Obras contra inundaciones: un atasco de más de 20 años

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) permanece estancada en inversiones que no ven la luz. Su oficina técnica tiene elaborados los proyectos desde hace tiempo, pero no despegan, por lo que hasta ha sido incapaz de adjudicar la construcción de una docena de grandes presas de laminación, diques y estructuras de contención en las zonas más vulnerables, suficientemente identificadas en Lorca y el Guadalentín, Mar Menor y Campo de Cartagena, y la margen derecha de la vega media.

A esto se suma el colector de aguas pluviales de la zona norte de Murcia. La obra está declarada de interés general del Estado, el proyecto está redactado y presupuestado en 90 millones, y además tiene la DIA aprobada. El alcalde José Ballesta volvió a exigir al Estado que lo ejecute con urgencia. «Murcia no puede estar mirando al cielo con temor cada vez que se pone gris», declaró a causa de otro episodio de lluvias torrenciales del pasado verano.

Hace un mes, el presidente de la CHS, Mario Urrea, anunció un paquete de obras contra inundaciones y erradicación de cañas por 130 millones, cuyas primeras actuaciones se realizarán en las ramblas de Molina de Segura, San Javier y Los Alcázares, así como en la Sierra Minera. Explicó que dispone de fondos ‘Next Generation’ y de la Dirección General del Agua del Ministerio que se movilizarían de inmediato. Explicó Urrea que dos proyectos han precisado una tramitación ambiental muy compleja que ha alargado los plazos. «No nos vamos a engañar, hay unas protecciones ambientales importantes; queremos ir de la mano con la Comunidad para establecer las medidas compensatorias y correctoras para que la declaración ambiental sea favorable», señaló.

¿Y el resto? Urrea comentó que el actual ciclo de planificación hidrológica solo contempla licitar antes de 2027 la presa de la rambla de Tabala, el encauzamiento de la de Biznaga y la presa de laminación de Béjar, pero no las de Nogalte y la Torrecilla. Teniendo en cuenta los antecedentes, ¿podrá cumplir la CHS con este calendario? Indicó Urrea que ya intentaron tramitar estos proyectos pero se encontraron con el ‘no’ de los órganos ambientales del Gobierno regional y del Ministerio. Es similar a lo ocurrido con la conexión de las desaladoras, que está bloqueada por los requerimientos medioambientales de los gobiernos de Murcia y de la Comunidad Valenciana.

Lo cierto es que los diques y presas de laminación que deben evitar los graves daños que causan las riadas en la comarca del Guadalentín siguen bloqueados después de muchos años de promesas por parte del Ministerio, la CHS y Acuamed. Algunos de estos proyectos, como las presas de las ramblas de las Moreras y de Nogalte, en Mazarrón y Puerto Lumbreras, duermen en los despachos desde hace más de veinte años, algunos del siglo pasado, pese a que fueron presupuestados por el Estado.

Meses después de que Urrea tomara posesión de su cargo en 2018, comentó que se trataba de proyectos antiguos que habían sufrido altibajos, y que se proponía impulsarlos aunque advirtió de que las obras no se construirían hasta dentro de cinco años, en referencia a las presas de Béjar, Torrecilla y Nogalte, pero se veía con las manos atadas por la falta de fondos del Ministerio para acometer las inversiones.

El presidente de Acuamed, que tiene a su cargo las presas de Lébor y Las Moreras, manifestó entonces que ambos proyectos seguían en cartera, aunque advirtió de que el trabajo para sacarlos adelante «será largo y amplio; llevará su tiempo». La presa de Las Moreras tendría un efecto añadido: almacenar agua para los regantes de Mazarrón, lo cual reivindican estos desde hace lustros.

¿Hasta qué punto los requisitos medioambientales prevalecen sobre el objetivo para evitar daños humanos y económicos? El Plan de Cuenca del Segura indica que los encauzamientos y presas para laminar las riadas se realizarán con estudios previos que justifiquen su necesidad y siempre que haya un consenso generalizado de todos los sectores implicados, habida cuenta de su «elevado impacto ambiental y coste económico y social». Las medidas de prevención y protección frente a las inundaciones representan el 27% del coste de las inversiones en la cuenca. Suman 876 millones frente a un total de 3.162 millones.

En septiembre de 2020, coincidiendo con el primer aniversario de la dana que asoló la Región, la Consejería de Fomento promovió un documento estratégico elaborado por un panel de expertos para fortalecer las defensas a corto y medio plazo con 22 obras y actuaciones contra las inundaciones, muchas en el listado de la CHS. Para hacer frente a las lluvias torrenciales, un fenómeno en aumento, el panel apostó por acometer infraestructuras previstas desde hace años y pendientes de ejecución, como la construcción de presas, obras de encauzamiento y laminación y sistemas de drenaje; además de actuaciones sobre la corteza vegetal, el fomento de las buenas prácticas agrícolas y una adecuada disciplina urbanística, esencial para evacuar las aguas y la reducir el impacto de las avenidas. El equipo multidisciplinar estaba formado por representantes de la Comisión Europea, Aemet, Instituto Euromediterráneo del Agua, universidad, Federación de Constructores, Colegio de Ingenieros de Caminos; Comunidad Autónoma y Seguridad Ciudadana y Emergencias. La CHS asistió a las primeras reuniones. De aquel documento poco más se supo hasta cuatro años después.

En noviembre, días después de la trágica dana de Valencia, el Gobierno regional y el Colegio de Ingenieros de Caminos apremiaron a la CHS para que ejecute las infraestructuras necesarias. El presidente López Miras y el decano del colegio, Alejandro Lázaro, sacaron a relucir aquel informe de expertos de 2020 para reclamar una docena de obras prioritarias recogidas en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones de la CHS. ¿A qué esperan las administraciones para actuar? El primer plan general de defensa contra las avenidas de 1987, de la época de Felipe González, fue un éxito, mientras que este, continuación de aquel, naufraga en los despachos.