El Colegio de Abogados denuncia presiones del fiscal general para olvidarse de la filtración del novio de Ayuso

Ribón, que hoy compareció ante el juez Ángel Luis Hurtado, instructor en el alto tribunal de la causa que se sigue contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, aseguró que Ortega y él fueron convocados personalmente por el fiscal general a un reunión el 15 de marzo de 2024 (un día después de la publicación en los medios del famoso mail de letrado de Alberto González Amador y de la nota de prensa oficial de la Fiscalía desmintiendo el acuerdo de conformidad), a la que también acudieron los otros dos imputados en esta causa: la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal Diego Villafañe, amén de otras dos personas que dijo no recordar.

En ese encuentro –explicó el testigo- la cúpula fiscal reprochó a los responsables de la ICAM y de la CGAE que hubieran emitido un comunicado criticando la nota de prensa de la Fiscalía en la que denunciaron que se había vulnerado el secreto de las comunicaciones y que se había atentado contra el derecho de defensa del novio de Ayuso. Los responsables de la acusación pública también «instaron» a Ribón y Ortega a firmar un «documento» en el que las dos organizaciones reconocieran que el Ministerio Público «no había socavado ningún principio esencial del derecho» con esa nota en la que se revelaban detalles de la negociación y en la que se diera por zanjado el asunto. Sin embargo, los responsables de ambas instituciones se negaron en redondo a suscribir ese acuerdo que, en realidad, les hubiera cerrado las puertas a convertirse en acusación, como ahora lo son en el proceso abierto en el Supremo.

Según detalló este viernes Ribón, en aquella reunión, en el que hablaron casi exclusivamente García Ortiz, Rodríguez y Villafañe, éstos se mostraron casi obsesionados en justificar que el día anterior se hubiera emitido una nota de prensa con los detalles de las negociaciones que la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid por la necesidad de «desmentir el bulo» que, supuestamente, estaba expandiendo el entorno de Ayuso de que la Fiscalía había dado orden de vetar un acuerdo de conformidad con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, los tres defendieron la legalidad de ese desmentid, dado que se trataba de tema de relevancia pública dado el perfil del afectado y su relación sentimental con la jefa del Gobierno autonómico.

Solo el comunicado

Ribón en su comparecencia en el Supremo reconoció que en un principio el Colegio de Abogado expresó su preocupación exclusivamente por la nota de prensa que ordenó confeccionar García Ortiz (que al final no está siendo investigada por el Supremo) y no por la filtración del mail del letrado de González Amador al fiscal del caso, Julián Salto, que es el objeto real de la causa actual contra el fiscal general. Un correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Ayuso reconocía la comisión de dos delitos fiscales por parte de su cliente

Según fuentes presentes en el interrogatorio de este viernes, la sesión fue especialmente bronca y plagada de protestas por el enfrentamiento abierto entre los abogados del Estado que defienden a los tres fiscales encausados, por un lado, y el testigo y el instructor Hurtado, por otro. El juez en varias ocasiones tuvo que declarar improcedentes las preguntas de los defensores al tiempo que les llamaba la atención.