El número de investigados por delitos ambientales en la Región sube un 63% en dos años

Así lo destacaron a LA VERDAD fuentes de la Benemérita, y añadieron que el pasado ejercicio los agentes del Seprona tramitaron más de 3.000 denuncias por infracciones administrativas, un 20% que en 2023, y casi mil inspecciones y registros, lo que representa un alza del 33%. Respecto a los incendios forestales, citaron el arresto de dos jóvenes por un fuegos en el Monte Miravete de Murcia, que arrasó 6.000 metros cuadrados en el Barranco de El Lobo, muy cerca de Torreagüera, y generó «alarma social».

En el Instituto Armado destacaron que «se está intensificando la vigilancia de las extracciones ilegales de aguas subterráneas, realizando inspecciones y controlando el aprovechamiento de recursos hídricos para identificar y sancionar los pozos ilegales y otros aprovechamientos no autorizados».

«El control de la adecuada gestión de los recursos hídricos, principalmente acuíferos situados en zonas más vulnerables, es una parte fundamental del trabajo diario de las unidades de protección de la naturaleza de la Guardia Civil en la Región de Murcia», añadieron. Además, aseguraron que este 2025 «es estratégica la vigilancia y comprobación del estado cualitativo de las masas de aguas subterráneas a nivel regional, combatiendo la posible contaminación de acuíferos por nitratos o cualquier otro compuesto químico que pueda afectar negativamente al mismo, manteniendo el equilibrio de los diferentes ecosistemas».

Noroeste y Altiplano

Señalaron que, además de seguir peinando el territorio del entorno del Mar Menor, el resto del Campo de Cartagena y el Valle del Guadalentín, hay previsto un mayor despliegue en el Noroeste y el Altiplano, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y con apoyo de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma).

En esas dos comarcas de la Región ha aumentado la preocupación y las denuncias de organizaciones de vecinos y ecologistas, así como de los ayuntamientos, debido al ‘boom’ de la agricultura intensiva y su aparente relación con la desecación de ríos, fuentes y manantiales en municipios como Caravaca de la Cruz y Calasparra.

En la Guardia Civil recordaron la ‘operación Emanium’, que se saldó con la investigación de 56 personas sospechas de robar y comercializar agua subterránea del manantial de Tirieza y del río Luchena, en Lorca. Los caudales, reservados para el abastecimiento de la población en diputaciones, se derivaba a cebaderos y otras explotaciones y, así, «se satisfacía la demanda de agua del gran número de cabezas de ganado registradas en la zona».

Cebaderos y cultivos

El Seprona hace «especial hincapié en zonas vulnerables, donde se realizan anualmente varios cientos de inspecciones en explotaciones ganaderas», la mayoría cebaderos, y «agrícolas». El objetivo es verificar el cumplimiento de la normativa, orientada a «conseguir un desarrollo económico sostenible y velar por que las generaciones futuras puedan disfrutar de un medio natural adecuado».

«Se supervisa la aplicación por hectárea de purines, el cumplimiento de la impermeabilidad de las balsas de acumulación, el origen del agua de abastecimiento de los animales y otros muchos parámetros», explicaron. Y señalaron que «se comprueba pormenorizadamente la gestión de purines, lo que requiere de un enfoque integral, que incluye el correcto almacenamiento, la aplicación y el tratamiento, para reducir el impacto ambiental y promover la sostenibilidad».

El Seprona también está llevando a cabo «un control exhaustivo sobre la gestión integral» de todo tipo de residuos (urbanos, peligrosos, industriales y clínicos») desde su generación hasta su disposición final. Se trata de «minimizar su impacto ambiental», lo que incluye acredita «la trazabilidad, la prevención, la reducción, la reutilización, el reciclaje y la recuperación de materiales». La Guardia Civil lanzó la ‘Operación Predicador’ y desmanteló en un vertedero clandestino de neumáticos y otros productos tóxicos e inflamables en una nave industrial de la pedanía murciana de Era Alta. El propietario fue imputado por seis presuntos delitos de falsedad documental relativos a «una trama de envíos de neumáticos, resinas y otros residuos a Nigeria, a través de diferentes puertos de España».

«La prioridad para este año 2025 sigue siendo la protección del Mar Menor y su entorno, luchando contra extracciones ilegales de agua y controlando todas las actividades que de una u otra forma puedan afectar a la laguna salada», como las granjas de cerdos con balsas de purines sin impermeabilizar, aseguraron fuentes de la Guardia Civil. Y agregaron que «también es estratégica la vigilancia y comprobación del estado cualitativo de las masas de aguas subterráneas a nivel regional, para combatir la contaminación de acuíferos por nitratos y otros compuestos químico que puedan afectar negativamente, y así mantener el equilibrio de los diferentes ecosistemas».

Asimismo, el Seprona considera «muy relevante» sus «actuaciones cotidianas es la vigilancia de edificaciones y construcciones en espacios naturales y en las costas, que resulta primordial para preservar la biodiversidad y los ecosistemas». «Esto -concluyen- implica una rigurosa supervisión de cualquier tipo de edificación dentro de estas áreas, asegurando que se respeten los valores ambientales y paisajísticos protegidos».