicolás Maduro. Y De Aldama asegura que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con su ayuda, estuvo determinado a saltarse el veto de la UE para hacer entrar en España a Delcy Rodríguez. Incluso para alojarla en un chalet de lujo en Madrid en enero de 2020.
El avance de la investigación sobre De Aldama (quien además aparece en el vértice de una operativa que logró defraudar en solo dos años no menos de 182 millones de euros a Hacienda con una red de empresas de hidrocarburos) ha revelado asimismo como el empresario llegó a tener a sueldo a uno de los principales responsables de los servicios antiterroristas de la Guardia Civil sin que saltaran las alarmas internas.
La investigación de la UCO también ha descubierto que De Aldama fue mediador con el Gobierno cuando Air Europa le encomendó en septiembre de 2019 la tarea de intermediar para cobrar 200 millones de dólares retenidos por el Gobierno de Nicolás Maduro. Hasta el nombre de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, ha aparecido en este caso pues el empresario llegó a reunirse en varias ocasiones con ella coincidiendo con el rescate de la aerolínea por parte del Gobierno con un desembolso de 475 millones.
En las últimas semanas las acusaciones de Víctor de Aldama incluso han salpicado a otros aforados. El conseguidor asegura que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le pidió 50.000 euros como mordida por la adjudicación de mascarillas en Canarias o que participó en encuentros con «señoritas», algo que Torres ha desmentido con pruebas. Sus imputaciones también han ido contra Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero, al que Víctor de Aldama acusa de haberse embolsado 25.000 euros por aplazar el pago de impuestos, o contra el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al que afirma que entregó 15.000 euros como pago de una coima por una adjudicación en Euskadi, alentando la tesis de una supuesta financiación irregular del Partido Socialista. Esa supuesta caja B, de la que tampoco hay pruebas, es la última cabeza de esta hidra que ha crecido de manera desmesurada durante el último año.
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Enlace de origen : Anticorrupción pide la retirada del pasaporte a Ábalos y comparecencias ante el juzgado
