Con sus siete escaños en el Congreso, Carles Puigdemont no solo tiene en sus manos el futuro del Gobierno de Pedro Sánchez: también amenaza … con provocar una «crisis» institucional en el «régimen monárquico español». El día después de que el Constitucional avalara la ley de amnistía, aprobada en el Congreso en buena parte para que pueda regresar a Cataluña tras ocho años como prófugo de la justicia en Waterloo, el líder de Junts no tuvo ayer ningún gesto de agradecimiento con quienes han propiciado la norma y lanzó una advertencia al Gobierno en la línea de que el pleito catalán continúa. Más madera para un Ejecutivo socialista en una situación comprometida por el ‘caso Cerdán’ y con muchos frentes abiertos.
En un vídeo colgado en sus redes sociales, Puigdemont cargó con dureza contra los jueces del Supremo, a los que acusó de «prevaricadores» y de mantener una «actitud sediciosa». Este es, justamente, el delito por el que fueron condenados a penas de 9 a 13 años de prisión los líderes del ‘procés’ y sobre el que el PSOE y ERC pactaron su eliminación del Código Penal. El dirigente soberanista sacó pecho y presentó la ley de amnistía como una «conquista» que el independentismo ha «arrancado a regañadientes» al Estado.
Advirtió , eso sí, de que el sello de constitucionalidad de la norma, acordado por un TC partido en dos, «no cierra ninguna crisis». «En todo caso, abre una más profunda», porque «una ley aprobada y constitucional no es aplicada», según lanzó en un aviso para navegantes, anticipando la batalla legal que su defensa pondrá en marcha para intentar su regreso a Cataluña como hombre libre de carga judicial.
En el entorno del dirigente nacionalista prevén un nuevo choque de trenes, azuzado por el secesionismo, entre el Tribunal Constitucional y el Supremo por la ejecución efectiva de la ley de amnistía. El abogado del presidente de Junts, Gonzalo Boye, anunció que después de la sentencia del TC y tras la negativa del Supremo a exonerarle del delito de malversación, presentará en breve un recurso de amparo ante el Constitucional. Y pedirá medidas cautelares a favor del levantamiento de las órdenes de detención que pesan sobre Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Si el Constitucional las concediera pero el Supremo no levantara el mandato a arrestar al president en cuanto cruce la frontera, estaremos ante un «golpe de estado encubierto», calientan el ambiente las fuentes próximas a Puigdemont.
El independentismo, con menos apoyo social y parlamentario que nunca, se ha crecido en la situación política y judicial actual. La tortilla ha dado la vuelta por completo. Los que fueron acusados de dar un golpe contra la Constitución son ahora los que acusan a los jueces de golpistas. El Supremo, que cree que la malversación no es amnistiable, se guarda la carta de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), lo que ralentizaría aún más el proceso.
En Junts llevan meses presionando al Gobierno para que se querelle contra los jueces del Supremo por prevaricación. Supondría un choque directo entre dos poderes del Estado: el Judicial y el Ejecutivo. «Ha decidido no aplicar la ley. El margen prevaricador del Supremo se va estrechando», avisó Puigdemont en su vídeo, en el que arremetió contra los magistrados que «siguen obedeciendo el ‘a por ellos’ de Felipe VI», en alusión al discurso del Rey del 3 de octubre de 2017 en respuesta al referéndum ilegal separatista. «Cada vez que fuerzan las costuras del Estado de derecho, la grieta se va haciendo mayor hasta el punto de hacerla insostenible», remató.
«No resuelve el conflicto»
Según Puigdemont, la «actitud sediciosa del Supremo no puede desdibujar la importancia de la decisión» del Tribunal Constitucional. A su entender, la sentencia de la corte de garantías, 15 años después del fallo sobre el Estatut, era «necesaria» pues la norma ha revertido, enfatizó, «gran parte de la represión». Pero ello «no es suficiente» para «resolver el conflicto político», remachó.
Tanto Junts como ERC sostienen que el borrado de los delitos del ‘procés’ solo supone una primera meta volante porque el objetivo final –y solo así se cerrará la crisis catalana, apuntan– es la celebración de un referéndum de autodeterminación. Lo que no hizo ayer Puigdemont fue dar pistas sobre si la sentencia sobre la amnistía cambia sus relaciones con el Gobierno. Junts presiona para que mueva ficha, insiste en dejar en el aire el futuro de la legislatura y asegura que tiene que «tomar una decisión» sobre si sigue o no dando apoyo a Sánchez.
Jordi Turull y Míriam Nogueras se reunieron días atrás con Pedro Sánchez en La Moncloa, en el marco de la ronda de contactos del presidente con sus socios tras el escándalo de Santos Cerdán. Junts le puso dos exigencias: que designe de inmediato un nuevo interlocutor que releve a Santos Cerdán como negociador en Suiza y que «concrete garantías» de cómo piensa cumplir los acuerdos de investidura: oficialidad del catalán en la UE, pacto fiscal y reconocimiento nacional de Cataluña. En España hay «más comprensión con las armas que con las urnas», ironizó este viernes Turull, en referencia a los indultos por el 23-F o los GAL.
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Enlace de origen : Puigdemont esgrime el aval a la amnistía del TC contra los jueces «sediciosos» del Supremo
