España es uno de los países de la OCDE más expuestos a la intensificación de la sequía, un fenómeno que ya no es considerado episódico, … sino estructural, con implicaciones directas para la estabilidad económica del país. Así lo concluye el nuevo informe ‘Global Drought Outlook 2025’, publicado este martes por la OCDE, que advierte de una tendencia persistente hacia la aridez en amplias zonas del territorio español y de los riesgos económicos que conlleva no adaptar las políticas públicas a esta nueva realidad climática.
Entre 1980 y 2023, más del 60% del territorio español experimentó una disminución estadísticamente significativa en los niveles de humedad del suelo. Se trata de uno de los porcentajes más altos entre los países miembros de la OCDE, y afecta de forma especialmente intensa al sur y este peninsular. Esta pérdida de humedad, asociada al aumento de temperaturas y a la irregularidad de las precipitaciones, tiene un efecto directo sobre la productividad del suelo, la disponibilidad de agua y la viabilidad de sectores económicos que dependen de ellos.
El informe no incluye cifras específicas sobre las pérdidas económicas por país, pero sí aporta estimaciones a escala global que permiten contextualizar la gravedad del problema. Según la OCDE, el impacto económico medio de una sequía en 2025 es ya al menos el doble que en el año 2000, y se espera que aumente en un 35% adicional de aquí a 2035. En el sector agrícola, particularmente sensible a las condiciones climáticas, las sequías pueden reducir el rendimiento de cultivos como trigo, maíz o soja hasta en un 22% en años especialmente secos.
En el caso español, donde el regadío representa aproximadamente el 80 % del uso del agua, la OCDE advierte de que los modelos intensivos de consumo agravan la exposición a la sequía. El uso insostenible de los recursos hídricos, señala el informe, puede multiplicar hasta por treinta la intensidad de sus efectos, al debilitar la capacidad de los ecosistemas y acuíferos para recuperarse. Esta dinámica se refuerza con la disminución del caudal de los ríos: el 90% de los cursos fluviales en la región mediterránea europea han experimentado descensos desde 1950, situación que afecta directamente a España.
Además de sus efectos directos en la agricultura y el agua, el informe señala que la sequía genera impactos indirectos en múltiples sectores económicos. El turismo rural y de interior, la industria alimentaria, el transporte fluvial y la generación hidroeléctrica se ven afectados por la escasez prolongada de agua. También se advierte de consecuencias sociales y económicas más amplias: la pérdida de productividad agrícola y de acceso al agua puede provocar migraciones internas, abandono de explotaciones y un aumento de la desigualdad territorial, especialmente en zonas rurales ya vulnerables.
En este contexto, la OCDE señala que los marcos actuales de política económica no están suficientemente preparados para gestionar un riesgo de esta naturaleza. El informe subraya la necesidad de integrar el riesgo de sequía en la planificación fiscal, en la política de inversiones y en la gestión del territorio. Insiste, además, en la urgencia de transformar el enfoque hacia el agua: mejorar la eficiencia, adaptar la infraestructura, restaurar los ecosistemas y replantear la asignación de recursos para reflejar mejor su escasez creciente.
«La sequía ya no puede tratarse como una emergencia temporal. Es una condición estructural en regiones como la Península Ibérica, con implicaciones económicas profundas y duraderas», concluye el informe. Para España, donde el agua ha sido históricamente un recurso limitado, la advertencia es clara: adaptarse de forma rápida y estructural o afrontar un deterioro económico progresivo que afectará tanto a la competitividad como al equilibrio social y territorial del país.
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