«Madrid ya intentó una repatriación de menores parecida a la de Murcia y fracasó»

El martes, solo unas horas después de que la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, sorprendiera con su marcha atrás en el plan de adquisición de viviendas para menores extranjeros solos que adelantó LA VERDAD, cediendo a la amenaza directa de Vox de romper el pacto de Cuentas; su compañero en Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, anunciaba la puesta en marcha de una iniciativa que responde a la moción aprobada en marzo en la Asamblea, con los únicos votos de PP y Vox, que instó al Ejecutivo a impulsar las repatriaciones de menores. Ortuño avanzó que la Comunidad creará «un comité técnico» para «intentar la reagrupación familiar en sus países de origen». Un cometido para el que Política Social reserva 200.000 euros en su Presupuesto.

Sin embargo, estas medidas no podrán causar los efectos de los que presume Vox por diversos frenos legales: ni la revocación de la orden para la compra de viviendas hará que la Comunidad acoja a menos menores extranjeros, ya que cuenta con la obligación legal de protegerlos, ni parece que el anunciado comité pueda aumentar los retornos a países de origen por las garantías normativas que protegen a los niños, según consideran expertas de Unicef y Amnistía Internacional, consultadas por LA VERDAD.

La responsable de Políticas de Infancia y Desarrollo de UNICEF España, Sara Collantes, subraya, en primer lugar, que «la repatriación no puede ser una política». La experta recuerda que «la ley de Extranjería solo permite la reagrupación familiar en casos muy concretos, que hay que analizar uno a uno, y garantizando que es lo más adecuado para el niño». «Se trata de un proceso individualizado y especializado de evaluación del interés superior del niño. Ningún enfoque que pretenda plantear esto como una línea política de actuación es adecuada según los estándares internacionales».

Y es ese bien superior del menor y la necesidad de que cualquier posible regreso, ya sea por repatriación o retorno asistido, se realice «en condiciones seguras» los que hacen que, en la práctica, «no sucedan», tal como explica la abogada Virginia Álvarez, responsable de Investigación de la ONG Amnistía Internacional. «El índice de repatriaciones es muy escaso, y los datos demuestran que el retorno seguro de estos menores no es posible». Así lo reconocen las propias autoridades con las que trata habitualmente Amnistía. «Nos dicen que es imposible retornarlos porque no se dan las circunstancias», afirma.

Collantes explica que «se debe entregar al menor directamente a la familia o al servicio de protección del país de origen y no puede haber riesgo de explotación, violencia o trata. Además, se debe garantizar su acceso a servicios sociales básicos como la salud y la educación. Eso explica que se produzcan tan pocas repatriaciones de este tipo, aunque estén previstas en la ley».

Virginia Álvarez acude a dos ejemplos para vaticinar el futuro de la comisión de la Región. «La Comunidad de Madrid intentó algo parecido entre 2006 y 2007 y fracasó, porque no pudo demostrar que las decisiones que estaba tomando para repatriar a menores, fundamentalmente a Marruecos, cumplían los requisitos que prevé la legislación», asevera. «Hay un ejemplo mucho más reciente en Ceuta, tras la entrada masiva en 2021, cuando se acordó con las autoridades marroquíes devolver a menores y el procedimiento fue considerado ilegal. De hecho, una vez que se han querido seguir los trámites legales, no ha retornado ninguno», señala. Álvarez recuerda, además, que el proceso debe estar supervisado por la Fiscalía y contar con la intervención de la Delegación del Gobierno, que es quien tiene las competencias. «Al final, si se hace bien, la conclusión es que no es posible retornar a ninguno de los niños que están llegando solos, porque no responde a su interés superior y porque no es posible garantizar que estará correctamente en su país».

Así, cabe suponer que la Comunidad no considera errónea la compra, sino la atribución a los migrantes, por lo que podría volver al mismo plan, pero retirando la mención al origen de los niños -si es que eso le sirve a Vox-. De lo contrario, corre el riesgo de perder los fondos europeos con que iba a financiar las compras. Marcos Ortuño respondió el viernes a los periodistas que Ruiz ya había contestado en la Asamblea sobre cuál será el destino de los menores de Santa Cruz, aunque no lo hiciera. Y la Consejería descartó a preguntas de LA VERDAD dar más explicaciones. Pero el tiempo corre.