El Ministerio de Transportes ha salido al paso tras la resolución del juez que investiga a José Luis Ábalos para recabar información sobre el presunto cobro de más de 500.000 euros en «rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen» en los ejercicios 2018 y 2019, cuando estaba al frente del departamento. Antes de remitir todos los datos recabados al instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, el ministerio que dirige Óscar Puente ha dado una primera explicación a través de un comunicado para desmentir las sospechas extendidas por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscritos a la Fiscalía Anticorrupción, que hace las veces de Policía Judicial en la causa.
Según Transportes, estos dos abonos en los ejercicios citados, 156.440 y 351.992 euros que estuvieron exentos de tributación, no fueron a la cuenta de Ábalos sino que, en realidad, eran gastos de los viajes que realizó toda la delegación del ministerio aunque se registraron nominalmente al extitular del departamento, según la información remitida a la Agencia Tributaria.
El instructor pidió este miércoles a Transportes que aportara en un plazo de 15 días el concepto, la fecha y la cuenta a la que fueron enviados los pagos efectuados a Ábalos bajo la denominación de ‘rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen’, ante la sospecha, como trasladó la UCO en su informe, de que el actual diputado del Grupo Mixto se hubiera embolsado esta importante suma de dinero sin justificación real.
En respuesta, el ministerio detalla ahora y ante el requerimiento judicial que «dado que los viajes de los ministros se gestionan por el régimen de resarcimiento establecido en el artículo 8 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, la totalidad de los gastos ocasionados por todos los componentes de la delegación que acompaña al ministro en un viaje le son atribuidos a él». «Por tanto,aparecen ligados a su nombre, pero, en realidad, reflejan el coste total de los viajes realizados en esos años», manifiesta.
En este sentido, el departamento hoy en manos de Puente explica que dichos importes fueron abonados en su mayor parte a la agencia de viajes que trabaja con el ministerio. «Hay otra parte del gasto que se abona en metálico en concepto de anticipo y que posteriormente se justifica con todas las facturas correspondientes a los pagos realizados», afirma la nota.
Normativa fiscal
Así las cosas, Transportes incide en que «durante los citados años no se realizó desde la caja pagadora central ninguna transferencia a ninguna cuenta bancaria del que fuera ministro». «De hecho, en la caja pagadora no se dispone de datos de ninguna cuenta bancaria de Ábalos», añade.
Sobre este extremo, señala que durante 2018 y 2019 el personal de la caja pagadora central (funcionarios) interpretó la normativa en materia de IRPF entendiendo que las declaraciones de gastos de viaje de los altos cargos, que se desplazan en régimen de resarcimiento de gasto, eran equivalentes a los expedientes de dietas del resto del personal del ministerio que tienen un carácter individual. «Dicha interpretación llevó a declarar como ‘dietas y asignaciones para gastos de viaje, en las cuantías exceptuadas por gravamen del IRPF’ la totalidad de los importes recogidos en las declaraciones de gastos de los viajes encabezados por el ministro», manifiesta.
En este caso, admite que en ejercicios anteriores a 2018 y posteriores a 2019 no se incluyeron en la información remitida a la Agencia Tributaria los importes relativos a los gastos por los viajes en régimen de resarcimiento, «dado que atribuir el total del gasto a una única persona resulta erróneo (como parece acreditarse en este momento) y no es posible hacer un desglose individualizado del gasto porque el expediente de declaración de gastos es único para toda la delegación».«Cabe señalar como ejemplo que no resulta posible atribuir individualmente gastos como facturas de las comidas o comisiones por cambio de moneda», arguye.
El ministerio asegura que remitirá «toda la información» solicitada por el instructor del Supremo que investiga a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

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