La Comunidad sigue avanzando en el desarrollo de la nueva Ley de Infancia y Adolescencia que vendrá a renovar el anterior marco normativo regional, … con más de 30 años en vigor y que ha quedado desfasado por la sucesión de leyes estatales que superan la regulación autonómica y por los cambios sociales relacionados con los menores y su entorno. La ley hará hincapié, entre otras cosas, en la regulación de los derechos de los niños y los adolescentes en ámbitos no contemplados en el texto anterior, como el digital o el de la salud mental.
Así lo detalla el documento que la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha sacado a consulta pública, disponible en el portal de la Transparencia hasta el próximo 30 de abril, y que recoge los principales ejes de actuación del futuro texto, en el que la Comunidad comenzó a trabajar en 2022, para recabar las aportaciones de la ciudadanía a través de un test ‘online’.
El Gobierno regional aborda esta fase después de completar la ronda de jornadas participativas con profesionales de las administraciones públicas y de entidades relacionadas con la protección y defensa de los menores, así como los propios niños, niñas y adolescentes, para fijar los contenidos esenciales a incorporar en la ley. La intención, según señalan a LA VERDAD fuentes de la Comunidad, es contar con el borrador antes de que termine el año, aunque advierten de la «gran complejidad» que entraña el proceso de incorporación de sugerencias.
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Enfoque integral.
El texto de la nueva ley contemplará una regulación integral, dejando atrás el concepto de la anterior norma, que se centraba casi en exclusiva en regular el sistema de protección de los menores en situación de riesgo o desamparo. -
Reconocimiento de derechos y regulación de las actuaciones para promoverlos.
La ley se actualizará para incorporar la normativa internacional y nacional y recogerá medidas para promover el derecho a la participación de los menores, con la creación del Consejo autonómico de participación infantil y adolescente. -
Protección integral frente a la violencia, derecho al buen trato y entornos seguros.
La normativa regulará a nivel autonómico las actuaciones previstas en la legislación estatal para garantizar el derecho al buen trato de los menores en los denominados entornos seguros: la familia, los centros educativos, el ámbito deportivo y de ocio, el digital y los centros de protección. Además, reforzará las figuras del coordinador de bienestar y el delegado de protección en actividades deportivas y de ocio. -
Regulación del acogimiento especializado y profesional, la adopción abierta y el derecho a la búsqueda de orígenes.
La ley creará un marco consolidado para la promoción de la modalidad de acogimiento especializado, donde uno de los miembros de la familia es un profesional preparado para atender las necesidades de menores con situaciones complejas; también regulará la adopción con contacto con la familia biológica y recogerá el reconocimiento del derecho de los menores adoptados a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos. -
Regulación del sistema de protección frente a situaciones de riesgo y desamparo.
Continuará impulsando la apuesta por la desinsitucionalización de los menores en la que viene trabajando la Consejería en los últimos años, determinando como principios rectores de la Administración regional la prioridad de «las medidas familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas». -
Cursos para los menores tutelados.
El texto prevé garantizar los programas de preparación para la vida independiente de los menores que han estado bajo tutela de la Comunidad, para lo que fijará la edad de incorporación a esos programas, su contenido y la obligación de seguimiento de la Administración. -
Prevención y atención socioeducativa en menores con medidas judiciales.
Establece los derechos de estos niños y niñas en sanidad, educación y empleo, servicios sociales y atención específica a mujeres.
El texto rebasa el enfoque de la ley anterior, que estaba centrado casi en exclusiva en la regulación del sistema de protección de los menores en situación de riesgo o desamparo para dar rango propio a la condición de la infancia y la adolescencia y elaborar un marco legal que aborde «todas las materias que afectan a los menores».
Una parte importante de la futura norma se dedicará al desarrollo autonómico de la ley estatal de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada en 2021 y que ya cuenta con réplicas regionales en varias comunidades mientras la Región sigue a la espera. En este sentido, garantizará la integridad «física, psíquica, psicológica y moral» frente a cualquier forma de violencia, y consagrará como principio y derecho fundamental de los menores el «buen trato» en los denominados «entornos seguros»: la familia, los centros educativos, el ámbito deportivo y de ocio, el digital y los centros de protección.
Priorizará la desinstitucionalización de los menores en centros a través del fomento del acogimiento familiar
Para ello, fijará los niveles de actuación de la Administración regional y las entidades locales en estos entornos, donde deberán abordar actuaciones concretas en la «sensibilización y prevención, la detección precoz, la protección y la restitución o reparación integral» ante una vulneración de los derechos de los menores. Aquí se acotará la figura del coordinador de bienestar y protección para reforzar su papel en todos los centros educativos, y de la figura del delegado de protección en actividades de deporte y de ocio.
La directora general de Familias, Infancia y Conciliación, María Luisa Lozano, recuerda que, en cuanto a la protección del ámbito digital, la Consejería debe tener en cuenta también las novedades anunciadas en la futura legislación nacional a través del proyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales, así como las que se puedan adoptar en el futuro. «Contaremos con medidas regionales, pero también se prevé que la ley sea lo suficientemente amplia como para que las medidas se puedan seguir generando, porque la sociedad evoluciona», asegura. Otro de los aspectos claves es el desarrollo del derecho de los menores «a ser escuchados» en todas aquellas decisiones que les afectan y que se materializará en la creación de un consejo autonómico de participación infantil y adolescente, que era una de las peticiones recurrentes desde entidades como Unicef y la Plataforma de la Infancia. Este buscará articular el ejercicio de la condición de ciudadanía activa de los menores «con representantes de los distintos municipios», afirma Lozano.
La ley incorporará por primera vez la regulación de «los deberes» de la infancia y la adolescencia en los ámbitos familiar, educativo y social, aunque ya advierte la Consejería en el documento de que la dimensión de este apartado será «más moral que jurídica», con la intención «educar en la asunción de responsabilidades».
Política Social ha enviado una carta a los directores de colegios e institutos para recoger aportaciones de los alumnos
La Consejería dará cabida también a lo dispuesto en la ley de Protección Jurídica del Menor, aprobada en 2015, dando prioridad a las «medidas estables frente a las temporales, las familiares frente a las residenciales y las consensuadas frente a las impuestas». En este eje de actuación, la ley regional recogerá la preferencia por que el menor pueda vivir con la familia de origen, no solo a través de la intervención en caso de riesgo, sino también en los de guarda o tutela administrativa, con la aprobación de un plan individual de protección en el que «siempre se incluirá un programa de reintegración familiar», según señala el documento.
Riesgo prenatal
Determinará, por otra parte, los criterios por los que se podrá declarar la situación de riesgo de un menor, incluyendo el que pueda ser detectado antes de su nacimiento, y la regulación de las medidas de protección que se puedan adoptar. Al respecto, desarrollará el procedimiento para la declaración de guarda provisional sin declaración previa de desamparo y la guarda voluntaria a solicitud de los progenitores.
Además, dictará las condiciones del denominado acogimiento especializado y profesionalizado, que ha empezado a funcionar en la Comunidad, una modalidad donde al menos una de las personas de la familia acogedora cuenta con formación y experiencia cualificada para la atención de niños, niñas o adolescentes que, por sus características o necesidades especiales, como por ejemplo, problemas de salud física o mental, discapacidades, conductas disruptivas, traumas severos, etcétera, requieren cuidados y atención más intensivos de los que puede ofrecer una familia de acogida convencional. Otras novedades previstas son la regulación de las condiciones de la adopción abierta, donde hay contacto entre la familia adoptiva y la biológica, y el derecho de las personas adoptadas a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos.
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Cursos de preparación a la vida adulta para los jóvenes que dejan la tutela de la Comunidad
El texto que prepara la Consejería de Política Social también garantizará los programas de preparación para la vida independiente de los menores tutelados por la Administración, fijando la edad de incorporación a los mismos y su contenido. De este modo, los que estén en pisos tutelados o en centros y alcancen la mayoría de edad, uno de los momentos más críticos a los que se enfrentan estos jóvenes, cuando pueden verse abocados a situaciones de vulnerabilidad, recibirán apoyos para integrarse la sociedad y valerse por sí mismos cuando la protección de la Comunidad decaiga.
En la Región de Murcia ya se desarrollan algunas iniciativas para la promoción de la autonomía de los extutelados que han registrado resultados satisfactorios, como es el caso de JEX en Acción, una iniciativa que nació como una investigación de la Universidad de Murcia sobre la promoción de oportunidades laborales en el colectivo, y que ha llegado ya a más de un centenar de jóvenes en esta situación desde que arrancó en 2022. Más del 40% de los participantes han logrado acceder a un contrato.
Observatorio de la Infancia
La ley regional contendrá un apartado dedicado a los centros de protección de menores con problemas de conducta, donde fijará las exigencias de las medidas de seguridad y de contención para acordar el aislamiento, aplicar el régimen disciplinario o el control y la supervisión de la administración de medicación.
Por último, según señala el documento hecho público por la Consejería, se recogerán los principios de actuación para la gestión de medidas judiciales, donde se definirá la designación de un profesional de referencia, los derechos específicos en sanidad, educación y empleo, servicios sociales y atención específica a mujeres, y contemplará la creación de distintos órganos entre los que destaca un Observatorio para la Infancia y la Adolescencia.
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Enlace de origen : La ley de la Infancia regulará la protección de la salud mental y contra la violencia digital
