IU valora salir del Gobierno si Interior no rompe el contrato de compra de balas a Israel

Esta vez, la liturgia habitual entre ambas alas del Ejecutivo ha ido más lejos que de costumbre. Especialmente un día después de que Sumar volviera a airear sus diferencias con los socialistas después del anuncio de Pedro Sánchez de acelerar el aumento del gasto militar hasta el 2%. Un plan del que, según denuncian desde el lado magenta, «no pasó previamente por la comisión de subsecretarios de Estado», es decir, llegó al Consejo de Ministros sin aviso. De hecho, antes de conocerse el contrato con Israel, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había llegado a defender a primera hora de la mañana, en una entrevista en RTVE y como ha hecho durante crisis anteriores, «la buena salud del Gobierno de coalición». Aunque reconocía las «diferencias» de fondo en este asunto, insistió en que Ejecutivo «agotará la legislatura».

Pero minutos más tarde estas buenas palabras quedaban en papel mojado después de que Interior reconociera que no podía dar marcha atrás a la compra de balas al Estado hebreo esgrimiendo un informe de la Abogacía del Estado. «La anulación hubiera supuesto abonar el precio sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados», argumentan desde el ministerio que dirige Marlaska.

Esto provocó queIzquierda Unida, la organización más beligerante con el gasto militar de la amalgama de partidos que conforman su espacio político, convocara a todas las organizaciones que forman parte del grupo parlamentario de Sumar a una reunión urgente –se celebrará en las próximas horas– para estudiar el papel en el Gobierno mientras su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, abría incluso la puerta a salir del Ejecutivo.

Santiago, que llegó a pedir una «intervención» de Sánchez, exigió la anulación del contrato e insinuó que los socialistas lo mantiene «por motivos políticos»o «por presiones de la OTANy de EEUU»poniendo incluso a disposición de Interior a los servicios jurídicos de su partido ya que, como argumentó, existe una vía jurídica y antecendentes para que el Gobierno pleiteé si hace falta con la empresa israelí receptora del contrato. Y si esto no ocurre, advierte, pedirán la dimisión de Marlaska y de la titular de Defensa, Margarita Robles. «No es aceptable que no haya mecanismos para dejar sin efectos este contrato. Un contrato de seis millones de euros es un contrato muy menor en la contabilidad del Estado. Hay que cumplir lo que se han comprometido la ministra de Defensa y el ministro del Interior. No vemos causa de fuerza mayor para no hacerlo. Si no hay voluntad por parte de cualquier funcionario, otra persona las tendrá que cumplir. Sobre todo cuando se trata de algo tan grave como ser partícipe de un genocidio», denunció.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, por su parte, califico de «inaceptable» el contrato y exigió una auditoría de todos los convenios similares alertando de que esto supone «romper» uno de los acuerdos del Gobierno de coalición. En una carta remitida a su homólogo de Interior, Rego tacha de incompatible con el criterio del Gobierno que su departamento formalice ese contrato, cuando incluso llegó anunciar que lo cancelaría. «Desde el Gobierno de España hemos insistido repetidas veces en la necesidad de detener la compraventa de armas con las autoridades israelíes desde que iniciara el genocidio del pueblo palestino en Gaza en octubre de 2023», relató para recordar que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, como el anterior ministro de Defensa Yoav Galant «están acusados de crímenes contra la humanidad».

Informe de la Abogacía

En ala socialista del Gobierno, donde creían haber capeado el temporal por el anuncio del plan para acelerar el aumento del gasto militar, niegan que existan motivos políticos detrás de esta decisión y muestran su firme intención de no dar marcha atrás por el perjuicio que esto supondría para las arcas del Ejecutivo. «¿Motivos políticos?Si somos el Gobierno que ha reconocido el Estado palestino», explican fuentes de Moncloa, que defienden que este contrato «no se puede cancelar», sobre todo con un informe en contra de la Abogacía. «¿Quién firmaría entonces esa cancelación?No es tan fácil y eso lo sabe la propia Yolanda (Díaz)», insisten.

Desde el entorno de Díaz restaban importancia al conflicto y descartan, prácticamente, que la sangre llegue al río. Sin embargo, la vicepresidenta no dejará pasar a Sánchez de rositas por este asunto. «Es una vulneración flagrante de los acuerdos y, por tanto, exigimos la rectificación inmediata de ese contrato y, en segundo lugar, la comparecencia del ministro para explicar lo que ha sucedido», advirtió durante su visita a Barcelona por el Día de San Jordi.