El Gobierno de Estados Unidos ha convertido la deportación erronea del salvadoreño Kilmar Abrego García a la megacárcel del presidente Yaib Bukele en una cuestión … de Estado. El hombre fue víctima de un «error administrativo», como admitió hace una semana el propio Ejecutivo, que le condujo a ser trasladado a la prisión de El Salvador junto con dos centenares de presuntos pandilleros tras ser considerado miembro de una mara. A medida que el caso ha cobrado trascendencia, el gabinete ha virado de postura y parece ahora empeñado en borrar todo atisbo de equivocación. Dice que el joven migrante no volverá a suelo estadounidense.
Donald Trump se ha visto acorralado por los jueces, que le han ordenado en tres resoluciones consecutivas hacer regresar a Abrego a Estados Unidos, y ha puesto en marcha toda la maquinaria de la Administración para hacer ver que el joven posee el perfil criminal por el que fue expulsado. Mientras la Jusiticia sigue adelante en su propósito de revertir la situación y crece el temor en la familia del migrante y en las organizaciones civiles a que sea asesinado o maltratado en prisión, la fiscal general, Pam Bondi, ha sentenciado que Abrego «no va a volver a nuestro país. Fin de la historia».
El caso de Abrego es inaudito, insólito para los expertos en Derecho Internacional y en derechos fumanos, y las acusaciones contra el Gobierno de Trump están en consonancia. El Tribunal Supremo de Maryland le culpa de «no haber hecho nada» para cumplir su orden de que el joven preso vuelva a su casa, lo que puede abrir una causa al Ejecutivo por desacato. Un Tribunal de Apelaciones ha tildado de «escandalosa» la actitud de la Administración y tres jueces de la Corte de Apelaciones acusan directamente al presidente de tratar de consolidar el «derecho a esconder a residentes de este país en prisiones extranjeras sin la semblanza del debido proceso». En otras palabras, de infringir gravemente el «orden constitucional». Organizaciones de derechos humanos empiezan a considerar el caso del salvadoreño como un «secuestro forzoso».
La entrevista entre Abrego y Van Hollen en una sala del centro penitenciario.
EFE
Kilmar Abrego llegó a EE UU en 2012 con solo 16 años de forma irregular. Su familia lo envió desde su país de origen para evitar que fuera reclutado por las maras. Obsesionados por convertir al joven en uno de sus soldados, los mareros acosaron, extorsionaron y persiguieron a los Abrego, que se vieron forzados a cambiar en dos ocasiones de residencia. Finalmente, optaron porque su benjamín saliera del país.
Kilmar se estableció en Maryland donde fundó una familia y obtuvo la residencia estadounidense. Tiene tres hijos. Pero todo empezó a torcerse en 2019. La Policía le detuvo en las inmediaciones de un centro comercial de Hyattsville dedicado a la venta de materiales de construcción. Un grupo de inmigrantes infundió sospechas a una patrulla, que dijo después que merodeaban por el lugar. Los agentes detuvieron a cuatro jóvenes, entre ellos Abrego, quien aseguró que se encontraba a las puestas del comercio a la espera de que alguien le diera trabajo como albañil.
Protección judicial
Los agentes le esposaron y se lo llevaron basándose en un peculiar protocolo policial para identificar a los mareros. Su indumentaria era parecida a la que utilizan los miembros de la MS-13, la conocida Mara Salvatrucha, considerada organización terrorista en Estados Unidos. Una «fuente confidencial fiable», según la Policía, dijo posteriormente que el arrestado era miembro de la banda.
Las autoridades entregaron a Abrego al Servicio de Inmigración ese mismo año, pero un juez rechazó su deportación. El abogado del joven refutó las acusaciones de que su defendido fuera un pandillero y el magistrado le concedió un estatus particular de protegido tras confirmar que precisamente estaba amenazado por las bandas salvadoreñas y podría ser asesinado si regresaba a su país.
Todo eso saltó por los aires a mediados del pasado mes de marzo cuando una patrulla detuvo su coche en una calle de Maryland. Acababa de recoger a uno de sus hijos en casa de su abuela. Las autoridades habían encontrado su antigua ficha y lo incluyeron entre los casi 250 delincuentes que Trump envió a la cárcel de Bukele el 15 de marzo. No es el único sobre el que existen sospechas de que haya sido traslalado al centro penitenciario sin confirmación oficial de sus delitos.
Desde entonces, la única imagen que ha trascendido de él es la que se ha difundido en las últimas horas con el senador demócrata Chris van Hollen, que este jueves consiguió un permiso para visitarle en el Cecot; el centro correcional de terroristas construido por Bukele como el mayor símbolo de su mandato a la represión de la delincuencia. Abrego, vestido de civil, y Van Hollen están sentados en una mesa con agua y sendas tazas de café, con un fondo ajardinado, aunque algunas fuentes no descartan que las condiciones del detenido en la prisión sean bastante más duras de lo que aparenta la imagen. La foto ha sido distribuida por la oficina del presidente Bukele.
Los demócratas han intensificado sus gestiones y sus declaraciones desde que el Tribunal Supremo dictaminara hace unos días que la Administración debe devolver al joven encarcelado por error a Estados Unidos. Hillary Clinton, exsecretaria de Estado, ha apelado a los «estadounidenses con conciencia» a que se manifiesten y ha avisado del peligro que supone este caso: «Si pueden enviar a Kilmar Abrego García a una prisión extranjera, sin acusarle de ningún delito, sin juicio, pueden hacerlo con cualquiera», advirtió.
Jennifer Vásquez, en una protesta para pedir la liberación de su marido.
Reuters
Pero el desprecio oficial ha sido manifiesto. Después de que los abogados de Estado hayan puesto una serie de disculpas a la orden de retorno, por las que la juez de Maryland Paula Xinis ha advertido al Gobierno de Trump que puede acusarlo de desacato, la fiscal general ha difundido esta noche una serie de documentos que, en su opinión, ahora demostrarían que no ha habido una «equivocación» administrativa.
La Fiscalía, sin límites
Su oficina ha publicado el informe del arresto del migrante salvadoreño en 2019 e incluso aireado una orden de alejamiento que se le impuso en 2021 tras una discusión con su mujer, Jennifer Vásquez Sura. No parecen existir límites para rescatar todo elemento que pruebe que Abrego «no es el hombre tranquilo de Maryland» que dibujan los medios.
La esposa, que luego no acudió a los juzgados a ratificar la denuncia, ha respondido que entonces solicitó la orden por prevención después de haber sufrido maltrato con una pareja anterior. «Pudimos superar esta situación en privado como familia, incluso acudiendo a terapia. Nadie es perfecto y ningún matrimonio lo es», ha manifestado Vásquez Sura en un comunicado. Agrega que aquella demanda «no justifica» el hecho de «secuestrarlo y deportarlo a un país donde se suponía que estaba protegido de la deportación».
La obsesión de los dos gobiernos en mantener a Kilmar en prisión pese a los indicios de su inocencia ha generado todo tipo de análisis entre expertos internacionales. La mayoría coinciden en el «orgullo» de ambos presidentes como motivación principal. Bukele, por otro lado, quizás intente mostrar al mundo la fiabilidad jurídica de su megacárcel y de que en ella no hay detenciones erroneas. En cuanto a Trump, podría tratarse de un desafío más a los tribunales.
Pam Bondi ha mostrado el ángulo más afilado del gabinete trumpista. La fiscal general declaró este jueves que Abrego tiene todas las puertas del país cerradas. «Incluso si El Salvador quisiera devolverlo a Estados Unidos, le mandaríamos en un avión de vuelta. Nunca hubo una situación en la que él se fuera a quedar en este país», ha declarado. Tampoco parece que Nayib Bukele esté muy interesado en hacerle retornar a EE UU. El presidente salvadoreño ha publicado un mensaje tras la difusión de la imagen de Abrego con el senador demóctaa donde ha precisado: «Ahora que se ha confirmado que está sano, tiene el honor de permanecer bajo la custodia de El Salvador».
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Enlace de origen : Trump convierte el 'caso Abrego' en una cuestión de Estado
