La Audiencia, ante la negativa de las partes de buscar un acuerdo, señala el juicio para 2029, una década después de que se produjese el supuesto ataque
La Fiscalía solicita once años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de edad, sobrina de su novia. El supuesto ataque se habría producido a comienzos de 2019 aprovechando una visita de la niña, que entonces tenía 13 años, a la casa que ambos compartían en Yecla. El Ministerio Público reclama, además de la pena de cárcel, una medida de libertad vigilada de siete años que incluya una prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y que el acusado se someta a un programa de educación sexual.
La acusación solicita, además, que se le inhabilite durante dos décadas para cualquier actividad u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad. La defensa, que ejerce el abogado penalista José Manuel Ortega, niega expresamente los hechos y destaca «la ausencia total de prueba de cargo» y las «contradicciones, imprecisiones y lagunas» existentes en el relato de la denunciante.
La Audiencia había convocado a las partes el próximo 14 de julio a una vista para tantear la posibilidad de un acuerdo pero éstas expresaron por escrito su divergencia de posturas y solicitaron la suspensión. El tribunal ha fijado entonces una nueva fecha para la celebración del juicio, que se hará esperar hasta 2029, una década después de que se produjese el supuesto ataque.
En la habitación con su prima
Los hechos, según sostiene la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, se produjeron a finales de 2018 o comienzos de 2019 cuando la menor estuvo de visita en la casa que su tía compartía en Yecla con el acusado, entonces su compañero sentimental. Un día cuando la adolescente estaba durmiendo con su prima, también menor de edad, el sospechoso se adentró en la habitación y la agredió sexualmente, realizándole tocamientos e introduciéndole los dedos en la vagina. La Fiscalía remarca que la menor se hizo la dormida y no se movió por temor al acusado.
Acompañada de su madre interpuso denuncia en noviembre de 2021. La Fiscalía reclama, además, que el procesado indemnice a la afectada en 10.000 euros por los daños morales causados.

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