El Gobierno central se rebela ante la inédita orden del Supremo para que se haga cargo de manera inmediata de un millar de menores solicitantes … de asilo que se agolpan en los centros de acogida de Canarias. La Abogacía del Estado ha presentado un recurso contra el auto del alto tribunal del pasado 26 de marzo que le obligaba en el plazo de solo diez días para la acogida de esos más de mil niños y adolescentes no acompañados para garantizarles el acceso efectivo al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.
El argumento central de los servicios jurídicos del Estado es que la competencia exclusiva para atender a esos menores es de la comunidad autónoma canaria, independientemente de que hayan solicitado protección internacional o no. Es más, la Abogacía llega a argüir que acatar la decisión de los jueces y derivarlos a los recursos estatales perjudicaría «el interés superior del menor».
Un total de 1221 menores se verían afectados por la decisión tomada, de los que, según exponía el recurso canario, 546 ya han presentado la solicitud de protección internacional, 350 están pendientes de cita «para manifestar si tienen voluntad de solicitar dicha protección» y 325 «ya han manifestado tal voluntad».
La pasada semana el Tribunal Supremo irrumpió de lleno en la controversia sobre el reparto de los ‘sin papeles’ que llegan al archipiélago al dar un plazo «improrrogable» de 10 días (que se cumpliría este mismo fin de semana) al Ejecutivo de Pedro Sánchez para hacerse cargo de esos menores.
La medida, que había sido solicitada por el Ejecutivo del archipiélago en octubre del año pasado, afectaría –según la resolución del alto tribunal- a aquellos jóvenes que «hayan solicitado protección internacional o manifestado su voluntad de solicitarla, con la necesaria colaboración y cooperación» de la región. La Justicia también concluyó que, una vez acabado el periodo para acatar la sentencia, el Ejecutivo central deberá informar de las medidas adoptadas de manera que, posteriormente, se celebrará una vista pública para examinar el cumplimiento de la misma.
En su resolución, el Supremo admitía que, efectivamente, no estaba claro de quién es la competencia sobre estos menores «en evidente situación de desamparo», ya que en principioes la comunidad autónoma la que debe hacerse cargo de su atención, pero «cuando a su condición de menor se añade la circunstancia de haber presentado una solicitud de asilo», la competencia pasaría a ser del Estado. Los magistrados insistían en que lo ideal hubiera sido la colaboración entre los ejecutivos de Madrid y las islas, pero dada la «insostenible» situación actual, el Supremo optó por acordar como medida cautelar que los niños y adolescentes africanos pasen de inmediato a ser acogidos por el sistema estatal que se ocupa de las personas que han solicitado protección internacional.
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