El Gobierno regional va a volver a intentar, cinco años después de la primera vez, comenzar la elaboración del Plan de Ordenación Territorial para la … Prevención del Riesgo de Inundación en la Región de Murcia (Potpri), la estrategia encaminada a reorganizar los desarrollos urbanísticos en la Comunidad y regular los usos del suelo para hacer frente a posibles desbordamientos de cauces o riadas. El Ejecutivo murciano no tenía intención de abordar otra vez la preparación de estas medidas adicionales a la normativa estatal, pero la dana del pasado año y sus estragos en Valencia obligaron a repensar el proyecto.
Ahora, la Consejería de Fomento e Infraestructuras ha sacado a licitación el contrato para redactar el plan autonómico, que ya está en vigor en comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco. El departamento del consejero Jorge García Montoro ha presupuestado el proyecto en 200.000 euros (55.000 euros más que en 2020) y dejará de margen dos años y ocho meses para la redacción completa y la tramitación administrativa del documento. Es decir, el Potpri no estaría aprobado hasta 2028.
El plan deberá «establecer procedimientos» que ayuden incorporar «la variable inundabilidad» en los proyectos urbanísticos regionales o locales; identificar qué infraestructuras son necesarias para prevenir o mitigar los daños por la acumulación de agua tras fuertes precipitaciones y «orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las áreas no inundables» o, en su caso, «hacia las de menor peligrosidad de inundación siempre que sea posible, otorgando preferencia a los modelos urbanos y territoriales más eficientes».
Fomento también menciona en los pliegos del contrato la necesidad de regular los usos del suelo para su compatibilidad con los fenómenos de inundación de acuerdo con la legislación estatal vigente. Aunque, a diferencia de los requisitos establecidos hace cinco años, ya no se menciona la posibilidad de establecer una «restricción cautelar de usos en suelos que presenten riesgo de inundación».
Limitaciones
La reactivación de estas medidas llegan justo cuando el Ministerio para la Transición Ecológica también ha comenzado la tramitación de un real decreto que pretende endurecer y restringir los permisos para construir en zonas inundables, reforzar medidas para proteger y dar seguridad a aquellas áreas donde ya existen edificaciones, y medidas para alertar a la población de las inundaciones.
Además, la Confederación Hidrográfica del Segura inició hace pocos meses la tramitación para definir el tercer ciclo de planificación contra el riesgo de inundaciones en la cuenca, que abarcará el periodo 2028-2033. Junto con este proyecto, se revisará también la cartografía de zonas inundables en la Región y se sumarán otras diez nuevas áreas de riesgo potencial significativo de inundación dentro de la demarcación del Segura. Toda esta documentación deberá ser tenida en cuenta por la adjudicataria del contrato licitado por Fomento, que reclama para el nuevo plan un «diagnóstico territorial» sobre «los problemas de vulnerabilidad frente avenidas en relación con la ocupación del suelo».
32
meses
para tener redactado y con todos los trámites hechos el plan de ordenación territorial
6
comunidades
han aprobado ya su propio documento, la mayoría del arco mediterráneo
Como ya justificó en el primer intento de redactar el plan, Fomento señala al efecto devastador que han tenido las danas sobre la Región de Murcia, por lo que cree necesario «complementar las medidas que desde las administraciones públicas se están llevando a cabo para mitigar los efectos de las inundaciones, con una adecuada ordenación de usos en aquellos territorios que estén afectados por riesgos de inundación». Añade que «no debe olvidarse que una adecuada ordenación del territorio es una medida preventiva y de control de los riesgos que minimizan, con una gran eficacia, los daños producidos por las inundaciones».
Competencia del Estado
La CHS, a finales de marzo, volvió a reclamar la elaboración de este plan a la Comunidad. Aunque no es obligatorio, las autonomías pueden establecer normas adicionales de protección y limitar los usos en las zonas inundables de acuerdo con sus competencias en ordenación del territorio. Sin embargo, Fomento, a consultas de este periódico, señaló entonces que las avenidas de aguas «se podrían controlar con actuaciones que contengan los caudales», pero «no se evitan con una herramienta para ordenar usos complementarios a los del Estado, ni ningún otro documento escrito». Es necesario, apuntaron fuentes de este departamento, la inversión en presas, encauzamientos, obras de retención y laminación de avenidas.
«Es importante destacar que la manera más eficaz de actuar en el territorio para disminuir el riesgo por inundaciones es mediante la construcción de infraestructuras hidráulicas de competencia estatal, de las que en cierta medida aún sigue careciendo la Región de Murcia», destacaron, en referencia a las presas aún por construir en las ramblas de Tabala, Béjar, Nogalte y Torrecilla.
Avenida de agua por la rambla de la Pescadería, en mitad de Los Alcázares, el año pasado.
Antonio Gil / AGM
Filtros naturales en la cuenca del Mar Menor y preservar los paisajes naturales
Un aspecto regulatorio donde sí tendrían peso las medidas del nuevo plan contra inundaciones es la conservación de las áreas naturales y culturales de la Región de Murcia. En ellas se centra mucho Fomento a la hora de querer determinar qué impactos pueden sufrir con las riadas y cómo se puede mejorar su conservación haciéndolas más resilientes frente a estos episodios. A la futura adjudicataria del proyecto le pide que estudie y proponga actuaciones «en zonas inundables, especialmente alrededor del Mar Menor, que operen de filtros naturales ecosostenibles, y de función retenedora de agua en caso de episodios de precipitación de carácter intenso».
El Potpri podrá delimitar las zonas a proteger de los efectos de las inundaciones por su interés natural, ecológico, ambiental, paisajístico, histórico, turístico, cultural o económico, con indicación de su régimen de protección y explotación. A su vez, se podrán establecer zonas para la localización de actividades, equipamientos y servicios, «junto a las actuaciones que se consideren necesarias en función de su vulnerabilidad».
Esta última parte obligará a coordinar el proyecto con los ayuntamientos, ya que el plan regional será una norma supramunicipal que guiará a los consistorios en la elaboración o el desarrollo de sus planes urbanísticos. Podrá establecer criterios básicos para ubicar y dimensionar «áreas industriales, usos terciarios, dotaciones y distribución de actividades, preferentemente fuera de zonas inundables».
La Consejería de Fomento deberá impulsar este proyecto al tiempo que se encarga de desarrollar otro: el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, del que apenas hay avances. Ya en 2021 la Consejería cerró la licitación del contrato para el plan regional antiinundaciones tras quedar desierto y tener problemas con la única empresa que se presentó al concurso. Ahora, las firmas interesadas tienen de plazo hasta el 5 de mayo para enviar su oferta. La resolución no se espera para antes del verano.
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Enlace de origen : Segundo intento para el plan regional contra el impacto de las inundaciones
