Beneficios, dividendos y un plan marcado de crecimiento para convencer al accionista de su potencial para seguir camino en solitario. Son los tres argumentos sobre … los que Banco Sabadell ha conformado su escudo frente a la opa hostil lanzada por BBVA. Y este miércoles los ha vuelto a poner sobre la mesa con un beneficio neto atribuido de 489 millones de euros en el primer trimestre de 2025, lo que supone un alza del 58,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Los ingresos totales (margen bruto) de la entidad fueron de 1.641 millones de euros entre enero y marzo, un 13,6% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) alcazaron los 1.216 millones de euros, un 1,3% menos.
En las cuentas ha impacto el impuesto especial a la banca, que este año ha cambiado de figura y ha dejado de ser una contribución que se cuenta en la línea de ingresos para pasar a ser un tributo que se contabiliza justo antes del beneficio.
Además, si el año pasado el banco pagó 192 millones de euros por el impuesto, que se contabilizaron íntegramente en el primer trimestre, este año el pago contabilizado entre enero y marzo es de 31 millones. Esta cifra corresponde a la cuarta parte de la cantidad total a pagar estimada para el ejercicio, que se situará así en 124 millones de euros.
La opa de BBVA sobre la entidad vallesana ha entrado en su recta final, después de que Competencia diese la pasada semana su visto bueno a la operación. Una decisión que en el mercado fue interpretada en principio como un éxito asegurado para el banco vasco, pero que en los últimos días se ha puesto en tela de juicio ante la decisión del Gobierno de lanzar una consulta pública para recabar la opinión de ciudadanos y empresas en torno a posibles riesgos para el «interés general», distintos a los analizados por la CNMC.
La consulta, a la que se puede acceder hasta el 16 de mayo, ha sido puesta en cuestión por desarrollarse con preguntas demasiado generales y permitir errores informáticos como que se pueda participar varias veces con el mismo DNI o incluso con datos falsos. En todo caso, el periodo está dentro de los 15 días hábiles con los que cuenta el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para decidir si eleva o no la decisión al Consejo de Ministros, ante la posibilidad de imponer nuevas condiciones o endurecer las existentes tras el informe de Competencia.
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