El acoso, la precariedad y la desigualdad dañan la salud de las migrantes del campo

Este estudio, financiado por el Instituto de Salud Carlos III, se realizó en las provincias de Murcia, Almería, Huelva y Lérida a través de entrevistas a 92 profesionales del ámbito sanitario, los servicios sociales, las fuerzas sindicales y las ONG que brindan atención a temporeros extranjeros con el fin de realizar un análisis cualitativo del impacto que sus condiciones laborales y de vida tienen sobre la salud. En este sentido, los investigadores destacan cómo la intersección de factores de vulnerabilidad como la migración, la situación social y el género exponen a estas mujeres a situaciones de abuso y de precariedad laboral «en mayor medida de las que ya padecen los hombres», y que les causan daño físico y mental.

Dolores, ansiedad, depresión

Las consecuencias que se describen en el estudio como más repetidas son dolencias musculares y articulares, en lo que respecta al apartado físico, mientras que a nivel de salud mental se registran cuadros de ansiedad, estrés y depresión.

«Se ven diferencias en las actividades agrícolas entre hombres y mujeres», señala María del Mar Pastor, la investigadora de la facultad de Enfermería de la UMU encargada de las entrevistas en la Región de Murcia. «Mientras que los hombres se suelen dedicar más al trabajo en el campo, de fuerza física o de manejo de maquinara, las mujeres, aunque también hay temporeras, es más común que estén en los almacenes, con las funciones que se consideran más delicadas», afirma.

En concreto, ellas trabajan más como empaquetadoras, clasificadoras y manipuladoras de productos agrícolas, tareas en las que los profesionales entrevistados destacan un sometimiento a largas y extenuantes jornadas laborales, que pueden llegar a ser de hasta 16 horas, con trabajos repetitivos, supervisión constante y falta de descansos. «En ocasiones incluso los supervisores les indican que no hablen, lo que fomenta también que no se genere una red de apoyo entre ellas», añade Pastor. Además, estas mujeres reciben a menudo salarios más bajos que los hombres, a pesar de trabajar más horas, según apunta el informe.

Los investigadores también constataron diferencias en las condiciones que se dan en las provincias del sur y el norte del país. «En el sur, se producen más situaciones de temporalidad y contratación irregular. Aquí, en la Región de Murcia se busca en muchas ocasiones directamente a mujeres marroquíes a las que se ofrecen en mayor medida trabajos irregulares que hace que estén más expuestas», asegura.

Las mujeres migrantes relataron a los profesionales entrevistados acoso verbal por parte de los supervisores para aumentar el rendimiento y ambientes de trabajo hostiles. Las que cuentan con trabajos temporales y se encuentran en situación irregular aparecen, además, como especialmente vulnerables a situaciones de abuso sexual. Los relatos describen la exigencia de encargados de fincas de favores sexuales a cambio contratos de trabajo, y acoso aprovechando las condiciones de hacinamiento en los almacenes.

El miedo a las represalias, la dependencia económica de sus empleadores y su situación migratoria son factores que impiden que denuncien, según describe la investigación. Además, su falta de recursos legales, las barreras idiomáticas y la percepción de impunidad de los perpetradores también contribuyen a alimentar un entorno de riesgo.

Control económico

Por otra parte, las relaciones de pareja pueden agravar la situación, ya que algunas mujeres necesitan la aprobación o el permiso de sus parejas para trabajar, y en algunos casos, solo pueden hacerlo si sus parejas tienen problemas de documentación o de salud. En muchos de estos casos, el dinero que ganan es administrado por el hombre.

«Además se recogen muchos casos de doble jornada laboral –subraya la investigadora de la UMU–, porque incluso cuando su propia pareja también es trabajadora en el campo, estas mujeres llegan a casa y les toca cuidar de los niños y ocuparse de las tareas domésticas».

El estudio sugiere varias medidas que las políticas públicas deberían abordar para proteger a estas mujeres, entre las que destacan las encaminadas a garantizar salarios justos, empleos estables y entornos de trabajo seguros; la protección de la explotación y la violencia a través de mecanismos legales para denunciar abusos de manera más segura y accesible; facilitar la regularización de la situación migratoria de las trabajadoras; asegurar el acceso a servicios de salud y crear redes de apoyo dentro de las comunidades migrantes, sindicatos y asociaciones de mujeres.