Alberto Núñez Feijóo no otorga ningún valor al aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía. El líder del PP sigue considerando que … es «ilegal», «inmoral» y «una transación corrupta a cambio de poder» ya que Pedro Sánchez la usó la para «comprar su investidura» tras perder las elecciones de 2023. «Es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga un Constitucional dividido. Y lo digo desde el respeto institucional al tribunal», sostuvo este jueves en Bruselas tras reunirse con los líderes del PP Europeo.
El jefe de la oposición hizo hincapié en que la corte de garantías, que ahora tiene mayoría progresista, es la misma «que ha indultado a los condenados por los ERE de Andalucía, invadiendo las competencias del Supremo», en referencia a la anulación el año pasado de las condenas a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Y a quien reprochó también que se haya pronunciado antes de que lo hiciese el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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Feijóo recordó como la propia Comisión Europea la ha tachado de «autoamnistía» pues ha sido redactada y aprobada por los mismos que se han beneficiado de ella. Recalcó también que la normativa supone «un ejercicio de doble corrupción política», no sólo por tratarse de la «transacción» con la que Sánchez amarró los votos para ser reelegido presidente del Gobierno, sino también porque el encargado de negociarla en nombre del PSOE fue Santos Cerdán, investigado hoy en el Tribunal Supremo por cobrar comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas.
Tras varios días de deliberaciones, el pleno del Constitucional ha rechazado el recurso que presentó el PP contra la norma de perdón a los líderes condenados del ‘procés’ con los seis votos favorables del sector progresista y cuatro en contra de los conservadores. «Es un obús a la separación de poderes», aseveró Feijóo, que expresó su confianza en que la Unión Europea tome nota de una norma que supone «una vergüenza para cualquier demócrata». «Estamos ante un supuesto absolutamente que atenta contra cualquier principio básico del Estado de Derecho Europeo. Y es que no cabe en la UE este tipo de transacciones ilegales y corruptas», concluyó.
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