La Comunidad cede a la amenaza de Vox y no comprará viviendas para menores migrantes

La Comunidad cede a la amenaza de Vox y no comprará viviendas para menores migrantes

Martes, 1 de julio 2025

La acogida de los menores migrantes no acompañados volvió a desatar este martes una intensa tormenta política en la Región de Murcia que alcanzó su pico de intensidad al inicio de la mañana. En menos de una hora y media, el chaparrón que inició Vox con la amenaza al Partido Popular de romper el pacto de Presupuestos firmado el 5 de junio cambió dos veces el paisaje.

Tras conocer los planes de la Comunidad para lanzarse a la compra de viviendas para alojar a niños extranjeros solos, como adelantó este martes LA VERDAD, el partido de Santiago Abascal lanzó un ultimátum por varias vías simultáneas. La primera, la cuenta en la red social X de su presidente nacional, que a las 10.37 horas advirtió al Ejecutivo de Fernando López Miras de que, si no retiraba inmediatamente el plan publicado el sábado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), tendría que «aprobar las cuentas con el PSOE», al tiempo que pidió garantías de que una actuación así «no volverá a suceder». A las 10.45, el líder regional de la formación, José Ángel Antelo, replicó la misma advertencia anticipando la entrada del acuerdo en zona de barro. Sin embargo, solo 80 minutos después, a las 12.05, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, sorprendió con una escueta publicación en la misma red social para anunciar la cesión del Gobierno regional a la exigencia y alejar las nubes de ruptura: «La Comunidad revoca la orden», señaló. «Rectificar es de sabios. No volverá a suceder».

Los detalles de este plan de compra de inmuebles aparecen detallados en la orden publicada el pasado sábado por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital en el BORM, donde delegó las competencias patrimoniales en el departamento de Política Social para agilizar la compra de inmuebles y crear plazas residenciales. Estas operaciones se harían, según detalla el documento, en el marco del proyecto ‘Moderniz-Acción’, financiado con 7 millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La decisión llegaba por una solicitud de Política Social cursada cinco días después de la firma del acuerdo con Vox, que incluye el compromiso del PP de cerrar y dar un nuevo uso sociosanitario al centro de menores de Santa Cruz antes del próximo curso escolar, lo que le obliga a buscar destino urgente a los 60 niños y adolescentes que alberga.

Fuentes del Gobierno regional explicaron a LA VERDAD que la revocación del plan se realizó «por responsabilidad» y en busca «del interés general», con el fin de que la Región cuente con unos Presupuestos lo antes posible.

La ayuda de Ortuño

Antes de la confirmación de este cambio de rumbo, Antelo había adelantado que su partido pediría la dimisión inmediata de Conchita Ruiz si no daba marcha atrás. «El Partido Popular ha dado una orden para comprar viviendas por valor de 7 millones de euros para ‘menas’, no para los españoles, no para nuestros jóvenes, no para la gente que está pasando necesidad en la Región de Murcia», señaló. «La prioridad para Vox son los españoles y la inmigración legal, no la inmigración ilegal». Luego, fue un paso más allá al exigir al PP que saliera y dijera «claramente que pondrá en marcha las políticas para devolver a los ‘menas’ a sus países de origen a través de convenios».

También a esta petición contestó raudo el Gobierno regional, en esta ocasión por boca del consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, que en su intervención vespertina en la Asamblea para presentar las cuentas de su departamento anunció la puesta en marcha, junto a la Consejería de Política Social, de un «comité técnico para establecer los mecanismos necesarios para intentar la reagrupación familiar en sus países de origen de los menores no acompañados».

Cabe recordar que el Gobierno regional tiene las competencias en materia de menores y la obligación legal de acoger a los niños y adolescentes extranjeros que llegan solos a su territorio. De este modo, la compra de viviendas que desató la polémica pretendía ser un paso en la dirección adelantada hace unos meses por la propia Conchita Ruiz para avanzar hacia un nuevo modelo de atención a la infancia más cercano y familiar, con el que justificó el cierre de Santa Cruz. Este modelo requiere de instalaciones de menor tamaño y más parecidas a un hogar y, por tanto, la reforma de los centros o la compra de nuevos inmuebles.

Ofrecimiento del PSOE

El secretario general del PSOE en la Región, Francisco Lucas, reaccionó a la rectificación del Ejecutivo regional recordando que su partido ofreció al PP «un acuerdo sin líneas rojas» para aprobar los Presupuestos. El socialista animó al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, a romper «su pacto de la vergüenza». «Hay alternativa», aseguró. Sin embargo, tras conocer la cesión de la Comunidad, lamentó que el PP hubiera «preferido humillar a la Región y someter a la ciudadanía al chantaje diario de la ultraderecha».

A sus declaraciones se sumaron las de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, para quien lo vivido este martes fue «uno de los capítulos más bochornosos del Gobierno de López Miras». «Ha bastado una publicación de Abascal en redes sociales, amenazando con bloquear los Presupuestos regionales, para que rectificara y cumpliera, sin rechistar, el último delirio de Vox», afirmó. «Una vez más, ha quedado claro que en el Gobierno de López Miras no manda el presidente regional, sino el líder de Vox, Santiago Abascal».

Fernández exigió a la Comunidad «que explique qué va a hacer con los menores» de centros como el de Santa Cruz. «Garantizar una atención digna a los menores que se encuentran solos en nuestra Región, sin sus familias, no es solo competencia de la Comunidad autónoma: es una obligación moral», añadió.

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PP de la Región, Joaquín Segado, contestó a las críticas señalando que el PSOE “el menos indicado para dar lecciones sobre acuerdos” tras haber pactado, según defendió “con el mismísimo diablo para mantenerse en el poder”. Además, advirtió de que “el supuesto ofrecimiento de Lucas para pactar los Presupuestos” no es más que una pose y una trampa”. Para Segado, el modelo de los socialistas “implica subidas de impuestos y el desmantelamiento del Trasvase Tajo-Segura”. Por ello, señaló que “el Partido Popular no va a pactar con quienes castigan y maltratan a nuestra tierra, ni con el sanchismo que está en la cárcel”, señaló en referencia al exsecretario de Organizacion socialista Santos Cerdán.

También Podemos cargó contra el Ejecutivo de López Miras y el PP por la cesión a las exigencias de Vox. Su portavoz, María Marín, calificó de «auténtica vergüenza» la decisión de revocar la orden. «Ya sabemos el precio de los Presupuestos de la Región de Murcia: los derechos humanos». «Ni centros ni viviendas. Lo que persigue la ultraderecha y consiente la derecha es colocar a estos niños y niñas en la diana, dejarlos en la calle, denigrarlos y humillarlos como si no fueran seres humanos», añadió, antes de anunciar «una movilización masiva frente al cierre del centro de menores y estas políticas racistas y miserables».

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