Jueves, 10 de julio 2025, 18:52
Las eléctricas ya advirtieron de que las conclusiones de la investigación del Gobierno sobre el apagón del 28 de abril, a las que se añadió el informe elaborado por Red Eléctrica, abrían un largo recorrido que pasaría por los tribunales para esclarecer la responsabilidad de la caída de toda la red aquel día. De momento, la formación del comité de crisis del Gobierno que estudió las causas y solicitó información a las compañías está en el Tribunal Supremo.
Y es que el pasado 30 de mayo, antes de que se hicieran públicas las conclusiones de la investigación del Ministerio de Transición Ecológica, Iberdrola acudió al Tribunal Supremo. Allí planteó lo que se conoce como una «explicación normativa». Una consulta para que el Alto Tribunal se posicione sobre la validez jurídica en la que sustanció el Gobierno la creación de su comité y sus diferentes actuaciones, tal y como ha adelantado el diario ‘Público’.
Tal y como ha confirmado este periódico, la eléctrica considera que «no existe una cobertura legal adecuada para las funciones que ha realizado el Comité, ya que se creó por el Consejo de Seguridad Nacional para el ejercicio de funciones en materia de gestión de una crisis sin que se haya declarado la existencia de una situación de interés para la Seguridad Nacional por el Presidente del Gobierno». Una situación en la que entiende que falta la «necesaria cobertura jurídica».
El 17 de junio, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparenció tras el Consejo de Ministros, para presentar el informe. Un analisis de millones de datos que terminó por repartir culpas. Por un lado, reconoció deficiencias en el diseño del plan de operación para el 28 de abril, un cometido de Red Eléctrica. Pero también se responsabilizó a las electricas de no mantener sus centros de generación de acuerdo a lo previsto cayendo en un funcionamiento indebido que contribuyó a la caída de la luz y la no absorción de los picos de tensión que la provocaron.
Iberdrola considera que las actuaciones de este comité, como las solicitudes de información o la personación en las empresas para recabar los datos, podrían quedar en un limbo legal. De tal manera que, en el caso en el que el Supremo dictamine esa falta de cobertura, todo el informe podría quedar sin eficacia. Un giro de tuerca a una situación ya complicada que tiene ahora esa documentación, junto a la elaborada por Red Eléctrica en el supervisor, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Es el organismo presidido por Cani Fernández quien debe fijar un dictamen sobre las responsabilidades antes de abrir la vía judicial.
El choque de acusaciones entre el operador, Red Eléctrica Española, -participada en un 20% por el Estado- y las eléctricas ha elevado la temperatura del sector a niveles desconocidos. La presidenta de REE, Beatriz Corredor, ha insistido en defender su gestión y en acusar a las empresas eléctricas del apagón sin precedentes que vivió España ese 28 de abril. Según la que fuera ex ministra del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, los centros de generación renovable se desacoplaron de forma no prevista, además de que las centrales de soporte -las convencionales de gas, nucleares e hidraúlicas- funcionaron de forma indebida.
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Enlace de origen : Iberdrola cuestiona en el Supremo la legalidad del comité del Gobierno que investigó el apagón
