Las dos caras de la ley de Atención Temprana: más menores atendidos y una espera «invisible»

Para la consolidación de esta subida ha sido necesario hacer crecer también la red de centros de atención al desarrollo infantil y de atención temprana regional (CDIAT), que casi se ha duplicado en el mismo periodo, pasando de 33 recursos de atención especializada a 62, ampliando la cobertura también a municipios que antes carecían de servicio, como Alguazas o Calasparra, destacan fuentes de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad. De estos centros, 15 son de titularidad municipal, mientras que el resto pertenecen a asociaciones privadas. En cuanto a la financiación del sistema, se ha pasado de 5,5 millones de euros en 2021 a más de 23 en 2024.

Carmen Vera, directora del primer centro de atención temprana de la Región, el Virgen de la Caridad de Astus, en Cartagena, que ha dirigido durante los últimos 23 años, considera la ley «un logro» y reconoce «el esfuerzo» del Gobierno regional para que la atención sea «gratuita, accesible y universal» para los niños. «No nos parecía justo que hubiera que pagar por poder acceder a nuestros servicios, que son tan necesarios», señala. Además, defiende que «antes de que se aprobara la ley, las vías para llegar a los centros estaban un poco difusas, con muchos canales y mucho desconocimiento de la familias y, por supuesto, mucha angustia», mientras que «ahora el sistema está muy claro y marcado».

Este establece que cuando el pediatra detecta una necesidad, realiza un informe para su valoración que las familias deben presentar con su solicitud a través de la ventanilla única o de la administración electrónica. Una vez valorado el menor, un procedimiento para el que la ley establece un plazo de hasta 40 días, el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) debe asignarle plaza. Y ahí es donde «muchos centros están encontrando el tapón», denuncia la Asociación de Profesionales de Atención Temprana de la Región de Murcia (ATEMP).

Quejas por la burocracia

María Santos, presidenta en funciones de esta asociación y directora del CDIAT Adamur, de Murcia, advierte de que la ley ha supuesto un fuerte incremento de la espera para la primera atención: «Estamos en casi un año de media, con casos que van de los nueve a los quince meses, entre la valoración y la llegada de la familia al centro, y muchos se pierden también con el proceso burocrático, que es muy farragoso, y pierden mucho tiempo. Eso hace que las familias lleguen muy desgastadas», asegura. «A veces llegan con un año de trabajo perdido, y otras se han ido ya a gabinetes privados».

Esto no ocurre cuando se trata de un caso urgente, donde la atención debe prestarse en menos de un mes. También hay algunos centros donde el plazo es sensiblemente menor. Carmen Vera destaca que, en el caso de Astus, la espera es ahora mismo de cerca de «tres meses», aunque reconoce que conoce varios casos de directores con la problemática denunciada por ATEMP. La Asociación de Profesionales de la Orientación Educativa de Murcia (Apoemur) también ha denunciado «largas listas de espera en los diferentes sectores geográficos de la Región», así como retrasos en la asignación de plazas. «El tapón está en el IMAS –explica María Santos–. La valoración va relativamente rápido, pero luego hay unas plazas concertadas que, como no hay Presupuestos, no se han podido ampliar. En mi centro, por ejemplo, hay plazas libres, pero como tiene concertado un número equis, no pueden mandar a más niños».

«Es una lista de espera invisible», ratifica Isabel Casbas, exdirectora del centro público de Atención Temprana de Lorca, de titularidad municipal, un cargo que desempeñó durante 37 años. «Las familias esperan muchísimos meses, pero preguntas a la Administración y te dice que no hay lista de espera. No la asumen, pero existe».

La falta de Presupuestos también mantiene en pausa la apertura del centro de atención temprana de Santomera, debido al cambio en el objeto de la subvención que iba a ir al Consistorio y que debe recibir Fundown tras la firma del acuerdo para su gestión. «La prórroga del Presupuesto de la Comunidad lo ha dilatado todo», reconoció en el Pleno del 30 de enero el alcalde, Víctor Martínez. «No es de recibo que el centro no se abra de forma inmediata».

María, de dos años y medio, es un ejemplo de lo que una intervención en los primeros compases de la vida puede suponer para un menor con problemas del desarrollo. Cuando Sonia y su marido, José Luis, la adoptaron, ella tenía ya nueve meses, y se encontraba recibiendo atención temprana de fisioterapia, para solventar problemas de movilidad. Poco después estaba caminando sin problemas, pero en septiembre del pasado año, la niña volvió a mostrar dificultades, esta vez con el lenguaje. «En septiembre la pediatra nos mandó al equipo de atención temprana para la valoración y, poco después, Astus nos llamó para que empezara en logopedia. Para noviembre María ya tenía un horario».

Sonia, que ya tuvo que acudir a atención temprana con su hija mayor, con discapacidad, reconoce que, pese a todo, «la burocracia ha sido un poco más larga en esta ocasión». En solo cinco meses de sesiones, la niña ha pasado «de decir ‘papá’ y ‘mamá’ a tener un vocabulario mucho más amplio, se ha notado muchísimo», celebra su madre.