Si Vox cumple con lo que ha prometido no habrá posibilidad de acuerdo para aprobar los Presupuestos regionales. El rechazo expreso al Pacto Verde y la acogida de menores inmigrantes de López Miras ya no es suficiente. El partido de Abascal ha introducido otra condición: la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Una exigencia que es de imposible cumplimiento porque ese plan está jurídicamente blindado por un convenio entre los Reinos de España y Marruecos. Es de aplicación nacional, lo paga el Gobierno central y puede ser reclamado por cualquier centro educativo del país.
Es sorprendente que la aprobación de las cuentas públicas autonómicas dependa de una iniciativa que no tiene reflejo en los presupuestos regionales. Como no puede ser de otra forma, Vox tiene derecho a reclamar lo que desee a cambio de su apoyo. Incluso aunque no figure tampoco en el pacto original de gobierno que firmaron en su día con el PP. Ahora bien, tendrá que asumir las consecuencias políticas de una exigencia que lleva la negociación presupuestaria a vía muerta. Todo apunta a que alguien en Vox se precipitó en la Región y no informó adecuadamente a su líder nacional, aunque hay hipótesis alternativas también plausibles. Lo cierto es que Abascal distribuyó un vídeo el pasado sábado en el que habló de un «plan de islamización» en los colegios murcianos, como si en la Región hubiera alumnos españoles aprendiendo cultura o lengua marroquí, y puso como condición su retirada para apoyar las cuentas públicas.
Lo que existe desde hace más de una década en colegios públicos de El Palmar y San Pedro del Pinatar es un programa de lengua árabe y cultura marroquí con un profesor pagado por el Ministerio español, y aportado por el Gobierno marroquí, que se imparte a 348 menores de origen marroquí. Siete colegios tienen este programa, entre ellos el de Santa Rosa de Lima, donde nueve de cada diez alumnos son hijos de padres marroquíes y donde el profesor muchas veces actúa de mediador cultural con las familias, un asunto crítico en los centros para resolver conflictos, interactuar con familias que en muchos casos no hablan español y asegurar la escolarización de esos chicos. Actualmente son doce comunidades autónomas las que, a petición de centros educativos, aplican y gestionan este convenio ratificado en 2012. La mayoría, como sucede en la Región, en la modalidad más suave (fuera del horario lectivo obligatorio). Convenios similares se han aplicado en la Región a lo largo de los años en virtud de acuerdos vigentes de España con Ucrania, Rumania y otros países.
Estos convenios de colaboración educativa y cultural entre España y Marruecos se remontan a 1980, con el Gobierno de Adolfo Suárez (UCD), y han permitido que hoy exista una decena de colegios públicos en Marruecos con 4.662 alumnos y 362 profesores donde se imparte el sistema educativo español, no solo una actividad optativa y extracurricular que se da un día a la semana fuera del horario lectivo.
Muchas personas se preguntan por qué surge ahora esta polémica después de una década de implantación sin problemas de este programa en la Región, incluso durante la etapa en la que al frente de la Consejería de Educación estuvo la exdiputada Mabel Campuzano, expulsada de Vox pero ideológicamente afín. Nadie da una respuesta oficial, pero el origen de la controversia estaría en un colegio del Campo de Cartagena, donde padres de alumnos lo habrían solicitado. Lo que sí es seguro es que hace unos meses la Consejería de Educación envió instrucciones a los centros sobre esta asignatura optativa, señalando que debería contar ya no con el visto bueno de la dirección de los centros, sino de todo el consejo escolar, donde están representados, además de la dirección, padres, alumnos, profesores, personal administrativo y un concejal. Y habría sido a través del consejo escolar de un centro donde Vox tuvo conocimiento del programa y preguntó la pasada semana en la Asamblea al consejero por el grado de aplicación de este programa en la Región.
Llegados a este punto, tanto PP como Vox lo tienen complicado para hallar una salida. Los de Abascal tendrían que hilar argumentalmente muy fino si cambian de opinión y López Miras no puede hacer otra cosa que cumplir un convenio estatal con una fuerza legal de tanto peso como una ley orgánica. Podrá decir que el programa no le gusta o que lo rechaza, pero está obligado legalmente a cumplirlo si el consejo escolar de un centro lo demanda.
Ahí está el precedente de la asignatura de religión islámica. Hace tres años, el Tribunal Superior de Justicia falló que la Consejería de Educación, en tiempos de Campuzano, vulneró el derecho constitucional de los alumnos musulmanes a recibir clases de religión islámica en nuestra Comunidad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió íntegramente el recurso interpuesto por una mujer de Cartagena, que no recibió contestación de la Consejería a su petición de un colegio donde esa impartiera esa asignatura (no había ninguno). La sentencia concluyó que se había violado el derecho de sus hijas musulmanas a formarse en ese credo. Meses después la Consejería anunció que la asignatura se empezaría a impartir en diez centros. Igual algunos políticos se enteran hoy con este artículo. Todo es posible en una Región donde quienes más se quejan de la presencia de menores inmigrantes en las calles se oponen a un programa que, a la postre, ayudar a frenar el abandono escolar de estos chicos.
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