Preocupación por la «desafección» interna en el PSOE

Fernández reclamó «contundencia máxima contra la corrupción y los corruptores», pero no ocultó que le «preocupa todo»: desde el contenido «bochornoso» de ese informe conocido la pasada semana a la reacción de la ciudadanía y, sobre todo, lo que opina su propia militancia, que admite que es lo que más inquieta: «Se dejan su tiempo para trabajar con nosotros, y es lo que más nos preocupa, porque todo esto puede generar desafección».

Para la portavoz socialista en la Asamblea, «toca ser contundente contra lo que se ha sabido y explicar a los ciudadanos y militantes lo que estamos haciendo», al tiempo que se refirió a que los datos económicos respaldan la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y su respuesta a las diferentes crisis que ha atravesado estos años, como la pandemia de la covid en 2020.

El PSRM-PSOE confirmó también ayer su intención de elevar al Tribunal Constitucional un recurso contra la reforma de la ley de participación institucional que el martes aprobó el Pleno de la Asamblea. Lo hizo con los únicos votos a favor de PP y Vox y el punto que se modifica elimina la obligatoriedad de pagar a la patronal Croem y a los sindicatos CC OO y UGT por su asistencia a los órganos consultivos y asesores de la administración autonómica.

Para Carmina Fernández, «en el pleno de la Asamblea asistimos a la materialización de una de las primeras consecuencias del pacto de la radicalidad entre el PP y Vox: el recorte y retroceso en derechos de trabajadores, trabajadoras y del tejido empresarial de nuestra región». Según Fernández, «lo han hecho con total descaro, instrumentalizando la Asamblea, sus recursos y el Reglamento de la Cámara para ponerlos al servicio exclusivo de sus intereses políticos y partidistas». «Está claro que Vox salió del Gobierno, pero sigue gobernando al PP», declaró Fernández.

Los socialistas también estudian la presentación de un recurso de amparo por vulneración de los derechos de los diputados, ya que se rechazó aplazar la tramitación de esa iniciativa, como pedía PSOE y Podemos, hasta que existiera un informe de los servicios jurídicos del órgano legislativo regional. De igual forma, recordó que el pasado mes de febrero, cuando Vox llevó una proposición en el mismo sentido, estos servicios manifestaron sus reservas sobre la constitucionalidad del texto. Para Fernández, «el objetivo es claro: eliminar la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales, acabar con el diálogo social, asfixiar a sindicatos y retirar el apoyo a la Croem».

Podemos e IU-V registraron ayer en la Asamblea una solicitud para que crear una comisión de investigación sobre «los amaños de Santos Cerdán y el PSOE» en las obras de la alta velocidad en Murcia. Dos de las obras de este proyecto aparecen mencionadas por la UCO entre los que, junto a José Luis Ábalos y Koldo García, habría cobrado ‘mordidas’ por su adjudicación. María Marín, de Podemos, subrayó que además de estos tres, también pretenden que se llame «a altos cargos de Acciona y a todo aquel que haya estado involucrado en este vergonzoso escándalo, caiga quien caiga». Según, José Luis Álvarez-Castellanos, de IU-V, «independientemente del recorrido del procedimiento judicial en curso, desde el punto de vista político, también debemos actuar contra la corrupción».

Se trata de la segunda iniciativa presentada en este sentido, después de la que ya adelantó Vox la pasada semana.

El Gobierno regional quiere que Adif aclare si el presunto cobro de comisiones ilegales por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García en las obras de la alta velocidad en Murcia «compromete la calidad, seguridad o grado de ejecución de las obras». Para ello, en la reunión de la junta de accionistas, que se celebra hoy, de la sociedad Murcia Alta Velocidad (MAV), el secretario general de la Consejería de Fomento, José Francisco Lajara, exigirá al administrador ferroviario los informes técnicos de los proyectos afectados por esa ‘mordida’, que habría ascendido a 550.000 euros.

Fuentes de esta Consejería señalan que pedirán explicaciones a Adif en el marco de esa reunión telemática sobre las comisiones ilegales que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se repartió la trama corrupta que habrían integrado el ex secretario de organización socialista, el ex ministro de Transportes y el asesor de ambos. También se va a solicitar la convocatoria urgente del Consejo de Administración de Murcia Alta Velocidad. Aunque no se descarta la vía judicial, consideran que este es el primer paso que tiene que darse para «que den garantía de que la obra se ha hecho tal y como estaba previsto».

Este departamento subraya que aporta anualmente el 26% del presupuesto de MAV, que desde 2019 asciende a cerca de 144 millones de euros.