Amenaza de «colapso» en la lucha contra el maltrato en la Región de Murcia

Domingo, 13 de abril 2025

| Actualizado 14/04/2025 01:57h.

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En el pequeño y taciturno cuarto destinado a las víctimas una mujer aguarda, con la mirada clavada en la pared de enfrente, una decisión que marcará su futuro. Dos puertas más allá, la magistrada Fátima Saura, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Murcia, escudriña el expediente que recoge el historial de maltrato que esa mujer arrastra y la denuncia que interpuso el día anterior después de que su ex volviese a acercarse a ella. «Esto no son números», remarca la jueza, un referente en la lucha contra la violencia de género en la Comunidad tras 18 años de andadura al frente de este órgano. «Cada caso es una familia y estoy decidiendo sobre sus vidas».

La jornada comienza tranquila en este órgano, que se encuentra de guardia esta semana en horario de mañanas. Un equipo de LA VERDAD acompaña a la titular de este juzgado, por el que el pasado año pasaron hasta 2.579 casos. Una media de siete historias cada día de bofetadas, insultos y gritos en la cocina. «Nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar», remarca Saura. «El otro día tuvimos hasta catorce casos en una mañana».

El equipo «perfectamente engranado» que encabeza la magistrada Saura es uno de los tres de la Región especializados en la lucha contra la violencia de género –dos en Murcia y uno en Cartagena–. Unos órganos que estos días se encuentran en pie de guerra a raíz de la última reforma que trae de la mano la recién aprobada Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. A partir de octubre, esta norma obligará a estos juzgados a ampliar sus funciones asumiendo otra serie de delitos, como los sexuales. Magistrados de Violencia sobre la Mujer de todo el país han levantado la voz ante una medida que, entienden, coloca a estos órganos en riesgo de «colapso» y amenaza con empeorar la atención que se presta a dia de hoy a las víctimas de malos tratos. «Este trato personalizado a las familias no se va a poder producir», lamenta Saura, que, como sus compañeras, descarta los refuerzos y aboga por crear secciones especializadas dentro de los juzgados de instrucción para abordar la delincuencia sexual, en imparable aumento. «Una justicia de calidad en violencia de género exige que las secciones estén separadas», subraya la magistrada Saura.

«En estado de ‘shock’»

El letrado de la administración de justicia Francisco Javier García es la puerta de entrada para todas las mujeres que pasan por este juzgado. Este profesional, de voz calma y contenida, se encarga de explicarles al detalle a las víctimas los derechos que las asisten y las manos tendidas con las que cuentan, a partir de ahora, para escapar de la violencia. «Normalmente están muy nerviosas y en estado de ‘shock’», explica. «Se las intenta tranquilizar pero en ocasiones resulta difícil».

Esta mañana la jueza tiene sobre su mesa, entre otras, la historia de una mujer que, tras una condena previa por malos tratos, denuncia que su exmarido sigue cruzándose en su camino. No es, asegura, la primera vez que ocurre, pero sí la primera que se atreve a llevarlo a los juzgados. El equipo de siete funcionarios que sacan adelante el día a día de este órgano trabaja ya a pleno rendimiento. En la sala de espera la denunciante aguarda impaciente la decisión de la magistrada. «Los funcionarios se encargan de que jamás se encuentren aquí el agresor y la víctima. A veces las acompañamos hasta al baño», relata Saura. «En ocasiones no está él, pero sí sus familiares o amigos y se dan situaciones difíciles. Pueden recriminarle a la víctima o tratar de darle pena». La magistrada asegura que han solicitado al Ministerio la contratación de un guardia de seguridad específico para estos juzgados pero, por el momento, esa petición no ha surtido efecto.

Una vez que entra en el órgano un nuevo caso –ya sea por una denuncia, por una actuación policial…– uno de los primeros pasos es prestar atención a la valoración de riesgo que, en base al sistema VioGén, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han hecho del mismo. Ese nivel de riesgo puede ir de bajo a extremo y marcará, en parte, las medidas que la magistrada adopte en cada situación.

Estos órganos asumen una guardia semanal que, sin embargo, al contrario de como ocurre en los juzgados de instrucción, solo comprende el horario de mañana. Si el caso se presenta por la tarde o los fines de semana, explica Saura, es el juzgado de instrucción que se encuentre de guardia el que lo asume de inicio, tomando declaración a las partes y adoptando, en su caso, una medida cautelar de forma inicial. Más tarde llega el caso a este órgano. Saura remarca que, si los juzgados de Violencia sobre la Mujer prestasen guardias completas, como los de instrucción, la víctima se vería beneficiada porque «solo tendría que pasar una vez». Hace hincapié en que en algunas comunidades ya se trabaja de ese modo y aboga porque no haya «víctimas de primera y de segunda».

La titular de este juzgado trabaja mano con mano con la fiscal Concha López, que lleva más de 14 años dedicada a la lucha contra este tipo de violencia. «Es súper importante que las mujeres entiendan todo. No debe ser algo formal porque están pasando por un proceso que les va a cambiar la vida», remarca López, que está negociando un acuerdo de conformidad. Estos pactos, muy habituales, agilizan la actividad de estos órganos y permiten que, en el caso de que el agresor reconozca los hechos, se le ofrezca una rebaja de un tercio de la condena. Tras asumir el acercamiento, el exmarido de la mujer que aguarda en la sala aceptará una condena de nueve meses de prisión por quebrantamiento de condena. La jueza remarca que no puede volver a acercarse a la mujer y que, en el caso de hacerlo, tendrá que pisar la cárcel. «Aquí no se dan segundas oportunidades», incide.

La violencia más precoz

La actividad de estos órganos navega entre asuntos de más fácil resolución y otros que, remarcan la jueza y la fiscal, resultan muy complejos. Es el caso, por ejemplo, de las víctimas menores de edad, cada vez más frecuentes y, por lo general, reacias a contar su vivencia. «Suelen venir porque se ha enterado un familiar o la madre le ha visto una herida», explican. Conseguir que la víctima se abra a explicar su calvario es una de las partes más difíciles del trabajo de estas profesionales, que en ocasiones se ven asistidas por una psicóloga de la oficina de atención a las víctimas. «Contar esto no es fácil», razona Saura. «Y no es lo mismo explicar un bofetón que un maltrato habitual en una familia con cinco hijos».

En ocasiones el día a día se ve sobresaltado, además, por uno de esos casos que nadie acierta a entender. Un día después de este reportaje la magistrada Saura envió a prisión provisional a Jesús J. ‘Suso’, el acusado de matar a su hijastra de cinco años en la pedanía murciana de Llano de Brujas en un presunto caso de violencia vicaria. Con crimenes como este, reconoce la jueza, «se me encoge el corazón. Yo estoy aquí para prevenir que pasen cosas así y ojalá mi trabajo no tuviera que existir».

El año pasado llegaron a los tribunales de la Región más de 11.500 expedientes de violencia sobre la Mujer. Estos recayeron en los tres juzgados especializados de Murcia y Cartagena y en los nueve órganos de instrucción que asumen estos procedimientos en el resto de partidos judiciales –de forma exclusiva pero no excluyente–. Estos órganos resuelven sobre asuntos penales pero también civiles, ya que se encargan, por ejemplo, de tramitar los divorcios y de dirimir los detalles relacionados con el cuidado de los hijos cuando la pareja se encuentra inmersa en un caso de violencia machista. A partir del 3 de octubre, cuando entre en vigor la nueva ley que que sacude la Administración de Justicia, estos órganos deberán asumir, además de los delitos de maltrato en el ámbito de la pareja o expareja, otros delitos que afectan a las mujeres, como agresiones sexuales, acoso sexual, matrimonios forzados o la trata de seres humanos, de los que hasta ahora se encargaban los órganos de instrucción.

Los terceros más afectados

Este aumento de las competencias acarreará un incremento de la carga de trabajo de estos órganos que se dejará sentir con especial incidencia en los juzgados de la Región. Un reciente estudio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sitúa a los órganos de la Comunidad como los terceros del país que más se verán impactados por la reforma, con un aumento de la carga de trabajo de hasta un 18,3%. El informe apunta a un incremento medio a nivel nacional de un 12,9% que en el caso de la Región, sin embargo, será bastante más acentuado.

Este cambio supone un nuevo lastre a una Justicia que, atenazada por la elevada litigiosidad y la baja ratio de jueces, repite habitualmente como una de las más lentas del país. En el caso de estos órganos especializados, los asuntos penales se resuelven a día de hoy en una media de 2,5 meses, según datos del propio Consejo. Los procedimientos civiles se van bastante más allá y ya se hacen esperar de media 10,7 meses, más del doble que hace una década. Una tardanza que, advierten los magistrados de esta materia, podría verse incrementada a partir de octubre.

El propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha elaborado un informe en el que bucea en el impacto que esta reforma podría tener en cada partido judicial y apunta a Totana y Murcia como los más perjudicados –con un incremento de la carga de trabajo de un 27% y un 24%, respectivamente–. La sobrecarga se dejaría sentir, algo menos, en Jumilla y Cieza, con un aumento del 11% y del 13% respectivamente. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Murcia, por ejemplo, debería encarar, además de los 2.579 casos que vio el pasado año, otros 511 solo en materia de violencia sexual, por lo que las cifras anuales acabarían sobrepasando los 3.000 procedimientos, una cifra difícilmente digerible.

A comienzos de marzo hasta 135 jueces y juezas especializadas en Violencia sobre la Mujer de todo el país –cinco de la Región– unieron su voz en un comunicado para advertir de que la nueva ley supondrá un «colapso total» si no viene acompañada de una mayor dotación de medios. «El efecto inmediato va a ser el colapso total de unos juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas», remarcaron.

La magistrada Saura enfatiza que la atención a las víctimas se puede ver perjudicada e insiste en que la solución no pasa por reforzar estos órganos, si no por crear secciones especializadas dentro de los órganos de instrucción para asumir una violencia sexual que, además, aumenta año tras año. «No se pueden mezclar churras con merinas porque trabajamos con algo muy delicado».

La comarcalización de los juzgados de violencia de género es una propuesta que lleva años sobrevolando sin llegar a tomar tierra. El aún presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) defiende que la entrada en vigor de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que supondrá un aumento en la carga de trabajo de los mismos, abre una ocasión única para dar ese paso. «En tal situación, que en todo caso exigirá más recursos e inversiones, nos encontramos ante la oportunidad de acometer desde ya la comarcalización de esa materia tan especial y sensible», remarca. La idea es concentrar en solo tres sedes –Murcia, Cartagena y Lorca– la instrucción de todos esos asuntos a nivel regional.

Esta solución ya ha sido solicitada reiteradamente por la Sala de Gobierno del TSJ y cuenta con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial. Pasqual del Riquelme remarca que, a su entender, traería muchas más ventajas que inconvenientes. «Aseguraríamos que todas las víctimas de estos delitos sean atendidas por órganos especializados, evitando el riesgo actual de trato de calidad y recursos diferentes según la residencia de la víctima», remarca.

El presidente del TSJ hace hincapié en que comarcalizar los juzgados de Violencia sobre la Mujer también permitiría aumentar la capacidad y mejorar los tiempos de respuesta del resto de órganos judiciales de la Región, en la medida en que verían reducida su actual carga de trabajo.

Uno de los principales inconvenientes que se han achacado a este cambio sería la mayor distancia entre el lugar de residencia de la víctima y el juzgado. Una traba que, sostiene Pasqual del Riquelme, se podría solventar «con la generalización del uso de la comparecencia telemática desde los puntos de acceso seguros diseminados en todas las sedes judiciales, en las nuevas Oficinas de Justicia Municipal (los antiguos juzgados de paz) y en las instalaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».

William Abrego

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