Jueves, 27 de febrero 2025, 09:36
El Pleno exigió al Gobierno central que ingrese en las arcas municipales cartageneras 11,8 millones de euros en concepto de entregas a cuenta. El equipo de gobierno de Noelia Arroyo denunció que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), prometió en junio del año pasado nuevos ingresos y que, a día de hoy, no se han recibido. Esta falta de financación, según el Ejecutivo local, mantiene los presupuestos municipales en una situación delicada e inestable. La moción abanderada por el portavoz ‘popular’ y edil de Hacienda, Ignacio Jáudenes, salió este jueves adelante con los votos a favor de PP, Vox, MC y de la edil no adscrita María Dolores Ruiz. Por contra, recibió el rechazo del PSOE y la abstención de la exalcaldesa Ana Belén Castejón (Sí Cartagena).
Jáudenes denunció que el Ejecutivo local fabricó las actuales cuentas con la suficiente antelación para que empezasen a ejecutarse con el inicio del nuevo año y que los ingresos se calcularon teniendo en cuenta esa subida de las aportaciones del Estado anunciadas por la ministra Montero. Finalmente el rechazo de PP y Vox al paquete de decretos elevados a votación en el Congreso por el Gobierno de Pedro Sánchez acabó por tumbar esos ingresos extra. Los ‘populares’ a nivel nacional justificaron que el denominado decreto ómnibus incluía otras cuestiones diferentes con las que no estaban de acuerdo, entre ellas la cesión de la sede del instituto Cervantes en París al PNV. También la revaloración de las pensiones o las ayudas al transporte.
Jáudenes achacó la falta de ingresos en las administraciones locales a una estrategia política del PSOE en Madrid para «asfixiar» a los ayuntamientos, mayoritariamente gobernados por el PP desde las pasadas elecciones de mayo de 2023. «Sánchez ha sisado 12 millones a los cartageneros», denunció el portavoz de los ‘populares’ cartageneros, que exigió a Moncloa la transferencia inmediata de 11,8 millones que no han llegado, dijo, «fruto de la inoperancia e incapacidad del Gobierno».
El edil socialista Pedro Contreras, lejos de referirse a la situación política en Madrid, optó por cargar frontalmente contra la política presupuestaria del PP en Cartagena. Aseguró que los ‘populares’ «tienen endeudada a la ciudad en 80 millones», que han subido los impuestos municipales y que han perdonado «3,6 millones a empresas que ganan miles de millones en beneficios», en referencia a un descuento legal del impuesto de obras al que se acogió Repsol tras hacer su planta de biocombustibles. Acto seguido, justificó que el Gobierno central no puede ingresar ese dinero porque ello debe ir legalmente precedido de la aprobación de un realdecreto o de los Presupuestos Generales del Estado. «Lo que están pidiendo es que Sánchez les haga un bizum», ironizó el socialista.
El edil de Vox Gonzalo López Pretel valoró que su grupo a nivel nacional no podía votar a favor del decreto ómnibus y calificó de «castigo» que el Gobierno, en una votación posterior, eliminara del paquete de reales decretos el incremento de las entregas a cuenta a ayuntamientos.
El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, por su parte, señaló que no le sorprende que el Gobierno central falte a su palabra «como tampoco el Gobierno regional», apostilló. El edil señaló que el voto de los suyos iba a ser afirmativo porque su grupo no iba a permitir que, por culpa de la Administración central, el Ayuntamiento de Cartagena tenga que pedir otro préstamo para cuadrar sus cuentas. «No queremos más descuadres».
Respecto a cuentas pendientes con La Moncloa, la votación de esta moción del PP vino precedida de otra de MC. La misma fue aprobada por unanimidad y solicitaba precisamente que las administraciones superiores a la local asuman aquellas competencias que, sin corresponder estas al Ayuntamiento de Cartagena, se vienen prestando por parte del Consistorio y con cargo al presupuesto municipal, es decir, las denominadas «impropias».
Estudio «riguroso»
El portavoz de la formación cartagenerista, Jesús Giménez Gallo, solicitó en ese sentido que el equipo de gobierno municipal haga un estudio «riguroso» del coste que el Ayuntamiento asume por prestar servicios que son competencia de terceras administraciones. Según señaló Giménez Gallo, en la pasada década, ese coste extra que asume el Ayuntamiento ascendía a una cantidad estimada de 12 millones de euros que, con la actualización al alza de los presupuestos municipales, seguramente se haya acrecentado. Fuentes municipales consultadas por este periódico sitúan la cifra en aproximadamente 14 millones.
Como culpable de la situación, MC se centró en señalar al Gobierno regional, al que criticó por faltas de mantenimiento en carreteras o en centros de salud que acaban subsanados por los servicios municipales. El principal partido de la oposición ejemplificó también esa asunción de materias que no corresponden a la Administración local en la situación actual del CATE. La instalación, que gestiona el Estado, es vigilada por agentes de la Policía Nacional y, según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la dotación para la vigilancia de este recurso está restando patrullas en las calles cartageneras y está provocando demoras en la atención de avisos relacionados con la seguridad ciudadana. Algo que, añadió Giménez Gallo, también hace que «la Policía Local tenga que atender cuestiones que no le corresponden».
En su contestación, Ignacio Jáudenes mostró la disposición de su grupo a votar a favor de la moción de MC, pero solicitó a la formación cartagenerista la inclusión en la reclamación de una mención explícita al Gobierno de España. Petición que fue aceptada sin mayor problema por Giménez Gallo.
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Choque entre PP y MC en el debate de la condena al diputado Egío por hablar del «tiro al fachón»
Las declaraciones del diputado de Podemos Víctor Egío sobre el «tiro al fachón» en la Asamblea Regional provocaron la situación más tensa de la sesión plenaria de este jueves. La alcaldesa, Noelia Arroyo, decidió parar el pleno y convocar una Junta de Portavoces después de que MC asegurara que el Pleno había condenado la supuesta agresión al primer teniente de alcalde, Diego Salinas (Vox) «tras ofrecer un pacto de gobierno a MC», apostilló la formación cartagenerista.
Fue la secretaria municipal quien, a instancias de Arroyo, intervino para aclarar que el acuerdo que se había alcanzado por todos los partidos no era ese, sino otro distinto. La alocución de la habilitada nacional derivó en una encendida discusión entre Arroyo y el portavoz y secretario general de MC, Jesús Giménez Gallo, que acabó con la suspensión temporal de la sesión. Para la alcaldesa, Giménez Gallo estaba tratando de «falsear» un acuerdo plenario.
Los portavoces, pese al encontronazo, decidieron retomar el pleno a las 16.30. El parón, el segundo tras otro dispuesto a media mañana, coincidió con el mediodía, lo que brindó la ocasión a los ediles de poder salir a comer.
La escena se produjo cuando los grupos recién acababan de votar una moción presentada por el concejal portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, y se disponían ya a tratar otros asuntos. La propuesta de Pretel solicitaba al pleno una condena a las palabras del diputado de Podemos en la Asamblea Regional.
En un primer instante, MC propuso incluir una enmienda de adición para condenar también la supuesta agresión a Diego Salinas y el PSOE, por su lado, pidió incluir también una condena genérica a todo tipo de manifestación violenta contra una persona con motivo de su ideología y con especial mención a colectivos vulnerables y al LGTBI. Este añadido de los socialistas al texto original de Vox fue lo que finalmente se aprobó por unanimidad.
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