El nuevo Reglamento de Extranjería, que entrará en vigor este martes, abre la puerta a la regularización de unos 300.000 inmigrantes en España, aunque … según las organizaciones sociales deja en el aire la situación de los solicitantes de asilo rechazados.
El texto fue aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado 19 de noviembre y se marca como objetivos adecuar la norma a la situación migratoria actual, satisfacer las necesidades del mercado laboral y de las personas migrantes y hacer frente al reto demográfico español.
El reglamento establece cinco modalidades de arraigo a las que se podrán acoger los inmigrantes para solicitar su regularización: social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad, una modalidad dirigida a las personas que han tenido una autorización de residencia en los últimos dos años y no se hubiera renovado por alguna razón.
También reduce el tiempo exigido de permanencia en España para acceder al arraigo de tres a dos años para acceder al arraigo, flexibiliza los requisitos que se deben cumplir, y permite contabilizar tanto el trabajo por cuenta ajena como por propia desde el primer momento. Todas las autorizaciones iniciales serán de un año (salvo la familiar, que llegará a los cinco) y las renovaciones, de cuatro.
«Equilibrio entre derechos y rigor»
El documento que entra este martes en vigor «representa un equilibrio entre la extensión y protección de los derechos de las personas migrantes y el rigor jurídico y la atención a las necesidades de España«, afirmó la ministra de Inclusión, Elma Sáiz, tras su aprobación en el Consejo de Ministros. »Aporta seguridad jurídica y simplifica trámites y protege derechos, pero además, ofrece nuevas posibilidades a las personas que hayan decidido desarrollar su proyecto de vida en España, a ellas y a sus familias», subrayó.
Sin embargo, las ONG critican que el Reglamento de Extranjería perjudicará a los solicitantes de asilo, ya que si sus peticiones son rechazadas deberán pasar entre seis meses y dos años en situación irregular para poder ser regularizados. También los jóvenes migrantes tutelados y extutelados ven cómo sus condiciones para conseguir la regularización se endurecen.
En este sentido, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha avisado de que los nuevos requisitos de acceso al arraigo para los solicitantes de protección internacional «podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores». En el informe ‘Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados’, registrado en las Cortes Generales, Gabilondo considera que los menores migrantes tienen que hacer frente a complejas prácticas administrativas que dificultan su integración.
600.000 firmas
Para tratar de evitar los problemas que puede originar el Reglamento de Extranjería, el PSOE estudia aceptar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permitiría regularizar de forma extraordinaria a un total de 500.000 inmigrantes, según anunció el lunes el portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello.
Esta ILP, presentada el 9 de abril de 2024 y con 600.000 firmas de apoyo, buscaba que se pudiera regularizar la situación legal de todas las personas que hubieran entrado en España antes de una determinada fecha que estaba por decidir. Todos los grupos de la Cámara baja, menos Vox, apoyaron en abril del año pasado la toma en consideración de la iniciativa, que ha estado paralizada trece meses y que ahora vuelve a ponerse sobre la mesa para permitir la regularización de quienes se queden fuera del Reglamento de Extranjería.
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