La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ya ha remitido al Ministerio de Juventud e Infancia la cifra de menores extranjeros no acompañados que … atendió el pasado año, una cifra clave para que el Gobierno central calcule de cuántos deberá hacerse cargo en la distribución de los 4.400 procedentes de las Islas Canarias y Ceuta que se repartirán por toda la geografía nacional. En total, la Región de Murcia atendió a 741 menores migrantes que llegaron solos al territorio nacional durante el año 2024 y actualmente cuenta con 619 plazas de acogimiento residencial ocupadas.
En este sentido, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad de Murcia, Conchita Ruiz, recordó este lunes que esta cifra de menores acogidos actualmente en la Región excede en un 220% la capacidad de los recursos de los que dispone la Comunidad Autónoma, aunque, al contrario de lo que manifestó hace dos semanas el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, confirmó que la Región de Murcia «acatará el reparto que se decida en la próxima reunión de la sectorial de Infancia y Juventud , sea el que sea». Si bien adelantó que la Región de Murcia preguntará en ese encuentro «cómo se pueden acoger más menores cuando tienes la ocupación a un 220%».
Hasta el último momento
Las comunidades autónomas han apurado hasta el último momento para certificar al Gobierno la cifra, ya que el plazo terminaba este lunes 31 de marzo, según se desprende del real decreto-ley aprobado por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros hace dos semana, fruto del acuerdo entre Junts y Gobierno para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. En el caso de la Región, Ruiz señaló el viernes que había que «esperar» hasta que su departamento tuviera el documento «cerrado» y que todavía se encontraban haciendo los cálculos de lo que el Ministerio les había pedido concretamente. Y aunque el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se mostró dispuesto a dar más tiempo a las autonomías que lo necesitaran para aportar el dato, el Gobierno regional confirmó este lunes que ya ha cumplido con el requerimiento.
«Yo defiendo que lógicamente mejor transparencia que certificar las comunidades autónomas el número de menores inmigrantes extranjeros no acompañados que tengan no hay, y si alguna comunidad tiene alguna dificultad, aunque el real decreto-ley establece un plazo límite del 31 de marzo, lo podemos hablar para que puedan tener el tiempo suficiente para que puedan certificar», señaló en declaraciones a medios en el Senado el pasado martes.
La consejera señaló que el Gobierno regional queda ahora «a la espera» de saber en qué cifra se cerrará el reparto, una vez analizados los datos de las comunidades. «Son datos que tiene que trabajar el Ministerio y no sabemos con qué criterios», señaló Conchita Ruiz. «Lo que le pedimos es transparencia, claridad en los criterios que va a utilizar y, sobre todo, pedimos equidad y pedimos justicia para que no nos trate de forma diferente a Cataluña».
Según datos facilitados por las consejerías a Europa Press, Canarias habría comunicado este jueves al departamento que dirige Sira Rego que actualmente tiene bajo tutela a 5.485 menores. En concreto, el archipiélago atiende a 5.810 menores, pero la cifra se reduce porque algunos cumplirán la mayoría de edad en breve o se están ultimando procesos de reagrupamiento.
Comunidades como Baleares, Madrid, Galicia y Castilla y León habrían decidido también esperar a este lunes para remitir la información, mientras otras autonomías, como Valencia y Andalucía, afirman que aún no disponen de los datos solicitados.
Por otro lado, el Gobierno de Aragón ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el requerimiento del Ministerio de Infancia y Juventud a las comunidades autónomas para que aporten información sobre el número de menores extranjeros no acompañados atendidos por los Servicios Sociales, solicitando a la Justicia que tome medidas cautelares.
Por su parte, la Región de Murcia, que ha manifestado que la Región no puede hacer frente al reparto, al encontrarse por encima de su capacidad de acogida, ya ha anunciado que presentará un recurso contra esta decisión en el Tribunal Constitucional (TC), como ya ha hecho también Madrid.

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