Punto final a más de un año de instrucción. La jueza Inmaculada Iglesias ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado (el equivalente al … procesamiento) contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por dos fraudes fiscales en los ejercicios 2020 y 2021 y por falsificación de documentos mercantiles para cometer esas irregularidades fiscales.
La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, que deja así a un paso del banquillo a Alberto González Amador a expensas de la resolución de los posibles recursos , también propone juzgar en este mismo procedimiento al supuesto testaferro del empresario, el mexicano Maximiliano Niederer, y otras tres personas, acusada de haber colaborado en la comisión de los delitos.
Iglesias cierra así la investigación sobre el posible doble fraude, que era la pieza principal de esta causa en la que se indaga sobre el supuesto fraude a Hacienda de 350.951 euros, pero seguirá instruyendo la pieza separada en la que la pareja de la presidenta está imputado por corrupción en los negocios y administración desleal por el pago de supuestos sobornos al grupo Quirón.
La instructora Iglesias, en esencia, considera ciertas las conclusiones de la Agencia Tributaria (ratificadas el pasado marzo por dos inspectoras) de que González Amador se dedicó a endosar gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades que no se correspondían con servicios realmente prestados (de ahí la acusación también de falsedad en documento mercantil) con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021.
La jueza no atiende el argumento de la defensa de que todo fueron discrepancias «técnicas» y «fácticas» y considera probado que con esas maniobras González Amador dejó de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 de la la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S. L. una cuota de 155.000 euros y por ese mismo impuesto de 2021, una cuota de 195.951 euros.
En el marco de esta pieza principal fue en el que en febrero de 2024 el abogado de González Amador, Carlos Neira, envió un mail al fiscal Julián Salto, que investigaba el supuesto fraude del empresario, en el que reconocía que su cliente efectivamente había cometido ese doble delito fiscal y en el que se mostraba dispuesto a alcanzar un acuerdo para solventar este asunto con una multa y una pena mínima de prisión que no supusiera la entrada en la cárcel. Aquel polémico mail fue el que se acabó filtrando a la prensa en marzo del pasado año y que ha acabado con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado ante el Tribunal Supremo por revelación de secretos.
Supuesto soborno
Al margen del procedimiento al fiscal general y de esa pieza principal por la que el novio de la presidenta autonómica se va a sentar con toda probabilidad en el banquillo, la jueza investiga desde el pasado octubre al empresario en una pieza separada que se basa en un informe de la Agencia Tributaria, donde se sitúa a la mercantil Masterman S.L. como una empresa pantalla utilizada presuntamente por la mercantil Maxwell Cremona, de la que González Amador es administrador único, «para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L», su pagador.
La acusaciones defendieron que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber «una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L, en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención», Fernando Camino.
La jueza, por tanto, seguirá todavía indagando si, tal y como sostienen esas acusaciones, ese dinero podría tratarse de «una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS e Inteconn, ya que como resultado de esas operaciones Maxwell facturó a ambas mercantiles 2.021.900 euros en 2020».
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Enlace de origen : La jueza procesa al novio de Ayuso por fraude fiscal y falsificación de documentos
