Bruselas y la Airef fuerzan al Gobierno a someter a la reforma de las pensiones a una nueva revisión

«El Gobierno está firmemente comprometido con la sostenibilidad del sistema de pensiones y esa ha sido la motivación de todas las reformas realizadas desde 2021. En ese contexto, y en línea con las recomendaciones de la Airef y de la Comisión Europea, el Gobierno, en un ejercicio de responsabilidad y transparencia, pedirá a la Airef un informe adicional en junio de 2026», argumentaron fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz.

Así, nuevamente será la Autoridad Independiente (Airef) la que se encargará de elaborar el nuevo informe en el que ya se tienen que tener en cuenta las revisiones del PIB y en el que las transferencias que todos los años inyecta el Estado para pagar las pensiones -porque no llega con la recaudación de las cotizaciones- no tienen por qué considerarse ingresos del sistema. Desde el ministerio, no obstante, recalcan que no se trata de «un nuevo examen» ni supone «una nueva evaluación», sino que es un «ejericio de trasnparencia que pretende reforzar la confianza en la sostenibilidad del sistema».

Regla de gasto con «muchas debilidades»

Fue el pasado 31 de marzo cuando la Airef dio el visto bueno a la reforma de las pensiones capitaneada por el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, avaló los números y cerró la puerta a tener que elevar las cotizaciones o poner en marcha medidas adicionales hasta dentro de tres años, cuando tocaba de nuevo someterse a otro examen.

Sin embargo, la presidenta de este organismo, Cristina Herrero, dejó claro, durante la rueda de prensa del informe, que este ‘aprobado’ se lo daban con la boca pequeña, obligados en realidad por la regla de gasto que había impuesto el Ejecutivo y que, a su jucio, no sirve para medir si el sistema es sostenible. «La regla de gasto tiene muchas debilidades y limitaciones para que pueda ser considerado un indicador de sostenibilidad», repitió en varias ocasiones en aquel momento Herrero.

Por ello, el Gobierno ha incluido en un proyecto de real decreto que tendrá tramitación urgente este nuevo informe adicional sobre las pensiones que, un año después de la primera evaluación, permitirá tener en cuenta las revisiones y datos de crecimiento y empleo más recientes, así como la existencia de más evidencia sobre el impacto sobre la sostenibilidad del sistema de reformas estructurales tan importantes como la reforma laboral.

Además, se han quitado de este examen «adicional» las transferencias de impuestos que el Gobierno incorporó, como si fueran nuevos ingresos, el pqasado febrero para tratar de evitar un ajuste, según consta en el texto legal al que ha tenido acceso este periódico y que ha entrado en audiencia pública.