Sara Aagesen: «Comunidades y ayuntamientos no se han tomado en serio las zonas inundables»

– El Gobierno de Pedro Sánchez lleva lidiando con el problema del Mar Menor desde 2018. El Marco de Actuaciones Prioritarias vigente se está aplicando desde 2021 por 483 millones, aunque luego se amplió la cantidad a 675 millones. El porcentaje de ejecución no supera el 15% con el presupuesto actualizado. ¿No le parece que es bajo?

-Este Gobierno ha querido dar un giro de 180 grados para revertir el problema de deterioro ambiental del Mar Menor. Estamos comprometidos con la ciencia, con la biodiversidad y con los vecinos. Lo demostramos con un compromiso financiero incomparable. Cuando haces un programa tan ambicioso desde la responsabilidad sabes que es una acción para revertir tendencias complicadas. No se trataba de poner parches en dos años y abandonar el Mar Menor. Hemos tenido que actuar mucho más allá de lo estrictamente incluido en nuestras competencias directas porque el Gobierno murciano llevaba décadas de inacción. Trabajamos en un marco que contempla más de 70 actuaciones. Son actuaciones que abordan los problemas en origen y que se relacionan y se complementan entre sí. El grado de ejecución es bueno y se va acelerando. La ambición en las actuaciones garantizará la sostenibilidad del ecosistema al final del camino. Estamos empeñados en hacer las cosas bien.

-¿Qué actuaciones relevantes empezarán a ejecutarse este año?

-Hace muy pocos días tuve ocasión de visitar la Región de Murcia y asistí al inicio de dos de las actuaciones más importantes de restauración y remediación de emplazamientos mineros, en la sierra de Cartagena y La Unión, Brunita y el Descargador I y II. En noviembre pasado iniciamos la obra en el Llano del Beal. La intervención que vamos a realizar en esta zona tan degradada, tras largos años sin hacer nada, es enorme. Para ello hemos tenido que desarrollar un largo y complejo procedimiento administrativo, para lograr la disponibilidad de los terrenos, la tramitación ambiental, la redacción de los proyectos, contando siempre con el asesoramiento científico. Otras actuaciones que sacaremos a licitación este año estarán centradas en el cinturón verde, los dos humedales seminaturales (Bocarrambla y San Pedro del Pinatar), la renaturalización de una zona próxima a la marina del Carmolí y el proyecto del parque inundable y renaturalización de la rambla de Pescadería en Los Alcázares. Son actuaciones orientadas a reducir el volumen de agua y la carga contaminante que entra al Mar Menor. Hemos iniciado la construcción del centro de conservación y producción de especies marinas en Águilas, licitaremos este año las actuaciones en la rambla de Cobatillas y diseñaremos la intervención en la cuenca de la rambla del Albujón, tanto a nivel de cauces como de restauración hidrológico-forestal en la cabecera y en tramos medios.

-¿Hay riesgo de perder fondos de la UE por no cumplir los plazos exigidos?

-Seré breve, no contemplo ese escenario.

– Los parámetros del Mar Menor más recientes dicen que no hay síntomas de recuperación. ¿Queda mucho todavía?

-Un ecosistema que ha estado sometido a presiones de diversa índole durante décadas, sobre todo por la intensificación de la actividad agropecuaria, urbanística, turística, etc., no se puede recuperar en unos pocos años. Se ha superado la capacidad de carga del sistema. Llegamos a un punto de inflexión con la sopa verde de 2016, que fue una crisis ecosistémica sin precedentes. Las medidas que estamos llevando a cabo suponen un plan de choque para evitar que aumente la degradación y revertir la situación, y esto requerirá tiempo. Veníamos de un punto de partida crítico, a todos los técnicos del Ministerio les hubiese gustado encontrarse una situación menos grave. Ahora mejora la situación y, como digo, con numerosísimas actuaciones interrelacionadas. ¿Nos queda trabajo por hacer? Sí. Y en eso tenemos que estar el Ministerio, las administraciones competentes y los agentes sociales murcianos. El cambio es posible, estamos en ello.

-Hay discrepancias sobre la forma de actuar para rebajar el nivel freático del acuífero. ¿Hay prevista alguna medida de urgencia para remediar la entrada de nitratos por el Albujón? ¿Está de acuerdo en pinchar el acuífero para extraer agua y desnitrificarla?

-El conjunto de medidas que estamos aplicando en los diferentes ámbitos se dirigen a reducir la carga contaminante. La masa de agua del acuífero Cuaternario tiene un nivel de contaminación muy elevado, por lo que es necesario seguir avanzando en la aplicación de soluciones viables y basadas en la ciencia.

– ¿Seguirán actuando contra el regadío ilegal? La batalla ahora parece trasladarse a las granjas y las balsas de purines en mal estado.

-Se han desconectado de la red de suministro cerca de 9.200 hectáreas de regadío ilegal. La CHS continúa sancionando a quienes pretenden seguir aprovechándose ilegalmente de un recurso tan importante como el agua. Se han realizado 450 inspecciones a explotaciones ganaderas porcinas para controlar los vertidos y también el estado de las balsas; y tenemos en marcha la estrategia Nitra-Segura con el objetivo de avanzar en el control de la contaminación por nitratos de las masas de agua.

– ¿Cree suficiente la cantidad de 16,2 millones a la transición agroecológica y la recuperación ambiental de la cuenca del Mar Menor destinada por el Ministerio a empresas, asociaciones o institutos científicos? Las cantidades que se emplean en la cuenca de Doñana son, proporcionalmente, muy superiores.

-No se puede actuar ante situaciones diferentes con exactamente las mismas herramientas con la misma dotación presupuestaria. En el caso de Murcia, las actuaciones de restauración minera tienen mucho más presupuesto (68,3 millones de euros) para la restauración de siete minas. Es la tercera comunidad que más fondos ha recibido para restauración de minas, después de Asturias y Castilla y León. No se trata de hacer igual lo desigual. Los ecosistemas son diferentes.

-¿Cuándo se va a materializar la convocatoria de 20 millones en ayudas al sector ganadero de la cuenca del Mar Menor?

-Estamos ya trabajando en la orden de bases que saldrá a audiencia este año. Somos conscientes de la importancia y por ello trabajaremos de la mano con los agentes del sector.

– El Consejo de ministros acaba de aprobar el reglamento de la Ley de Personalidad Jurídica del Mar Menor. ¿Cree que esta normativa ayudará en la práctica a la defensa y restauración del espacio natural, o que será más bien una figura simbólica o incluso una fuente de conflictos legales?

-Es una normativa innovadora que tenemos que cuidar y apoyar entre todos. Pone lo colectivo en el centro. Es un paso muy importante. Con el deterioro ambiental que se sufre en los ecosistemas del mundo, tenemos que poner sus derechos en el centro, protegerlos, y también ser innovadores, buscando ir más allá, respondiendo a los colectivos que generosamente han dedicado su tiempo al compromiso con el Mar Menor.

-¿Qué plazos manejan para el inicio de las obras de restauración de Puerto Mayor?

-Una vez conseguida la reversión al dominio público marítimo terrestre en 2021, el Ministerio, en estos últimos años, ha llevado a cabo todo un conjunto de actuaciones necesarias para asegurar una intervención con todas las garantías: la redacción del proyecto y los estudios pertinentes, el alcance real de las alteraciones que sufrieron estos fondos por la construcción de las infraestructuras portuarias, incluidos los rellenos existentes con material contaminado, o el análisis de estabilidad de la playa resultante tras la restauración ambiental, trabajos necesarios, previos al sometimiento al trámite de evaluación ambiental, proceso en el que estamos actualmente y que en breve se resolverá. Son plazos razonables para disponer de todas las garantías ambientales necesarias, teniendo en cuenta que estamos en un entorno enormemente frágil. Una vez dispongamos de la Declaración de Impacto Ambiental, se licitará en este año.

-Las relaciones de su predecesora, Teresa Ribera, con el Gobierno regional fueron con frecuencia muy tensas y polémicas, con reproches y acusaciones recíprocas. ¿Cómo serán las suyas con el gabinete de López Miras?

-Soy ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Como mi predecesora, soy muy consciente de la importancia de mi agenda. Las relaciones institucionales tienen que estar engrasadas. Mi relación con cualquier presidente autonómico será siempre buena si ponemos a los ciudadanos en el centro y si respetamos la integridad ambiental y el pacto verde. Nos debemos también a las nuevas generaciones de murcianos más jóvenes y a las generaciones por venir. El compromiso financiero del Ministerio con la Comunidad Autónoma (675 millones solo en el Mar Menor, más cientos de millones adicionales en inversiones en agua, transición energética y biodiversidad) es tan importante que estoy segura de que su presidente está satisfecho. Con mi predecesora y conmigo.

-Hay un antes y un después de la dana de Valencia. ¿Qué lecciones hay que aprender de esta tragedia?

-La primera es la protección de los ciudadanos, primordial, y para eso necesitamos que las alertas, competencia de las comunidades autónomas, tienen que llegar de manera rápida a la ciudadanía. Pero además, es fundamental apelar a la responsabilidad de los encargados de la ordenación del territorio para que tengan en cuenta, de manera prioritaria, las zonas inundables a la hora de su planificación urbanística.

– ¿Hay que endurecer la normativa urbanística?

-Sin duda. Hasta ahora las administraciones autonómicas y locales no se han tomado lo suficientemente en serio la cartografía de zonas inundables. Siempre ha habido urgencia por desarrollos urbanísticos que se priorizaban sobre la protección de la gente. Nosotros vamos a actuar este año para avanzar dentro del ámbito de nuestras competencias y espero que el resto de las administraciones entiendan las lecciones de la dana, que debe hacernos trabajar a todos en la misma línea y a cambiar las prioridades: primero la protección de las personas.

-¿Hay que mejorar los mecanismos de aviso, prevención, coordinación y respuesta (confederaciones hidrográficas, Aemet y comunidades autónomas)?

-Hemos sufrido inundaciones antes y la ciencia nos advierte que las sufriremos con más intensidad en el futuro. En este contexto, tenemos el deber de intentar mejorar siempre, de hacer mejoras continuas, pero, en cualquier caso, los responsables autonómicos siempre deben alertar a tiempo.

-¿Usted es partidaria de los trasvases y, en concreto, el del Tajo-Segura?

-Soy partidaria de un uso razonable de los recursos hídricos, desde la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento del caudal ecológico. Tenemos que anticiparnos y analizar los escenarios climáticos y ver siempre su impacto en los usos del agua y, con esa base, tomar decisiones informadas.

-Los regantes del Trasvase, y en general el sector agro del Levante, están muy preocupados por las nuevas reglas de explotación.

-Afortunadamente contamos con los planes hidrológicos de tercer ciclo que suponen un esfuerzo de integración muy importante. Sabemos que la visión que podía haber desde distintos territorios no era coincidente y la obligación del Gobierno de España era integrar, con la máxima participación posible, el interés general.

-¿Tiene vuelta atrás el recorte del Trasvase, esos 90 hm³ aproximadamente, en el próximo ciclo de planificación?

-El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos contencioso-administrativos presentados por la Comunidad Valenciana, Andalucía y la Comunidad de Madrid contra la planificación hidrológica del Tajo. Falta por pronunciarse sobre los recursos del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y del Gobierno de la Región de Murcia. Creo que estos pronunciamientos por parte del Supremo demuestran que no estamos ante decisiones políticas o ideológicas. El agua no tiene ideología.

-También se quejan los regantes del importante retraso en la conexión de la desaladora con los canales del Postrasvase.

-Está en evaluación ambiental y esperamos que pronto podamos empezar a trabajar en la conexión para que el agua desalada llegue a los canales postrasvase del acueducto Tajo-Segura.

-Unido a lo anterior, sostienen que la desalación ofrecida por el Gobierno es insuficiente para paliar el déficit. ¿Cómo va su Ministerio a solucionar el déficit de la cuenca del Segura? Hasta ahora, ninguno lo ha conseguido. ¿Cree que cada cuenca debe ser autosuficiente, o apuesta por la solidaridad territorial?

-Los déficits se solucionan racionalizando los usos, haciéndolos eficientes, ayudando a los sectores a adaptarse a las nuevas condiciones hídricas. La CHS apuesta por la depuración. Así queda reflejado en el Plan Hidrológico del Segura 2022-2027, en inversiones destinadas a la reducción de la contaminación puntual con un presupuesto de 592 millones de euros, cifra que casi duplica la del plan 2015-21 de 315 millones de euros. Igual sucede con la desalación. No hemos hecho restricciones a los usuarios de abastecimiento en los últimos 20 años. Esto se debe a la inversión realizada en infraestructuras, así como en su mantenimiento. Nos encontramos en 2018 una situación hídrica a nivel nacional mala: acuíferos explotados y contaminados, tensiones crecientes por cambios de uso de la tierra, cambio de cultivos a más intensivos en regadío. Lo contrario a lo que había que hacer. Y hemos actuado desde la responsabilidad. Vamos a tener menos agua en toda España y los negacionismos no arreglarán el problema. Lo sabemos hace décadas. En el período 2018-2024, el Ministerio para la Transición Ecológica ha invertido en materia de agua en la Región de Murcia 191,90 millones de euros.

-La situación se agravará en 2027 con el cierre y las restricciones en los acuíferos sobre explotados. No se ve alternativa ante una merma adicional de 230 hm³. ¿Será la puntilla para los regadíos del Levante?

-La puntilla para los regadíos del Levante es el cambio climático, la baja disponibilidad de agua. Proteger los acuíferos es vital. Debemos reforzar su protección y buscar el equilibrio entre las extracciones y la capacidad de renovación, mantenimiento y mejora de su estado ecológico. Además, debemos seguir avanzando en reutilización y desalación. Seguir anticipándonos, gestionando de manera responsable un bien tan preciado y fundamental como el agua.

-En políticas verdes, ¿qué cambios cree que pueden producirse con la llegada de Trump a la Casa Blanca?

-El negacionismo climático supone negar la ciencia, es dar la espalda a la comunidad científica internacional. En este sentido, cualquier retroceso a la hora de afrontar el desafío climático no debe de permitirse. La agenda verde es una agenda de seguridad, de preservar la vida de las personas y los ecosistemas, de prosperidad de la economía y de bienestar social. Las consecuencias de la emergencia climática ya están aquí. Cuanto más se tarde, más terrible será el impacto en términos de pérdidas humanas y destrucción económica. A partir de ahí, tanto España como la Comisión Europea y Naciones Unidas seguiremos estando plenamente alineados con la evidencia científica y el impulso de la agenda verde.

-¿Cree que la UE va a revisar y suavizar su estrategia verde? No tanto por Trump, sino también por las voces en el seno de Europa que reclaman levantar el pie y reconducir la regulación medioambiental.

-La Comisión Europea, con su presidenta Ursula von der Leyen, ha sido absolutamente rotunda a la hora de responder a esa pregunta. La última vez, hace sólo unos días, durante la presentación del Pacto Industrial Limpio. Me remito a sus palabras: «Debemos mantener el rumbo del Pacto Verde Europeo y seguir persiguiendo sus objetivos. El plan conjunto de descarbonización y competitividad debe convertirse urgentemente en un pilar clave de la UE. Los objetivos del Pacto Verde Europeo son inamovibles». El Pacto Industrial Limpio asienta en la descarbonización de la economía la columna vertebral para los próximos cinco años de la acción política de la Comisión Europea, para que Europa recupere la competitividad industrial. Es cierto que debemos agilizar y simplificar los requisitos burocráticos, pero esto no puede significar nunca rebajar nuestros objetivos.

-La regeneración de la bahía de Portmán se eterniza.

-La prioridad del Ministerio para la recuperación y adecuación ambiental de la Bahía de Portmán pasa por garantizar la salud pública de los vecinos y por salvaguardar el medio ambiente. Hay que evitar repetir los errores del pasado. El CEDEX se ha encargado de evaluar la mejor alternativa para restaurar la bahía. La llevaremos a la Comisión de Seguimiento que se celebrará el próximo día 10 de abril tras haber sido suspendida, por razones meteorológicas, la reunión que se iba a celebrar el pasado martes.

-¿Cómo observa los problemas de contaminación del aire recurrentes en la Región?

-Las zonas de bajas emisiones mejoran la salud de las ciudades y la salud de la ciudadanía. Casi 240.000 muertes al año en la Unión Europea pueden atribuirse a la exposición a las partículas finas, un contaminante atmosférico clave, según la última evaluación de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Me cuesta entender las medidas regresivas, es como si no les importara la salud de sus vecinos. Eso nos hace tener que trabajar más. Si los competentes respetaran la salud ambiental sería más fácil, pero si no lo hacen, nuestra obligación es seguir planteando medidas y estamos evaluando que pasos daremos para hacer cumplir la ley de cambio climático.

-Casi la mitad de los linces liberados en Lorca han muerto por causas no naturales. ¿Les preocupa o forma parte de la casuística?

-La conservación de esta especie es responsabilidad y patrimonio de todos. Los resultados de los últimos años son un éxito del país. El mundo nos mira con optimismo por la recuperación del lince. Desde el Ministerio hemos cumplido con éxito nuestra parte, desde la crianza a la liberación. Creo que hay que avanzar más en concienciación y sensibilización de la ciudadanía, y en que cada comunidad continúe acompañando en el proceso, mejorándolo, con medidas adaptadas a su territorio, particularmente donde los resultados son mejorables.