Punto final. Ocho meses después de que el Supremo imputara por primera vez en la historia judicial de España a un fiscal general del Estado, … el alto tribunal volvió a hacer historia hoy al convertir a Álvaro García Ortiz en el primer máximo responsable del Ministerio Público en ser procesado por un delito penal. Pero no solo. El juez Ángel Hurtado, instructor en el Supremo de la causa contra García Ortiz, da por concluida la investigación sobre la supuesta intervención del fiscal general implicando además directamente a Moncloa en las maniobras para filtrar en marzo de 2024 el correo electrónico en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales.
Hurtado pide sentar en el banquillo a García Ortiz por un delito de revelación de secretos al entender que hay indicios suficientes de que él participó de aquella operación delictiva tras entrar en una «dinámica frenética» por las «indicaciones» de Presidencia de Gobierno de que había que dejar claro que el Ministerio Público no había ofrecido ningún pacto a la pareja de la presidenta madrileña. Y en esa estrategia delictiva , estuvo ayudado por la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la otra coimputada, a la que el juez también aspira a sentar en el banquillo.
En síntesis, el instructor en su auto de transformación de procedimiento abreviado que «a nivel indiciario», cabe «presumir» que aunque el fiscal general del Estado borró a conciencia sus dispositivos móviles (no solo canceló los datos de su terminal sino que cambió de móvil el 23 de octubre de 2024, justo una semana después de que el Supremo le encausara) la película de los hechos apuntaría a que él dio la orden de filtrar el famoso correo del letrado de Alberto González Amador cuyo sentido trascendió a la prensa la noche del 13 de marzo y cuyo contenido íntegro fue hecho público por El Plural la mañana del 14 de marzo.
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La filtración concreta de esa mañana de ese mail (y no los supuestos ‘soplos’ anteriores a la prensa de la existencia de ese correo o la publicación el 14 de marzo de una nota oficial de la Fiscalía dando detalles de esa comunicación) es la que va a acabar con García Ortiz y Rodríguez ante un tribunal con toda probabilidad, a expensas de que se resuelvan los recursos sobre su procesamiento. El magistrado -que hoy dio diez días a las partes para manifestarse sobre ese nuevo paso- insiste en su resolución que ve delito en la difusión de ese mail por ese correo «contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad».
Fue en ese mail concreto, fechado el 2 de febrero de 2024, en el que el abogado Carlos Neira informaba a la fiscal del caso, Julián Salto, de su voluntad de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público para pagar una multa y aceptar una pena de cárcel que evitara a su cliente pisar la cárcel tras reconocer que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública». Neira se refería a la acusación del fisco contra González Amador, por la que ya ha sido procesado el pasado mayo, de haber dejado de de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 de la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S. L. una cuota de 155.000 euros y por ese mismo impuesto de 2021, una cuota de 195.951 euros.
«Dinámica frenética»
Y todo este operativo para la filtración, explica el instructor, lo montaron los dos imputados «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». Esa maniobras, sostiene Hurtado, empezaron después de que El Mundo a a las 21:29 horas del día 13 de marzo enviara una información titulada «la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales». El fiscal general del Estado, «con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía» sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, «entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo».
Hurtado hace una reconstrucción pormenorizada de lo ocurrido la noche del aquel 13 de marzo y la mañana del día siguiente y de la actuación de García Ortiz y Rodríguez. Afirma que las comunicaciones para dar filtrar el correo comenzaron con una conversación telefónica mantenida con la fiscal jefe provincial de Madrid minutos después de las 21:29 horas, tras la cual, ésta realizó un par de llamadas telefónicas al fiscal encargado del caso, Julián Salto Torres, para solicitarle, por encargo del propio fiscal general del Estado que le remitiera inmediatamente los correos electrónicos intercambiados entre él y el letrado de Alberto González Amador, iban porque a hacer una nota para desmentir una información que estaba circulando por la redes, lo que así hizo.
El juez hace hincapié en que entre esos correos que la fiscal jefe remitió al mail privado del fiscal general figuraba efectivamente el famoso mail del 2 de febrero de 2024 con el reconocimiento de la comisión de dos delitos fiscales. La primera actuación de García Ortiz -afirma el instructor- fue Relata Hurtado que el mismo 13 de febrero Rodríguez «facilitar» el mail a la cadena Ser para que esa misma noche «le diera publicidad, conscientes ambos de que revelaría el contenido confidencial de ese correo».
Supuesta implicación de Moncloa
La resolución agrega que, paralelamente a la confección de una nota oficial que acabaría publicándose la mañana del 14 de marzo de 2024 desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo de 2 de febrero de 2024, se envió copia de él a Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete del entonces a su vez jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López (actual ministro y candidato socialista a la Comunidad de Madrid). Acera, afirma Hurtado, «usó» el mail para dar «instrucciones» a Juan Lobato, portavoz entonces del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo exhibiese en su intervención en la sesión del día 14 de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en contra Isabel Díaz Ayuso.
El instructor destaca que el referido correo de 2 de febrero de 2024 «contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía, que han de presidir este tipo de conversaciones, como habría de ser en cumplimiento del protocolo de conformidad suscrito por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía, y que llevan aparejado un deber de discreción, por razón del cual no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación».
«Además –añade el juez- la filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad, que pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado».
El instructor indica que «todo ello fue asumido por los investigados, desde el momento que, a una información confidencial de la que tuvieron conocimiento por razón de sus respectivos cargos como fiscales, le dan una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzado, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida».
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Enlace de origen : El juez procesa al fiscal general y apunta a Moncloa por ordenar la filtración sobre el novio de Ayuso
