La investigación desatada por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en torno a las actividades presuntamente delictivas de … Santos Cerdán ha dado este viernes un salto cualitativo por orden del juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Los agentes han entrado en el cuartel general del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz y en el Ministerio de Transportes y se han personado en dos organismos dependientes de este departamento, Adif y la Dirección General de Carreteras, en busca de pruebas de las supuestas mordidas en las adjudicaciones de obras públicas que se atribuyen al exsecretario de Organización de los socialistas, al exministro José Luis Ábalos y al asesor de éste en el departamento hoy allanado, Koldo García.
La decisión del juez llega después de que haya imputado hoy mismo a Cerdán, señalado por los delitos de pertenencia a banda criminal y cohecho. La operación, de consecuencias procesales y políticas impredecibles, ha sido lanzada por el magistrado del alto tribunal con la encomienda a los investigadores de la UCO de que clonen los mensajes de correo electrónico corporativo de quien era la mano derecha del presidente Sánchez hasta su forzosa renuncia hace una semana. Misma diligencia con Ábalos en el Ministerio de Transportes, que encabezó entre junio de 2018 y julio de 2021.
En su auto de 46 páginas conocido este viernes, el juez requirió al PSOE para que facilite a los agentes de la UCO la entrada en sus instalaciones para proceder al acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de la que Cerdán disponía en dicho partido político. Al respecto, el instructor señala que, conforme al informe de 5 de junio en el que apreció consistentes indicios contra su exdirigente, dicho correo habría sido facilitado por éste a Koldo García, también investigado en esta causa, para que dirigiera a dicha dirección telemática ciertas comunicaciones relevantes.
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Igualmente, la resolución señala que deberá facilitarse por el PSOE a la UCO el acceso y grabado de cualquier otra cuenta corporativa de correo empleada exclusivamente por Santos Cerdán. Fuentes del partido han expresado su colaboración plena para entregar los correos del que fuera secretario de Organización.
En el caso de Ábalos, la resolución requiere al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible para que imparta las órdenes oportunas al efecto de que se facilite a los agentes el volcado de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de uso personal exclusivo del que fuera titular de dicho departamento.
Contratos
De igual modo, los agentes de la UCO se personaron este viernes en la Dirección General de Carreteras y en ADIF para reclamar que, en el plazo máximo de 15 días, se remita la documentación de la adjudicación de 11 obras públicas bajo sospecha en el marco del ‘caso Koldo’, por el que ya hay en total ocho investigados formalmente entre políticos y empresarios.
«De no encontrarse en su poder todo o parte de dicha documentación, deberá indicarse el órgano concreto en el que se hallen (…) Dicha información deberá ser aportada en formato digital (copia auténtica), debiendo incluirse en ella la totalidad de los informes, estudios, dictámenes, observaciones, propuestas de redacción, fuesen o no preceptivas, en forma que permitan identificar al funcionario que los emitió, así como órdenes, comunicaciones y contestaciones efectuadas por cualquier medio entre los distintos intervinientes. Igualmente deberán aportarse actas de reuniones, listado completo de las actuaciones y responsables de las mismas», detalla la resolución.
En paralelo, las acusaciones populares personadas, agrupadas bajo la dirección del PP por decisión del juez, habían solicitado también el registro de la casa y los despachos de Santos Cerdán en la sede central del PSOE. La petición fue denegada por el instructor en este momento procesal. Para ello, justificó que se trataría de una diligencia que, «limitativa de derechos, no se considera útil en este momento».
Del mismo modo, añadió que el eventual riesgo de destrucción de pruebas al que la parte solicitante se refiere «no se conjuraría de acordarse ahora la diligencia interesada, resultando para el investigado en extremo previsible, en particular cuando, como la propia acusación popular sugiere, ha tenido aquél, ya varios días atrás, conocimiento previo y cumplido de la existencia de la investigación».
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Enlace de origen : La UCO entra en Ferraz y Transportes en busca de pruebas de las presuntas mordidas
