El Tribunal Constitucional (TC) ha dado su aval a la ley de amnistía, a la espera de la votación definitiva de este jueves, impulsada por … el Gobierno y aprobada por el Congreso para el borrado penal de las causas relativas al ‘procés’ secesionista de otoño de 2017. Los magistrados del bloque progresista hicieron valer su mayoría para decantar la balanza frente al sector conservador. Por seis votos frente a cuatro (los otros dos magistrados se abstuvieron de participar en el debate o fueron recusados), rechazaron el grueso del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Popular, la primera impugnación que ha analizado la corte.
Como ya era conocido, el TC no se ha pronunciado sobre el encaje del delito de malversación de caudales públicos, cuya interpretación por parte del Tribunal Supremo ha conducido a no aplicar la norma tanto al expresidente catalán Carles Puigdemont como a Oriol Junqueras, jefe de filas de ERC. Al asumir la tesis del Supremo, el PP no se refirió a ese ilícito en su impugnación.
El pleno del TC, que comenzó a deliberar el lunes la ponencia presentada por la vicepresidenta, la progresista Inmaculada Montalbán, ha validado la amnistía argumentando que «el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíbe explícita o implícitamente», rechazando de esta forma que la prohibición expresa de los indultos generales pueda extenderse por analogía a la amnistía.
«Criterios de oportunidad política»
Respecto a la motivación de la norma para la normalización política y social de Cataluña, que el PP achacó a «una transacción política para asegurar la investidura» de Pedro Sánchez con los apoyos de los independentistas, Junts y ERC, el texto aprobado subraya que las leyes siempre responden a «criterios de oportunidad política», de modo que «su porqué es jurídicamente indiferente». Pese a ello, resuelve que la ley no es un «capricho» porque busca «mayor paz ciudadana».
La sentencia, en principio, solo dará la razón al PP en tres cuestiones secundarias: ve inconstitucional la «asimetría» para amnistiar a quienes apoyaron y no a quienes se opusieron al ‘procés’; que la ley incluya «una habilitación insólita» para continuar con las «actividades criminales en el futuro»; y que solo imponga escuchar a la Fiscalía y los organismos públicos perjudicados en las causas del Tribunal de Cuentas para pedir su archivo.
Uno de los asuntos capitales del debate del TC es que la Carta Magna no prohíbe la concesión de amnistías, asumida por la mayoría progresista frente a quienes objetan que si está vetado lo menor -los indultos generales-, lo estaría lo mayor. Este sector también acordó que la decisión que tomara sobre el recurso del PP no debía esperar a las cuestiones prejudiciales presentadas ante el Tribunal de Justicia de la UE sobre la adecuación de la norma al Derecho comunitario y que aún están pendientes de resolverse.
Bloques e incógnitas
La deliberación se ha desarrollado en cuatro bloques, en la que cada uno de los diez magistrados ha intervenido expresando sus opiniones. El magistrado Juan Carlos Campo se apartó voluntariamente porque en los informes que firmó siendo ministro de Justicia para indultar a los condenados por el ‘procés’ dijo que la amnistía era «claramente inconstitucional». A su baja se sumó la del magistrado conservador José María Macías, al aceptarse la recusación lanzada por la Fiscalía por entender que estaba contaminado para fallar porque como vocal del anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó contra la ley en el marco del trámite parlamentario.
Al quedarse fuera el delito de malversación, la primera sentencia por lo tanto no dará una respuesta global a las incógnitas que aún siguen abiertas. El Supremo entiende que la malversación del ‘procés’ recae en una de las excepciones que contempla la norma para no aplicarla: que los condenados y/o procesados sí obtuvieron un beneficio personal.
En este sentido, el alto tribunal ha incidido auto tras auto -el último, conocido este miércoles- en que los líderes independentistas no pagaron de sus bolsillos el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, sino que lo costearon con dinero público persiguiendo un interés partidista. El alto tribunal también sostiene que el ‘procés’ introduce una segunda salvedad incluida en la norma: la afectación a los intereses financieros de la UE.
Según su razonamiento, el objetivo que perseguían con el 1-O, conseguir una Cataluña independiente, habría mermado los ingresos comunitarios. Así las cosas, en el Supremo aguardaban con cierta tranquilidad la sentencia del TC porque sus magistrados han hecho depender sus decisiones de la interpretación jurídica de la ley, no de su constitucionalidad.
Recursos de Puigdemont y Comín
De otro lado, el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comín tienen luz verde para recurrir en amparo directamente al Tribunal Constitucional para reclamar a la corte de garantías que se les aplique la ley de amnistía en su plenitud, incluido hacer desaparecer el delito de malversación por cuya vigencia las órdenes de detención nacional siguen vigentes. Solo horas antes de que el TC sentencie este jueves la legalidad de la ley del borrado penal de los delitos del ‘procés ‘, la Sala de Apelación del Tribunal Supremo confirmó el miércoles su decisión de no amnistiar el delito de malversación del expresidente de la Generalitat y de Comín.
Sánchez ve en la decisión un triunfo para su política de «convivencia»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo este miércoles que todos los esfuerzos y los «ataques» de que ha sido objeto el Ejecutivo en relación con la ley de amnistía han merecido la pena. «Quiero decirle a la ciudadanía española que, aun siendo conscientes de todos los ataques que estamos recibiendo» por esta cuestión, «se ha demostrado que todos estos esfuerzos, y pese a todos estos ataques, merecieron la pena», defendió al término de la cumbre de la OTAN en La Haya.
Sánchez quiso recordar que la ley partió de las Cortes -de los votos de PSOE y Sumar junto a sus aliados parlamentarios- y no del Poder Ejecutivo, y que el Gobierno había sostenido en todo momento que sería una norma «plenamente constitucional». Por otra parte, Sánchez reivindicó la utilidad de la política para superar la crisis constitucional provocada por el ‘procès’, a su juicio la mayor en 45 años de democracia, «con líderes independentistas presos, otros fugados, una sociedad rota, emocionalmente quebrada, confrontada. La política ha ido superando todos esos obstáculos», destacó.
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