La jueza abre juicio oral contra el hermano de Sánchez y el líder del PSOE extremeño por el presunto enchufe

La causa abierta a David Sánchez, el hermano músico del presidente del Gobierno conocido en su círculo profesional como David Azagra, ha dado hoy un salto cualitativo que proyecta sus consecuencias sobre el convulso escenario político español. La jueza Beatriz Biedma ha decidido este jueves la apertura de juicio oral contra Sánchez, el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas vinculadas a la institución provincial por el presunto enchufe laboral del primero valiéndose de su parentesco con jefe del Gobierno. Es la primera vez en democracia que un presidente afronta un trance semejante con un familiar directo.

En este último auto y tras un año de instrucción, la instructora ve los suficientes indicios de la comisión de los posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias y decide que haya juicio oral. El escrito ha sido notificado esta misma mañana a las partes personadas. La resolución interfiere, aun con consecuencias por determinar, en el movimiento que emprendió el viernes Gallardo para tratar de conseguir el aforamiento por la vía de anunciar su renuncia a la Diputación y convertirse en parlamentario autonómico, previa salida de quien ocupa el escaño y de los cuatro suplentes en la lista electoral.

La fecha en la que se acuerda la apertura de juicio oral es determinante en el caso del régimen del aforamiento. Así, queda en el aire si el líder de los socialistas extremeños, al que Ferraz intentó ganar, sin éxito, con candidaturas alternativas en sendas primarias y que está enfrentado con sectores del partido en la región, ha adquirido ya su condición de aforado. Ayer miércoles registró en la Asamblea la credencial emitida por la junta electoral de zona y su petición de ingreso en la cámara, aunque aún no ha tomado posesión del acta.

Según expone la jueza, «se declara órgano competente para conocer y juzgar esta causa el Juzgado de lo Penal de Badajoz que por turno de reparto legal corresponda».

Como se ha ha informado, las acusaciones populares solicitan tres años de cárcel y varios de inhabilitación tanto para Sánchez como para Gallardo, mientras que la Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa. La jueza Biedma, sin embargo, no ha esperado a que se resuelvan los recursos planteados por las partes en la Audiencia para decidir la apertura de juicio oral.

En sus fundamentos de Derecho del auto, la jueza Biedma explica esta decisión y asegura que «habiéndose resuelto los recursos de reforma interpuestos (ante ella), la admisión de los recursos de apelación no tiene efecto suspensivo del procedimiento, por lo que procede el dictado de la presente resolución». Dicho de otra manera, que no es necesario esperar a que la Audiencia resuelva los recursos interpuestos tanto por las defensas como por el Ministerio Fiscal.

Respecto a la apertura de juicio oral, solo a instancias de la acusación popular cuando el Ministerio Fiscal ha solicitado el sobreseimiento del procedimiento mediante un recurso de apelación, la jueza Biedma asegura en el auto «que existe una doctrina consolidada del Tribunal Supremo» que «avala esta decisión».

Asimismo, la jueza indica que aún no procede a la fijación de la fianza porque en este momento no está fijada la cuantía ni las responsabilidades civiles solicitadas.

Petición de las acusaciones

Las acusaciones populares, unificadas en Manos Limpias y de la que también forman parte Vox y PP, piden tres años de cárcel tanto al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, como al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. A este último también le piden quince años de inhabilitación.

William Abrego

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