La Fiscalía pide prisión para el presunto falso perito de varias causas criminales

La Fiscalía pide prisión para el presunto falso perito de varias causas criminales

Lunes, 17 de marzo 2025, 01:35

Después de años de aparente burla a la Administración de Justicia y a la sanitaria de la Región de Murcia, haciéndose pasar por el perito especializado en causas criminales y el profesional de la salud que no era, las aparentes andanzas de F. J. L. T., un antiguo mecánico de Lorquí, pueden tocar a su fin. La Fiscalía ha solicitado para este hombre un año y medio de prisión, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, como presunto autor de un delito de intrusismo profesional, recogido en los artículos 403.1 y 2.b) del Código Penal.

«El acusado, con ánimo de engaño, ha venido desempeñando funciones como perito, elaborando distintos informes periciales, sin tener titulación y habilitación para ello y atribuyéndose títulos de distintas universidades españolas de los que carecía. También elaboró pruebas PCR [a posibles enfermos de covid] durante el mes de abril de 2021, sin estar autorizado para ello, al no estar inscrito en el Registro de Laboratorios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia».

Así lo resume la Fiscalía en el escrito de acusación presentado contra F. J. L. T. en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Molina de Segura. Este órgano acordó abrir juicio oral y envió las diligencias penales al Juzgado de Lo Penal 5 de Murcia, que pondrá ahora fecha para la vista, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a LA VERDAD.

En el escrito del Ministerio Público, al que ha accedido este diario, se explica que, «en el ámbito de esta actividad», el acusado «abrió un local comercial bajo el nombre Instituto Criminalístico Forense, en cuya página web se ofertaban numerosos análisis e informes que exigían una titulación de la que no disponía». La Fiscalía pide la declaración como testigos de agentes de la Policía Nacional, cuerpo que detuvo e investigó al procesado, y aporta al sumario diversos documentos aportados por la Universidad de Granada, el CEU, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y la Universidad Complutense, así como «fotografías de objetos y documentos intervenidos en la entrada y registro» a su gabinete, ubicado en Molina de Segura.

Está acusado de actuar «con ánimo de engaño», elaborando informes tras atribuirse «títulos de varias universidades»

El escándalo fue desvelado en mayo de 2022 por este diario, quien informó de que se trataba «del dueño de la empresa de Molina de Segura Instituto de Criminología Forense SL, quien días atrás tuvo un papel destacado en la defensa de la mujer finalmente absuelta en Murcia por un jurado de matar a tiros en Águilas a su novio en 2017, el presunto mafioso italiano Giuseppe Nirta».

Ofrecía servicios por internet

«Administrador único y jefe de laboratorio de la citada compañía privada, F. J. L. T. afronta una investigación en su contra por los supuestos delitos de falsificación de documentos públicos, intrusismo y contra la Administración de Justicia. Este hombre, quien figura en distintas páginas de internet vinculado a un negocio de electromecánica de Lorquí, está bajo sospecha tras una denuncia presentada en diciembre pasado por la Policía Nacional sobre la falsificación de un amplio currículo y de las acreditaciones con las que se presenta en los juzgados», añadió hace ya casi tres años este periódico.

Y detalló que la denuncia de la Policía cuestionó la veracidad de un amplio listado de titulaciones citadas en los informes de este perito. Ejemplos eran las de experto en Grafística y Documentoscopia por la Universidad de Granada; licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid; máster en Química Forense y también en Química Analítica, por esa misma universidad; especialista en Medicina Legal y Forense por la Universidad Cardenal Herrera de Alicante; máster en Genética por la Universidad de Granada; máster en Genética Forense por la Universidad de Murcia; especialista universitario en Acústica y Fonética Forense, también por la Complutense. La Policía Nacional también puso el foco en su acreditación como perito por la Asociación Nacional de Peritos Judiciales (Pejuba) y el sello de calidad de la Entidad Nacional de Acreditación (Enac), con el que opera la empresa del investigado.

Ya en diciembre de 2021, sin desvelar su identidad, la Policía había informado públicamente de que había detenido a un hombre de 49 años que, desde 2018, venía interviniendo en procedimientos judiciales como perito sin tener la titulación para ellos. También desveló que, aprovechando la pandemia, el sospechoso emitió certificados de pruebas PCR sin conocimientos sanitarios ni maquinaria adecuada.

Mientras el juzgado de Molina indagaba sobre su formación académica y actividades profesionales, el sospechoso consiguió mantener una variada participación en sonados procedimientos judiciales. Uno fue el de la mujer acusada de matar a tiros en 2017, en Águilas, a su novio, el presunto mafioso italiano Giuseppe Nirta. La mujer fue absuelta en una sentencia donde, no obstante, la magistrada explicó que «el jurado no atendió a las conclusiones de la pericial aportada por la defensa». El jurado se basó en «la insuficiencia de la prueba de cargo desarrollada por las acusaciones».

En el juicio a un vecino de Abarán acusado del intento de violación y del asesinato de su tía abuela en 2019, el abogado de la defensa renunció al informe pericial del posible impostor y a su declaración ante un jurado, tras conocer del presunto fraude a través de este diario. El cuestionado perito también realizó un informe para la acusación particular en el caso de un doble crimen de Las Torres de Cotillas. La Audiencia Provincial, previo veredicto del jurado, condenó al acusado a 28 años de prisión por matar a golpes a su madre y a su hermano.

Defendió su inocencia

En Cartagena, F. J. L. T. realizó un informe para la defensa de un presunto narcotraficante colombiano, en una causa donde llegaron a estar imputados ocho policías nacionales. Durante casi cuatro años, los agentes estuvieron bajo la sospecha de haber colaborado con narcos locales a cambio de información para lanzar redadas contra otros grupos de traficantes. Los policías fueron exculpados, al no haberse encontrado indicios contra ellos. El presunto farsante cuestionó la existencia de unos seguimientos realizados por los agentes antinarcóticos. F. J. L. T., que en una conversación con este diario negó en 2022 todas las acusaciones y confió en que el juzgado de Molina archivaría la causa contra él, se sentará ahora en el banquillo como acusado.

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