Jueves, 15 de mayo 2025, 20:11
Nueve años después de su apertura, el Juzgado de Instrucción número 2 de Caravaca de la Cruz ha dictado el sobreseimiento provisional del ‘caso Caravaca Jubilar’. Este procedimiento mantenía investigados a la presidenta, concejala y portavoz del PP de Calasparra, María Marín, quien fue responsable de Contabilidad del consorcio Caravaca Jubilar; y al exgerente del mismo ente público, Juan Rigabert, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La jueza aprecia «múltiples inconsistencias» en la acusación que realiza la Fiscalía y ordena el archivo del caso.
En un auto de 17 páginas, al que LA VERDAD ha tenido acceso, la instructora remarca que, de la investigación desplegada durante estos años, no se desprenden «indicios solventes de criminalidad» contra los dos investigados. «Ni se ha acreditado que sean los máximos y únicos responsables de la anotación contable, confección y presentación para su aprobación durante la totalidad del largo lapso temporal que abarca la investigación (2003- 2014), ni que existiera un plan preconcebido entre ambos para actuar en concierto y sinergia para lograr propósitos ilícitos».
La magistrada tampoco ha encontrado pruebas de que Marín y Rigabert «hayan destinado fondos públicos a fines distintos de la gestión de la mercantil Caravaca Jubilar S.A., ni el apoderamiento para sí mismos o terceros y enriquecimiento patrimonial propio en detrimento del patrimonio público».
En su escrito la magistrada remarca que la Fiscalía, en su acusación, no determina en virtud de qué documento considera a Marín responsable de la contabilidad del ente. Además tilda de «llamativo» que en toda la instrucción, que se ha prolongado durante nueve años y estando personado el ayuntamiento caravaqueño -dueño de Caravaca Jubilar desde diciembre de 2013- «no se hayan traído a autos toda la documentación relativa a la presentación de todas las cuentas anuales presentadas al Consejo de Administración».
La instructora hace hincapié en el auto en que las cuentas del ente fueron auditadas por otra entidad externa entre 1999 y 2014 sin que esos análisis pusieran de manifiesto incidencias.
Las partes de este procedimiento iniciado en 2016, que se encontraba a un paso de la apertura de juicio oral, pusieron en marzo sus cartas encima de la mesa durante la comparecencia de la Ley del Jurado que celebró el juzgado. El Ministerio Público consideró que Marín y Rigabert eran autores de un supuesto delito de falsedad y de otro de malversación, tesis a la que se adhirió la acusación popular -que ejerce un exmiembro de la Ejecutiva del PSOE de Calasparra-. Las defensas, sin embargo, solicitaron una nueva comparecencia de la presidente del PP calasparreño para que pudiera declarar después de que se acogiese inicialmente a su derecho a no hacerlo. Las defensas exigieron además, una pericial contradictoria de la contabilidad de Caravaca Jubilar para desmentir el supuesto desvío de 250.000 euros que se les imputaba.
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Enlace de origen : La jueza archiva el caso 'Caravaca Jubilar' que mantenía investigada a la concejala de Calasparra María Marín
