
La política española, entreverada por las causas judiciales por presunta corrupción, pasa este lunes otro test de estrés -lo harán singularmente el Gobierno y el … PSOE- con la declaración como imputado de Santos Cerdán ante el instructor del ‘caso Koldo-Ábalos’ en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Una declaración en la que, según explica su defensa, el ex secretario de Organización del PSOE ofrecerá un contrarrelato a los indicios trasladados, en su voluminoso informe de 490 páginas del 5 de junio, por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al magistrado; y que en el Ejecutivo de Pedro Sánchez confían en que no desemboque en nuevos sobresaltos. Las fuentes consultadas dan por hecho que el testimonio de quien fue la mano derecha de Sánchez en el partido hasta hace menos de tres semanas no arrojará información alguna que pueda poner en aprietos a otros miembros relevantes del PSOE. No porque dispongan de información de primera mano al respecto -o eso aseguran-, sino porque tienen la convicción de que, en esta fase del procedimiento, el encausado seguirá una estrategia centrada en seguir negándolo todo.
Aun así, y prueba de la angustia que han inoculado las supuestas actividades ilícitas del dirigente clave en lo orgánico y también en los pactos con Junts y EH Bildu, no todos en el PSOE las tienen todas consigo ante lo que pueda ocurrir hoy. «Es que no lo conocemos; pensábamos que sí, pero no», constata un miembro de la dirección. Después del ‘shock’ que supuso descubrir la vida oculta del hombre que, entre otras cosas, tenía la obligación de garantizar la disciplina interna, la desconfianza y la inquietud se ha apoderado de buena parte de los cuadros socialistas, que dudan ya de que sea posible encapsular el problema.
En el entorno más próximo a Sánchez aseguran, sin embargo, no temer nada. En algunos casos, porque se niegan a creer que haya más implicados. En otros, porque esperan que Cerdán emulará lo que, pese a haber coqueteado con un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, hizo hace una semana su antecesor en la secretaría de Organización, el exministro de Transportes José Luis Ábalos. En su declaración ante el juez como imputado por los delitos de integración en organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, Ábalos se limitó a negar su implicación en la trama corrupta y adujo no reconocerse en los audios incautados por la UCO a su exasesor, Koldo García.
Cerdán ya esgrimió eso mismo en declaraciones a los medios y, según fuentes socialistas, ante el propio Sánchez el 12 de junio, cuando se conocieron las grabaciones que forzaron su dimisión y su baja del PSOE. Pero nadie, entre quienes eran sus colaboradores o sus superiores orgánicos, da crédito alguno a su versión de que es víctima de un montaje hecho con Inteligencia Artificial. Creen que no hay lugar a dudas de que la voz que se escucha hablando con García y Ábalos de lo que parece ser el reparto de comisiones es la de su exdirigente y que lo que éste pretende es únicamente dilatar el procedimiento obligando a la UCO a demostrar que no ha habido manipulación.
La estrategia perfilada para la declaración de este lunes por Cerdán junto a su abogado, Benet Salellas -uno de los rostros visibles en su día del ‘procés’- pasa por rebatir, «con todo lujo de detalles», los seis indicios que pesan sobre él en el informe de UCO, Policía judicial en el ‘caso Koldo’. Según fuentes de su defensa, el ex número tres del PSOE tiene previsto ofrecer un contrarrelato a las conclusiones a la que han llegado los agentes, validadas luego por el juez Puente, a partir de las grabaciones subrepticias realizadas por Koldo García y que fueron intervenidas en el registro de la vivienda de éste en febrero de 2024.
La declaración de Cerdán se guiará por el marco temporal que establece la UCO en su ‘dossier’, que apuntan al presunto amaño de contratos de obra pública a cambio de la percepción de mordidas. Un entramado en el que el exdiputado aparece, de acuerdo a la investigación, en el papel principal como gestor de los pagos irregulares a Ábalos, ministro de Transportes entre 2018 y 2021, y a su entonces asesor. En total, el imputado se habría encargado presuntamente de cobrar 650.0000 euros de empresas concesionarias. Unas referencias que Cerdán negará en su interrogatorio.
Los agentes sitúan el origen de la trama en Navarra desde al menos 2015, «ligada a la estrecha relación» de Fernando Merino (exdirectivo de Acciona Construcción en la comunidad foral), Antxon Alonso (Servinabar), Koldo García y el propio Cerdán, «a través, principalmente, de la vinculación mercantil Acciona-Servinabar». «Santos -sostienen los investigadores- habría participado de dicha relación, siendo informado de los avances del proyecto, dando directrices a Koldo sobre diferentes procederes, así como disponiendo de cierta capacidad de decisión sobre Noran Coop y Servinabar». Esta, según precisan, no sería «la única vía de ingresos procedentes de Acciona», puesto que el Bar Franky emitiría »facturas ficticias« a la energética o a alguna de sus UTE para »posteriormente canalizar dichos ingresos mediante efectivo a Koldo o su entorno«.
Estas prácticas, prosigue la UCO, se trasladaron al ámbito del Ministerio de Transportes, cuando Cerdán y Koldo llegaron a Madrid en 2017, el primero como secretario de Coordinación Territorial del PSOE. Los agentes sitúan las adjudicaciones sospechosas en la Dirección General de Carreteras y en ADIF, y reproducen varios audios en los que Koldo habla sobre qué empresa debe obtener la licitación. En la defensa de Cerdán señalan que estas conclusiones están «alejadas de la realidad» y que el contexto «es otro, como explicará en su declaración» de este lunes.
Uno de los ejes de esa estrategia será, además, matizar la «estrecha vinculación» con Koldo y con Ábalos, a quienes no tiene previsto incriminar en la defensa de su inocencia. Explicará que no solo no mantuvo un ascendente sobre el primero, sino que llamó la atención al entonces ministro sobre la imprudencia de nombrar a su estrecho colaborador como consejero de Renfe Mercancías y vocal de Puertos del Estado. Es decir, Cerdán buscará salir del «triángulo tóxico», como lo definen ahora en la cúpula del PSOE.
El investigado, según las mencionadas fuentes, se centrará en negar, asimismo, que el partido se haya financiado de forma irregular; en seguir ofreciendo al juez una «total transparencia» sobre lo que se le requiera -en su auto del viernes el juez aceptó la petición de su abogado de incorporar el conjunto de la información disponible en los registros públicos sobre la situación patrimonial de su cliente-; y, por último, explicar y contextualizar el documento -«sin validez», insisten- hallado en la inspección de la casa de su otrora amigo Antxon Alonso (Servinabar): una escritura privada de 2016 con su firma sobre la adquisición del 45% de participaciones de la empresa constructora bajo sospecha.

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