La Audiencia señala ya juicios para 2029 ante el imponente atasco de asuntos en la Región

La circunstancia de señalar un juicio con un plazo de hasta cuatro años por delante puede resultar insólita, pero es una realidad en la administración de justicia regional. El caso de la Audiencia es de los más preocupantes, pero no el único. Los plazos judiciales en la Comunidad llevan ya un tiempo demasiado dilatados. Esta administración, tradicionalmente atenazada por la elevada litigiosidad y la falta de medios, soporta unos tiempos de respuesta cada vez más largos. Los juzgados de la Región, que habitualmente se colocaban como los segundos más lentos del país por detrás de los manchegos, dieron el ‘sorpasso’ en 2023 y ya son los que más tardan en resolver del país.

Más de 350 vistas en un año

Para hacerse una idea del volumen de trabajo fuentes judiciales explican que cada una de las dos secciones penales de la Audiencia –la segunda y la tercera– programa inicialmente unas 90 sesiones anuales de juicio. Los señalamientos efectivamente celebrados, sin embargo, multiplican por más de tres esa planificación inicial. El último año, por ejemplo, se celebraron más de 350 vistas. A la agenda programada inicialmente, se añaden los señalamientos urgentes o con régimen preferente que van teniendo entrada en cada una de las secciones, como causas con preso, delitos sexuales cometidos contra menores o procedimientos con jurado.

Mensualmente, para tratar de aligerar la agenda, el tribunal organiza algunas jornadas en las que concentra un número elevado de vistas breves, en las que podría darse un reconocimiento de hechos por parte del acusado y un acuerdo de conformidad. En el caso de que ese pacto se selle, el asunto se resuelve en ese mismo momento y no obliga a señalar una nueva vista. Si no se alcanza el consenso, el procedimiento debe aguardar su hueco en la apretada agenda.

Con estos mimbres las dos secciones penales de la Audiencia –la segunda y la tercera– soportan a día de hoy una carga de trabajo muy superior a la media nacional. La Sección Tercera, sobre la que recaen además los casos de violencia de género, recibió en el último año 1.764 asuntos, frente a los 1.663 de media del resto de secciones provinciales, conforme a los datos facilitados por el TSJ. La Sección Segunda arrastra, por su parte, una de las tasas de pendencia más elevadas de España. La cifra de asuntos pendientes de resolver –1.231– triplica la media nacional –397–.

Fuentes judiciales explican, además, que esa saturación de la Audiencia guarda relación también con la especial complejidad de los procedimientos. El tribunal maneja en estos momentos un elevado número de causas relacionadas con delitos graves o macrocausas con múltiples partes. Ese hecho implica que los juicios son de muy larga duración, algunos con más de diez sesiones, llegando incluso a medio centenar, lo que complica sobremanera su encaje en la agenda.

Creciente litigiosidad

Fuentes judiciales inciden en que la última sección penal creada en la Audiencia fue en el año 2000. En estos 25 años no se ha producido ningún refuerzo estructural –a excepción de la creación dos plazas de magistrado– pese al notable aumento de litigiosidad y a la creciente complejidad de los casos. Ante esta situación, el TSJ ha reclamado la creación de una nueva sección. Esta demanda, insiste Larrosa, «está respaldada tanto por los datos objetivos como por la experiencia diaria de quienes administran justicia en nuestras secciones penales».

El presidente de la Audiencia hizo hincapié en que el objetivo «es redistribuir la carga, acortar plazos y tratar de dar una respuesta judicial en tiempos razonables para la ciudadanía». La administración de Justicia en la Región, remarcó, «no puede permitirse seguir funcionando al límite de su capacidad sin comprometer el derecho de los ciudadanos a un juicio sin dilaciones indebidas. Es responsabilidad de todos adaptar los medios a las necesidades reales de la justicia penal».