Lola López Muelas: «La nueva ley de eficiencia no va a salvar la Justicia; los órganos seguirán colapsados»

–Las cifras ya apuntan a unos 400 casos de sustracción parental en todo el país en un año.

–Bueno, 400 son los que se registran por la autoridad central, pero hay otros que no están registrados. Estos son los que pasan por denuncias a través del Ministerio de Justicia, pero hay otros que se contratan directamente al abogado.

–¿Y tienen una estimación de cuántos se dan en la Región?

–No, no sabría decirle. Creo que no hay estadísticas.

–¿Cómo se resuelven estos casos y cuánto suele tardar?

–Depende del caso. Si uno de los progenitores se lleva al niño fuera de España lo importante es actuar muy rápido, igual que si lo traen aquí, porque si no los niños desaparecen y son muy difíciles de localizar. Yo he tenido un caso el año pasado donde el progenitor cambiaba de país todos los meses para que no pudiéramos poner demanda. Llevaba el niño en una caravana y estaba un mes en Francia, un mes en Alemania… De esa manera, claro, los tribunales no podían actuar. Hay que actuar rápido para recuperar al niño si sabemos dónde está, si no tendrá que ser la Policía la que lo localice. Luego es clave contar con un buen abogado en ese país para que ponga inmediatamente la demanda y el niño no llegue a integrarse en ese país.

–Supongo que variará mucho en función del país donde se encuentre el niño.

–Claro. Es importante si ha firmado o no el Convenio de La Haya, si tiene algún convenio con España en esta materia… Hay países que sabemos que no recuperamos a los niños, que no hay manera.

–¿Normalmente cuánto se puede demorar este proceso?

–Depende del país. En España, por ejemplo, tenemos un procedimiento muy rápido que, dice la ley, tiene que durar seis semanas. Normalmente no dura ese plazo. El problema es cuánto tiempo se tarda en poner esa demanda, pero en otros países se puede demorar cinco o seis años. Entonces el niño ya está totalmente desconectado de ese padre o de esa madre.

–El otro día comentó que, ante una ruptura, si uno de los progenitores precisa cambiar de país con el menor necesita una autorización judicial de traslado y que el trámite es largo. ¿Cree que agilizar esa burocracia serviría para reducir este tipo de casos?

–Totalmente. Estaba hace poco con un grupo de expertos hablando sobre la declaración de Washington que establece una serie de principios que se tienen que tener en cuenta para esa reubicación internacional de niños. Si en España hubiera un proceso específico más rápido para autorizar esas salidas y que los progenitores se pudieran ir a otro país porque han encontrado un trabajo o porque se ha roto la familia y quieren volver a su país de origen desde luego no se cometerían tantas sustracciones. Pero claro como saben que van a tardar dos o tres años, que a lo mejor no les dan la autorización o lo tienen todo perdido… pues muchas veces lo que hacen es irse de vacaciones y no devolver al niño.

–La nueva ley de eficiencia procesal, que acaba de echar a andar, establece la obligatoriedad de recurrir a métodos alternativos de solución de controversias antes de acudir a los juzgados. ¿Creen que eso ayudará a aliviar la saturación judicial?

–No, no lo creemos realmente. Lo que creemos es que hay determinados procedimientos que no se pueden dilatar más. Estamos hablando de menores que no están recibiendo alimentos, de menores que no están viendo a sus progenitores… Los abogados siempre intentamos negociar, pero ahora tenemos que intentar negociar. Entonces, entre que nos contesta la otra parte, que hay que esperar treinta días hábiles a que conteste… Realmente el demandado se puede aprovechar de esa situación para dilatar mucho más el asunto. Quizás sea efectivo en otros procedimientos pero lo que es en Familia hay determinadas materias que es urgente tratarlas. Con esta medida se puede dilatar un caso todavía tres meses más, con lo cual si unas medidas provisionales antes nos tardaban siete u ocho meses ahora habrá que echarle tres meses más mientras que intentas negociar con la otra parte.

–Dilatará aún más los casos.

–Lo que estamos diciendo es que hay determinadas materias, como unas medidas provisionales en un caso de Familia, que no pueden exigir ese requisito de procedibilidad. Además el problema es que en la ley se expresan tan mal los términos que en cada jurisdicción y cada juez está decidiendo si va a requerir ese requisito de procedilidad o no. Con lo cual si vamos a Madrid pues a lo mejor para poner una demanda nos lo exigen y si tenemos que poner la misma demanda en Barcelona no lo exigen. Una inseguridad jurídica tremenda. No sabemos lo que tenemos que hacer. Tendría que haber criterios uniformes para toda España.

–Los juzgados de la Región acumulan los tiempos de respuesta más dilatados de todo el país. ¿Cómo afecta esa tardanza a las familias?

–Afecta muchísimo. Los juzgados están colapsados y creo que precisamente con esto los juzgados van a seguir colapsados. El problema es que necesitamos más infraestructura, más jueces, más funcionarios… Esta nueva ley no va a salvar la Justicia. Necesitamos una infraestructura mucho mayor, necesitamos que haya juzgados especializados en derecho de Familia y que todos los equipos estén muy especializados. Ahora, por ejemplo, los psicólogos que están adscritos al juzgado están tardando más de un año en dar un informe psicológico. Lógicamente en ese tiempo que transcurre las relaciones se deterioran mucho. Yo ayer celebré un juicio que habían transcurrido tres años desde que se interpuso la demanda y no es culpa del juez. Es culpa del sistema y de que no hay medios suficientes. Durante ese periodo de tres o cuatro años que pueden transcurrir hasta que celebras la vista y las circunstancias ya han cambiado a lo mejor hay un sufrimiento por parte de los progenitores y de los hijos enorme que necesitan lógicamente una atención mucho mayor y mucho más urgente. La Justicia lenta no es Justicia.