El ‘caso Koldo’ entró en una nueva dimensión el pasado 5 de junio cuando el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Unidad Central … de Operativa (UCO) entregó al juez del Supremo Leopoldo Puente, un vasto informe, todavía secreto, que versa sobre supuestos amaños millonarios de obra pública en la época de José Luis Ábalos al frente de Transportes. Ese esperado informe encargado por el propio instructor Puente a los agentes hace semanas provocó que el martes, de forma simultánea al registro ayer de la casa de José Luis Ábalos en Valencia, los funcionarios allanaran o se personaran para requerir información en diferentes empresas de construcción, supuestamente beneficiadas con contratos públicos irregulares gracias a la mediación de la ‘trama Koldo’. Según fuentes de la investigación, en el centro de esta nueva fase de la investigación, que «trasciende» ya a los propios Ábalos y Koldo García, están firmas de Vizcaya, Granada, Valencia, Madrid y Navarra.
En esta última comunidad precisamente el martes y con el mismísimo teniente coronel Antonio Balas (el mando de la Guardia Civil que era el objetivo principal que quería cobrarse la ‘fontanera’ Leire Díez) al frente del operativo fue allanada la sede en Pamplona de la empresa Servinabar 2000 Obras y Servicios S.L. Esta compañía ganó la adjudicación por 76 millones -junto Acciona y Osés Construcciones- del desdoblamiento de los túneles de Belate en Navarra.
Esta obra, que ha sido objeto de denuncias por las supuestas irregularidades que detectaron los propios técnicos durante la licitación, es además una de los cincos contratos por los que Santos Cerdán se interesó el pasado 9 de mayo, cuando por primera vez en su trayectoria como diputado preguntó en el Congreso por las adjudicaciones de construcciones civiles en Navarra. Precisamente justo después de que diferentes medios apuntaran la posibilidad de que hubiera comunicaciones entre él y Koldo García sobre contratos de obras del Ministerio de Transportes y que estos supuestos mensajes iba a componer el grueso del informe que el juez Leopoldo Puente ha encargado a la UCO sobre la supuesta intervención de Cerdán en esta trama, después de que Víctor de Aldama le acusara de exigir un «cupo vasco» para el partido por obras adjudicadas en Euskadi.
De Aldama entregó al juez Puente documentación poniendo en cuestión la limpieza en 128 adjudicaciones del Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021 que suman 54 millones de euros. Entre el material que presentó Aldama figura una hoja con licitaciones del Ministerio y anotaciones manuscritas. Un informe pericial encargada por el Supremo determinó que las anotaciones fueron efectivamente realizadas por Koldo García, aunque este siempre lo ha negado.
Víctor de Aldama afirmó que la mayoría de estos contratos fueron a tres empresas: Obras Públicas y Regadíos SA, Áridos Anfersa SL y Levantina, Ingeniería y Construcción SL. El conseguidor, en otro escrito, confesó haber ingresado dos «comisiones» de casi 100.000 euros, de las empresas Levantina Ingeniería y Construcción y Grupo Azvi por sus gestiones ante el ministerio que dirigía Ábalos.
«350 diputados»
El pasado 20 de mayo Cerdán preguntado sobre el contenido del futuro informe que el juez del Supremo Leopoldo Puente ha encargado a la Guardia Civil sobre la supuesta relación del número 3 del PSOE con la ‘trama Koldo’, aseguró que como diputado de por la comunidad foral «ha hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra». Y que como coordinador territorial del PSOE en el año 2020, también preguntaba por obras en el resto del territorio, «como han hecho los 350 diputados que hay en el Congreso». «Y os digo una cosa -concluía- ninguna de esas preguntas es constitutiva de ningún delito. Eso lo tengo clarísimo».
Según el Registro del Congreso, en la fallida XIII legislatura de 2019, en la que debutó Cerdán en el Congreso, no hizo ni una sola pregunta de ninguna naturaleza.
En la XIV, 2019-2023, y que engloba el lapsus temporal que investiga la UCO, la actual mano derecha de Sánchez hizo 79 preguntas escritas de muy diferentes naturaleza y muchas referidas a Navarra pero ninguna de ellas sobre adjudicaciones de obras civiles en la comunidad foral o en el resto del Estado. Santos Cerdán demandó información sobre reparto de fondos europeos, pymes, ayudas por el covid, libros de texto, enfermedades raras, autónomos o, por ejemplo, violencia de género, pero ni una sola sobre licitaciones de obras.
En la actual XV legislatura, que comenzó el 17 de agosto de 2023, Cerdán ha sido muy poco activo. Hasta el pasado 9 de mayo, día en el que se disparó su curiosidad parlamentaria, el diputado socialista solo había formulado dos preguntas y ninguna ella sobre obras públicas. Las demandas eran sobre castillos y sobre la Universidad Pública Navarra.
De golpe
Pero ese 9 de mayo registró de golpe ocho preguntas, cinco de las cuales, por primera vez en sus seis años de historia como parlamentario nacional, versaban sobre obras públicas. Las demandas de información eran las siguientes: inversiones, proyectos de trazado y constructivos, y licitaciones en el Corredor Navarro de Media Distancia durante los años 2011 a 2018 y 2018 a 2024; inversiones, proyectos de trazado y constructivos, y licitaciones en el Corredor Navarro de Alta Velocidad durante los años 2011 a 2018 y 2018 a 2024; inversión realizada en la terminal multimodal de transporte de mercancías de Noáin durante los años 2011 a 2018 y 2018 a 2024; inversión realizada en la A-15 y en la A-21 durante los años 2011 a 2018 y 2018 a 2024; e importe transferido y acordado a la Comunidad Foral de Navarra para la mejora de la N-121-A y de los túneles de Belate y Almandoz durante los años 2011 a 2018 y 2018 a 2024. Esta última obra es en la que participó la empresa allanada este martes por la UCO.
Se da la circunstancia que ya desde principios de mayo existen en círculos jurídicos intensos rumores que el informe de la UCO, que el juez Puente encargó en febrero elaborar sobre Cerdán basándose en la información incautada a Koldo García, podría poner en apuros al número 3 del PSOE.
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Enlace de origen : La UCO registra una de las empresas por las que se interesó Santos Cerdán en el Congreso
