Jueves, 6 de marzo 2025, 01:00
Ni la lluvia caída sobre Cabo de Palos ni las alegaciones de los afectados impidieron este miércoles a funcionarios de la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia realizar el acto de apeo en un tramo de 300 metros de la playa de Levante afectado por los nuevos deslindes lanzados por ese organismo público para fijar el dominio público, en un trámite administrativo que afecta a una veintena de fincas y quince viviendas levantadas hace décadas en ese lugar.
Un portavoz de la Delegación del Gobierno confirmó que los funcionarios acudieron en el día previsto para cumplir con el trámite oficial de delimitar con exactitud sobre el terreno las propiedades afectadas o sobre las que existen dudas. La Asociación de Afectados por la Ley de Costas de Cabo de Palos envió el lunes distintos escritos a la Demarcación, a la Dirección General de la Costa y el Mar, a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia y al Defensor del Pueblo pidiendo el aplazamiento de dicho trámite. El motivo es que el plazo para presentar alegaciones finalizó tan solo unas horas antes.
«Con un solo día de tiempo, los funcionarios de la Demarcación no han podido leerse las alegaciones presentadas por los afectados para defenderse de expropiaciones y derribos, ni tampoco las del Ayuntamiento de Cartagena y de la Comunidad Autónoma, que buscan defender la legalidad de las viviendas y la integridad de la Costa», indicaron desde la asociación de afectados.
Para estos se produce una situación de indefensión, ya que la Demarcación de Costas «prepara durante años y con todos los recursos del Estado» sus actos administrativos. Y, sin embargo, los afectados «sólo disponen de un mes para elaborar su defensa jurídica y técnica», expresaron en las cartas dirigidas a las instituciones oficiales. Añadieron, tratando de aplazar el apeo, que se iba a realizar a pesar de que las malas previsiones meteorológicas impidieron los desplazamientos de afectados que residen en otras comunidades autónomas, como Valencia, Cataluña y Andalucía.
El expediente de deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre (DPMT) afecta a un tramo de costa de 300 metros de longitud de la playa de Levante. Se trata de los terrenos ubicados entre el mojón Este del deslinde de 1958 y el vértice M-1 del deslinde de 1962. Concretamente entre el final del paseo marítimo, en la calle Punta Galera, y la calle Laminarias.
Los propietarios afectados quieren que Costas respete sus derechos, pues sostienen que los terrenos que ocupan en la playa de Levante fueron adquiridos al Estado en 1867, que, a su vez, los compró en 1852 al Ayuntamiento de Cartagena.
Sin embargo, en cada deslinde, Costas recuerda que este proceso para fijar el dominio público terrestre en el litoral no significa que las edificaciones que pueda incluir tengan un origen ilegal, sino que se hicieron en épocas con menor sensibilidad medioambiental y con otra legislación. Por eso, indicaron fuentes oficiales, se reconocen los derechos y se recompensa a los propietarios que en su momento no infringieron ninguna normativa. Pero el Estado trata de recuperar espacios de costa ocupados por edificaciones y parcelas que considera fuera de ordenación.
El Ayuntamiento de Cartagena y la Consejería de Fomento presentaron alegaciones contra el deslinde al considerar que no está justificada dicha intervención. Entre otras cuestiones, en sus alegaciones indican que es improcedente porque la mayoría de los terrenos afectados han perdido sus condiciones originales, en referencia a sus características naturales de playa, acantilado o zona de servidumbre de tránsito. Además, la servidumbre de protección que plantea el deslinde supondría también que otras viviendas de la localidad resultaran afectadas por procesos similares.
El portavoz de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel, dijo este miércoles que «el Gobierno usurpará viviendas y parcelas de vecinos que son sus propietarios legales desde hace décadas».
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Enlace de origen : Costas mide las casas afectadas por el deslinde en Cabo de Palos
