El nuevo Reglamento de Extranjería, que entró en vigor ayer, empujará a una situación «de irregularidad sobrevenida» a «cientos de solicitantes de asilo … en la Región de Murcia». Así lo anticipan entidades del tercer sector dedicadas a ayudar a estos ciudadanos llegados a la Comunidad huyendo de sus países y que han reclamado protección por ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenecer a un determinado grupo social o por sus opiniones políticas.
El colectivo ha experimentado un crecimiento del 21,6% en lo que llevamos de año. Desde el 1 de enero al 30 de abril de 2025, 1.325 personas solicitaron protección internacional en la Región de Murcia frente a las 1.090 que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior, un ejercicio que se cerró con un total 3.565 peticiones. Cabe destacar que 2024 fue, además, el año con mayor cifra de resoluciones de la historia de la Oficina de Asilo y Refugio, con 96.251 expedientes de protección internacional, sin contar 2020, marcado por la situación excepcional de la pandemia.
3.565
es el número de solicitantes
de protección internacional registradas en la Región de Murcia en 2024. De mantenerse la tendencia vista hasta el 30 de abril, 2025 podría superar los 4.300, aunque las entidades creen que el nuevo reglamento tendrá un efecto disuasorio
El problema del nuevo reglamento es que establece que el tiempo transcurrido entre la solicitud de protección internacional y la resolución ya no computa como periodo válido de estancia en España para optar al arraigo y poder regularizar la residencia en caso de denegación. Ahora, solo una vez obtenida esa respuesta negativa, y tras permanecer al menos dos años en situación irregular, es posible solicitar alguna de las figuras de arraigo contempladas. Por ello, desde Accem Región de Murcia advierten de que «muchas personas que ya están incorporadas al mercado laboral van a perder su autorización de trabajo al ver denegada su solicitud, y se verán forzadas a una situación de irregularidad sobrevenida».
La asociación de ayuda para las Personas Refugiadas y Migrantes en Murcia, Parem, estima que los afectados se contarán por «cientos» en la Comunidad, y que esto se notará «en el crecimiento del número de personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad en la Región». «Se van a encontrar con que, si les deniegan el asilo, tendrán que empezar a contar su tiempo de cero, como si no hubieran estado en España», lamenta la presidenta de la entidad, Adriana Trafonsky. Y las probabilidades de que una negativa son altas. Solo una de cada ocho solicitudes son aprobadas, según los datos del Ministerio de Interior.
El nuevo reglamento llega en un contexto de aumento sostenido del número de solicitantes de protección internacional en España. En 2022, se registraron 118.842 peticiones, 163.218 en 2023 y 167.366 en 2024. «Estas cifras reflejan una realidad creciente que exige marcos legales que conjuguen el respeto a los derechos de las personas con herramientas eficaces para su integración», señalan desde Accem.
Los cambios que entraron en vigor ayer suponen que ya no se contabilice como tiempo válido en España el transcurrido desde la solicitud a la denegación
En el momento de la solicitud, los peticionarios de asilo reciben la ‘tarjeta roja’, un documento provisional que les permite residir legalmente en el país y, en algunos casos, trabajar mientras se resuelve su expediente. «Lo que han tenido que hacer muchos para evitar verse sin papeles es renunciar a su petición de protección para no perder el tiempo que ya han estado en España cuando reciban la denegación. El problema es que muchísima gente no se ha enterado de lo que les va a pasar», asegura la responsable de Parem. «Al renunciar, tienen un año de plazo transitorio para presentar documentación para arraigo sociolaboral o socioformativo».
El plazo máximo legal para la resolución del asilo es de seis meses y, en situaciones urgentes, puede reducirse a tres, sin embargo, la demora en la Región está «muy por encima de lo que establece la ley» debido a la falta de personal en la Oficina de Extranjería. «Tenemos casos de esperas de hasta tres años», denuncia Parem, que también alerta del retraso de varios meses en las citas de una oficina donde los propios funcionarios reclamaron el lunes refuerzos frente a la Delegación del Gobierno. «Confiamos en que haya alguna modificación respecto al asilo –apuntan desde Parem–, pero no sabemos si va a llegar ni cuándo, y la situación va a ser terrible».
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