Así funcionan los narcos en España: kalashnikov, clanes albaneses y sumergibles

Es el nuevo ecosistema del narco, que es más violento y utiliza rutas y estrategias inéditas. Han cambiado los actores, el precio de la droga, los métodos y hasta el mapa de las ‘zonas calientes’, que se han desplazado de la Costa del Sol, el Campo de Gibraltar o incluso Galicia a los ríos que desembocan en Cádiz, Huelva y el sur de Portugal. Las narcolanchas se pasean hasta por Sevilla capital gracias a la conocida como ‘autopista del Guadalquivir’.

El consumidor final ni lo habrá notado, porque el gramo en la calle se mantiene en España en una media de 60 euros. pero el precio de la cocaína se ha desplomado. En las dos últimas décadas, el kilo se había situado en torno a los 30.000 euros, con picos de hasta 36.000. En Andalucía, por ejemplo, ha bajado a 15.000.

El último informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con datos de 2022, ya reflejaba que la superficie de Colombia -principal exportador mundial- destinada a cultivar hoja de coca había crecido un 10% -253.000 hectáreas en total-, mientras que la producción se había incrementado hasta un 53% en apenas doce meses. Los agentes están convencidos de que en 2023 y 2024 ha ido a más. La ONU también advierte de que la ingesta de esta droga ha crecido un 20% en la última década. Sólo en 2022 cinco millones de residentes en Europa admitieron haber tomado cocaína, una cifra superada sólo por Estados Unidos.

Hay tres factores que explican el cambio del ecosistema en Colombia. El primero, el tratado de paz de 2016 entre las FARC y el Gobierno tras medio siglo de conflicto armado, lo que supuso que el negocio dejara de estar en manos de la organización guerrillera, diversificó la oferta e incorporó a múltiples actores, entre ellos los propios campesinos, amenazados para que sólo sembraran hoja de coca.

Las ayudas del Gobierno de Gustavo Petro tampoco sirvieron para disuadir a los agricultores, ya que las subvenciones no han logrado competir con lo que les pagan los narcos. A eso hay que unir la pandemia, en la que los campesinos, pese a las restricciones, mantuvieron sus tres cosechas anuales, lo que supuso un excedente de producción en ‘stock’ que aún inunda el mercado.

Pero el factor clave ha venido de la mano de los ecologistas. El Ejecutivo ha suspendido las fumigaciones aéreas con glifosato al considerar que es un herbicida cancerígeno que contamina tierras y ecosistemas. Las avionetas eran la única forma posible de hacerlo llegar a las plantaciones de coca por la orografía del terreno, en plena selva amazónica.

Un agente antidroga que trabaja en estrecho contacto con la policía colombiana aprecia un cambio de discurso con la llegada de Petro al poder: «El mensaje pasó a ser que el problema no era la hoja, que el campesino sólo era un pobre trabajador explotado por las mafias que venden la cocaína, que no son autóctonas, sino de Europa y Estados Unidos». El resultado es que la ‘dama blanca’ ha inundado un mercado que usa las mismas reglas que las de la economía: a más oferta, menor precio. Los expertos aseguran que el kilo varía incluso dentro del mismo país según la región y, sobre todo, la latitud. En los últimos tiempos, el sur ha ganado peso sobre el norte. En Galicia, por ejemplo, el kilo puede llegar a los 24.000 euros.

El sur, coinciden las fuentes consultadas, se ha «desmadrado». Aunque la droga sigue entrando por Galicia, los expertos han percibido un descenso de la actividad en esa región y un «preocupante» aumento en Andalucía. En los últimos alijos, los agentes han confirmado lo que antes era una sospecha: «Los narcos saben que las rutas del hachís son seguras, así que las usan para la cocaína».

Aunque se mantienen los métodos tradicionales, como los contenedores, el nuevo sistema detectado por las Fuerzas de Seguridad elimina el riesgo de los puertos y el paso por las aduanas y multiplica la cantidad de sustancia que se puede mover, al contrario de lo que ocurría con los veleros, con capacidad más limitada. Ahora, envían toneladas de producto en mercantes con los que se citan en un punto concreto para alijar a 1.200 millas de la costa. Hasta allí se desplazan las narcolanchas, ‘gomas’ semirrígidas de potentes motores habituales en el hachís, para cargar la mercancía y colocarla en la Península a través de algún río.

«Es más seguro que un velero, porque una lancha rápida a mil millas de la costa es más difícil de interceptar, para empezar porque nosotros -dice un agente- no vamos a poder mantener la persecución por falta de combustible». Además, si en un velero antes cargaban 1.600 kilos de coca, en una narcolancha de 14 metros pueden llevar más de 2.000 en un viaje», apunta.

El uso de las rutas del hachís no sólo ha cambiado los métodos, sino también las zonas y el ecosistema. Los alijos se han multiplicado en las desembocaduras de los ríos en Cádiz, Huelva y el sur de Portugal, y llegan hasta Sevilla, donde en un mes se han incautado 10 toneladas de coca. En las últimas operaciones policiales, los investigadores han observado desembarcos de droga vigilados por encapuchados armados con subfusiles de asalto, como el AK-47 o Kalashnikov, algo impensable en el hachís, cuyo precio ha bajado aún más que el de la cocaína, pasando de 6.000 euros el kilo a 1.600.

El cambio de estrategia en la distribución mundial de la cocaína no es casual. El control del producto en origen, que se atomizó tras el acuerdo de paz con las FARC, permitió la entrada de nuevos actores para repartirse el pastel. Pero la inteligencia policial señala con insistencia a uno de ellos como el principal: los clanes albaneses dominan el mercado y han impuesto sus leyes.

Un mando de las Fuerzas de Seguridad con experiencia en la lucha contra el narco admite que las organizaciones procedentes del país balcánico han logrado controlar la distribución en origen de la cocaína, pero también en los destinos, como ocurre en España, donde cada vez hay más grupos locales a su servicio.

El plan de los albaneses consiste, básicamente, en aprovechar la superproducción de hoja de coca para multiplicar los alijos, aunque sea a costa del precio. «Saben que nuestra capacidad de intercepción es limitada -la coca incautada en todo el mundo se mantiene en 2.000 toneladas anuales-, por lo que la estrategia es sencilla: cada vez más envíos con mayores cantidades de droga. Si triplico los alijos, aunque baje el precio, el volumen de cocaína que llega es mucho mayor, así que aumenta el beneficio. Y al disminuir el precio, si les intervenimos la mercancía, atenúan las pérdidas».

La pregunta lógica es por qué las organizaciones de un país como Albania, de 2,7 millones de habitantes (menos que Madrid, que ronda los 3,5) y de 28.000 kilómetros cuadrados de superficie (más pequeño que Cataluña, con 32.000) han conquistado un mercado millonario y férreo como el de la cocaína. Quizá una clave pueda estar en las informaciones que a finales del siglo XX lo consideraban proporcionalmente el país más armado del mundo por sus índices de violencia. O que hace una década se convirtiera en uno de los principales productores de marihuana al aire libre. O que la renta per cápita sea de 8.500 euros, una de las más bajas del viejo continente.

Los agentes antidroga coinciden en la habilidad de los albaneses para aprender idiomas y en lograr pasaportes con dobles nacionalidades, lo que les ha permitido moverse por el mundo e instalarse en los puntos clave de Sudamérica y Centroamérica, donde ya hay importantes comunidades de albaneses que desembarcaron para desarrollar una actividad empresarial. Idéntico esquema que el de los migrantes irlandeses o italianos el siglo pasado en Norteamérica. «Es para estar muy preocupados», continúa uno de los agentes. «No somos conscientes del riesgo que puede desencadenar la falta de control de este modelo de mercado y del papel de los albaneses».

2018 fue clave en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho. En julio, el Gobierno puso en marcha el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que supuso un refuerzo de medios materiales y humanos para estrangular la actividad de los clanes del hachís. Y sólo tres meses después aprobó el real decreto que prohibió las embarcaciones tipo RHIB, más conocidas como ‘gomas’ o narcolanchas, semirrígidas de 12 o 14 metros de eslora provistas de potentes motores fueraborda capaces de alcanzar más de 140 kilómetros por hora.

El real decreto se presentó como un instrumento eficaz para complicar la vida a los traficantes, que ya no podían sacar las embarcaciones por las playas y guardarlas en almacenes cerca de la costa. Desde entonces, las narcolanchas se botan una única vez. Cuando entran en el mar, ya no salen. El único puerto que conocen son los ‘narcoembarcaderos’ flotantes que ellas mismas forman en mitad del Mediterráneo, en aguas internacionales, abarloadas unas a otras, esperando un aviso que les indique el punto de carga y el de descarga. Terminado el alijo, vuelven a alta mar.

Lo que nadie imaginaba entonces es que aquella piedra en el zapato del narco iba a alumbrar otro negocio tan rentable como poco castigado, ya que ni siquiera es delito: el ‘petaqueo’. Así es como se ha bautizado en Andalucía la actividad que consiste en suministrar combustible a las ‘gomas’ que llevan a cabo los alijos, como si se tratara de surtidores portátiles de gasolina.

Los ‘petaqueros’ empezaron usando pequeñas lanchas de fibra destinadas a la pesca deportiva, que no llamaban la atención. Pero su limitada capacidad de carga las ha relegado. Ahora utilizan narcolanchas. Un agente explica el sistema: «Una ‘goma’ recién fabricada puede costar unos 60.000 euros. Cuando es nueva, se emplea para transportar cocaína. Cuando ya ha hecho varios viajes, se considera amortizada y se pasa al hachís. Y cuando es vieja se destina al ‘petaqueo’».

El litro de combustible multiplica por diez su valor puesto en el mar. Una garrafa de 25 litros de gasolina puede costar 400 o 500 euros en el agua. Una narcolancha puede transportar 2.000 o 3.000 litros, es decir, más de 60.000 euros en una noche, en un porte. Y si la Policía los intercepta ni los detiene porque no es delito. Es una infracción administrativa castigada con una multa, que no suelen pagar porque la mayoría se declara insolvente.

Sólo en los tres primeros años del plan especial, justo tras prohibir las narcolanchas, las Fuerzas de Seguridad se encontraron con un nuevo efecto de decomiso. Intervinieron casi 600.000 litros de combustible en playas o en persecuciones. Los ministerios de Interior y Justicia han creado una mesa de trabajo para abordar este asunto, mientras que el Congreso de los Diputados aprobó en noviembre una proposición no de ley para convertir el ‘petaqueo’ en delito, con multas y penas de seis meses a cinco años de prisión.

Entre tanto, el negocio ha llegado a ser tan rentable que los especialistas en la lucha contra el tráfico de estupefacientes han observado una curiosa dinámica entre los clanes, auspiciada también por la irrupción de la cocaína en el Estrecho: algunas bandas que antes movían hachís y que se habían debilitado golpeadas por las operaciones policiales se han pasado al negocio del combustible. En cambio, las más fuertes, impulsadas por su éxito en el hachís, han saltado a la ‘dama blanca’.

El tópico de que el narco se combate por tierra, mar y aire se ha quedado corto. Los traficantes, que invierten en I+D, buscan bajo la superficie nuevas rutas para introducir la droga. Las Fuerzas de Seguridad muestran su preocupación por la nueva amenaza que suponen los ‘narcosubmarinos’, pero también por el primer ‘narcotúnel’ encontrado en España, que comunicaba Ceuta y Marruecos. Nadie puede descartar que haya más. «En 2019 detectamos el primer semisumergible y pensamos que era algo excepcional, pero cada día tenemos más alertas -media docena de avisos al mes- de ‘narcosubmarinos’ que salen de Sudamérica rumbo a la Península», reconoce uno de los especialistas entrevistados.

Los nuevos ‘narcosubmarinos’ vienen preparados para ser hundidos en caso de intercepción. «Cuando se dan cuenta de que los hemos descubierto, abren las válvulas para que el semisumergible se vaya al fondo del océano con la droga». Los agentes han observado que estos submarinos de fabricación casera tienen cada vez más capacidad de carga -hasta 5.000 kilos de cocaína- y son más potentes y seguros, hasta el punto de que han empezado a realizar viajes de ida y vuelta (antes los hundían al llegar a la Península) y están siendo reutilizados.

La travesía desde Sudamérica suele durar unas tres semanas, 21 días de viaje submarino con tres o cuatro personas a bordo. La tripulación básica la forman el patrón, un mecánico y el ‘notario’ de la organización. Los fabricantes suelen ser colombianos, aunque también se han detectado astilleros clandestinos en Brasil o Venezuela. Su precio ronda el medio millón de euros.

Lo que aún no han logrado averiguar los guardias civiles que investigan el caso es cuánto costó construir el ‘narcotúnel’ de Ceuta. Tienen la convicción de que es obra de un narco en concreto, aunque actualmente lo usaban más organizaciones, y que se fabricó exclusivamente para introducir hachís en España.