El juez que instruye el ‘caso Cerdán’ en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha interrogado este viernes por espacio de tres horas a tres … de los cinco empresarios investigados como presuntos corruptores. Se trata de los responsables de las sociedades Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), José Ruz, y los de la mercantil Obras Públicas y Regadíos (OPR), los hermanos Antonio y Daniel Fernández.
Los tres aparecen junto a Fernando Merino, exdelegado de Acciona Construcciones en País Vasco y Navarra, y Antxon Alonso, administrador único de Servinabar (ambos declararán el próximo lunes), en el centro de la investigación por el presunto amaño de contratos de obra pública a cambio del pago de mordidas a los tres principales investigados: el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su entonces asesor Koldo García y el exdirigente del PSOE Santos Cerdán.
Pues bien, los tres comparecientes han negado a preguntas del juez y del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón -la persona que abrió la puerta al ingreso en prisión el pasado lunes a quien fuera secretario de Organización del PSOE hasta hace tres semanas-, el pago de dinero a la trama para conseguir adjudicaciones de Transportes en la etapa de Ábalos (2018-2021) según han relatado fuentes jurídicas presentes en los interrogatorios.
Por lo tanto, han desmentido la tesis acusatoria del juez y del fiscal de que Cerdán, como presunto líder de la red, era el receptor de estos de «pagos de facilitación» para luego distribuirlos con José Luis Ábalos y Koldo García. Es más, ni el instructor Puente ni el fiscal Luzón han realizado preguntas a los empresarios sobre el papel de Cerdán o su supuesta interlocución con ellos para reclamarles dinero, según han detallado las fuentes consultadas.
Tras concluir las comparecencias, el fiscal ha pedido al juez que se impongan medidas cautelares menos gravosas que la de Cerdán. En concreto, para los hermanos Antonio y Daniel Fernández comparecencias quincenales ante el juzgado más cercano a su domicilio y para José Ruz, retirada del pasaporte y las mismas comparecencias. El juez debe resolver ahora la petición en un auto.
11 contratos valorados en 620 millones
En el cuadro de la investigación están 11 contratos licitados por la Dirección General de Carreteras y ADIF, organismos dependientes del Ministerio de Transportes, entre 2018 y 2021, bajo la etapa de José Luis Ábalos. El volumen total de los contratos supera los 620 millones, de los cuales 530 están vinculados a trabajos de obra pública de Acciona en Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras compañías. Los proyectos están localizados en Logroño, Sevilla, Sant Feliú de Llobregat, Murcia y Santiago el Mayor, un barrio de la capital murciana.
A estos hay que sumarle los tres entregados a Obras Públicas y Regadíos (OPR) para realizar una adaptación y modificación de carreteras en Asturias, Úbeda (Jaén) y Monforte (Lugo). En total, casi nueve millones de euros más investigados. Y, por último, también hay otras tres licitaciones bajo la lupa, en este caso vinculadas a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Son más de 78 millones el dinero adjudicado a esta empresa para hacer trabajos en las carreteras de Asturias, Teruel y una tercera a desarrollar entre La Rioja y Burgos, en esta ocasión adjudicaciones realizadas a través de la Dirección General de Carreteras.
El juez pregunta a las partes por la excarcelación de Cerdán
El juez instructor del ‘caso Cerdán’ ha dado cinco días a las partes personadas para que respondan al recurso por el que el ex secretario de Organización del PSOE pidió su puesta en libertad de forma «inmediata» alegando que no hay «indicios suficientes» sino una «causa general» en su contra. Además, en otra providencia, el magistrado Leopoldo Puente ha aceptado que el partido político Catalunya en Comú (Comunes) entre en la causa como acusación popular, después de pedirlo este lunes coincidiendo con la entrada en prisión de Cerdán. Catalunya en Comú se suma así a otras acusaciones como las que ejercen el PP, Hazte Oír, Vox, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Iustitia Europa, la Asociación Liberum, ADADE e Iniciativa Justicia y Transparencia Veritas.
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Enlace de origen : Tres constructores niegan al juez el pago de mordidas a Cerdán por obra pública
