La muerte de árboles sigue pese a las lluvias y supera el millón de ejemplares en la Región

El escenario sigue siguiendo preocupante, ya que los efectos de la sequía han sido devastadores para las masas forestales repartidas por todo el territorio regional. En octubre, la Comunidad confirmó la cifra de 700.000 árboles muertos (300.000 ejemplares más que en verano), el equivalente al 6,5% de la superficie boscosa (20.700 hectáreas). En noviembre, el volumen era ya de 960.000 árboles dañados en un área total de 23.000 hectáreas en más de 800 manchas forestales. Pasado el invierno y a pesar del arranque excepcionalmente lluvioso de la primavera, ya hay alrededor de 1.050.000 árboles afectados en la Región por la sequía y por las plagas de perforadores, aseguraron fuentes autonómicas de toda solvencia. En Medio Ambiente se remitieron a los datos oficiales que serán detallados en los próximos días.

Sobre el efecto de los últimos temporales, indicaron que «de los datos analizados por la unidad de salud de los bosques, en algunas áreas forestales de la Región ya se triplica el agua caída en los seis primeros meses de este año hidrológico (octubre a marzo), con respecto a todo el año hidrológico pasado». Y añadieron: «En general, salvo la comarca del Altiplano, donde las precipitaciones acumuladas siguen por debajo de las caídas en 2024, en sierras como la del Cambrón (Mula), ya han caído 425 milímetros en este año hidrológico, frente a los 118 del anterior; y en el paraje de Ucenda (Bullas), se han recogido 278 frente a los 58 del año anterior».

Maquinaria e incendios

Se trata de un punto de inflexión respecto a una de las peores sequías en décadas. El consejero Vázquez recordó en noviembre, en la Asamblea Regional, que la de 1994-1996 afectó a 17.000 hectáreas y 800.000 árboles, mientras la de 2014-2017 llegó a 16.000 hectáreas y se cortaron 1.200.000 ejemplares. A la espera de que la meteorología siga dando una tregua, la Consejería continúa con la tala de árboles secos y otros trabajos de conservación en numerosos puntos de la Región, entre otras cosas para reducir el riesgo de incendio, sobre todo en verano. Las tareas, con maquinaria de mano y pesada, incluyen reducir la alta densidad de pinos, para aliviar la fuerte competencia por el territorio; evitar accidentes por la caída de ejemplares junto a caminos y carreteras; y prevenir que estos espacios se conviertan en polvorines. En los últimos meses ha habido incendios y conatos en Coto Cuadros, Archena (en el monte Ope), Albudeite y otros lugares, algunos en entornos fluviales. Fueron rápidamente controlados y sofocados por brigadas autonómicas.

También se combate contra las plagas, como la de ‘Tomicus destruens’, el escarabajo conocido como barrenillo; la oruga procesionaria del pino (‘Thaumetopoea pytiocampa’), que en noviembre se extendía ya por 8.000 hectáreas; y el ‘Phloeosinus aubei’, perforador detectado en cipreses muertos de El Valle y Sierra Espuña.

Marrón desde las carreteras

Brigadas forestales, agentes medioambientales y operarios de empresas contratadas por la Consejería continúan con su despliegue por espacios naturales como Coto Cuadros, ubicado en los municipios de Santomera y Murcia; el Parque Regional de El Valle y Carrascoy, en la capital; y el Parque Regional de Sierra Espuña, en Aledo, Alhama de Murcia, Librilla, Mula y Pliego. A pesar de las lluvias, el color marrón de los árboles arrasados por la sequía domina amplias zonas y es cada vez más evidente para quienes transitan por pistas, caminos y carreteras y autovías próximas.

Este 2025, Murcia es la Capital Española de la Economía Social, por iniciativa de Ucomur (Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia). Esta entidad ha pedido que la Comunidad Autónoma «aplique la reserva de contratos públicos sobre servicios ecosistémicos para que los presten empresas de economía social con trabajadores locales», sobre todo en zonas con problemas de despoblación, como Albudeite, Bullas, Campos del río, Mula y Pliego. Ello, en el marco de la directiva de la Unión Europea de contratación pública y del VI Plan de Economía Social de la Región.

Ucomur también plantea evitar la concentración de adjudicaciones. «Los lotes han de ser la regla y no la excepción, especialmente en contratos de gran magnitud económica como los licitados en favor de Orthem y STV», señala Elena Díaz, del departamento de Empresa y Programas Europeos de Ucomur. Lo hace en un estudio del Programa de Doctorado Industrial UCAM-Ucomur, presentado en Murcia en el reciente Congreso Internacional Life Token CO2.

«Aún justificando la necesidad de una actuación coordinada, como en el Servicio de extinción de incendios forestales (72.564.350 euros para 60 meses), el objeto del contrato hubiera permitido establecer lotes u obligar a la subcontratación de actividades con empresas de economía social que desarrollen programas contra la despoblación», señala Díaz. Y agrega: «La empresa pública Tragsa, que recibe fondos de la Comunidad, puede subcontratar».

Ucomur aboga también por la colaboración público-privada para crear cooperativas de iniciativa social forestal. Y llama a captar fondos europeos para formación y empleo; apoyo a pymes y colectivos vulnerables; y «preservación del patrimonio forestal de manera urgente», en un contexto de cambio climático. Y anima a la responsabilidad social corporativa.

Concursos públicos

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente indicaron que no reserva contratos para economía social, pero «se podría estudiar la participación de estas cooperativas o empresas, con la idea de favorecer la fijación de población en zonas demográficamente empobrecidas o con población en recesión». «Tendríamos que contar con un Registro Regional» de firmas y cooperativas con capacidad y solvencia.

Añadieron que el servicio de extinción «requiere de unas condiciones de gestión y coordinación extraordinarias que imposibilitan su licitación por lotes»; y que «la gran mayoría de las licitaciones se sacan mediante concurso o subasta» y «suele haber una distribución entre diferentes empresas privadas».